TENEMOS UN PROBLEMA, SRA. CONSEJERA

Fernando Pellicer Melo *

Por mucho que se pretenda ocultar, aludiendo a peregrinos argumentos, el informe PISA ha vuelto a poner de manifiesto las graves carencias que padecen la educación española y la canaria en particular. Como ya es conocido, este acreditado estudio comparativo, que radiografía la situación educativa de 57 países, otorga a Canarias la mayor tasa de fracaso escolar del Estado español (si exceptuamos Ceuta y Melilla) lo que a su vez, ineludiblemente, se traduce en un bajo índice de población con estudios postobligatorios (ocupamos el puesto 12 de entre un total de 17 autonomías).

La solución de un problema pasa inexcusablemente por su adecuado diagnóstico. Nunca por su ocultación o manipulación como toscamente pretende la Consejería de Educación. Es decir (perdonando la obviedad), resulta imprescindible conocer la magnitud del asunto, en toda su extensión y crudeza, a fin de poder apuntar vías de solución con un mínimo de posibilidades de éxito. Por ello, resulta cuanto menos insólito que la Administración Canaria decidiera no participar en un estudio comparativo, del rigor y prestigio del Informe PISA, aduciendo, entre otras extravagantes razones, su no validez para el caso canario dados “los miles de elementos diferenciadores” existentes en nuestro archipiélago respecto a otros territorios o, aquel otro, aún más propio del nacionalismo bananero que nos ha tocado sufrir, de que “hay cosas que no tiene que venir nadie de fuera a decirnos”. El calibre intelectual de estas afirmaciones creo que hablan por si solas como para merecer mayor comentario. Sin llegar a “sacralizar” este tipo de encuestas, pues no se trata de un estudio global y adecuadamente contextualizado respecto a las diferentes realidades educativas objeto de análisis, sí que hubiera sido conveniente someter al sistema educativo canario a una comparación objetivable, al menos en los parámetros que se plantean en PISA, igual que hace el Gobierno de Canarias, no siempre con el adecuado rigor, respecto a otros aspectos que le preocupan, como por ejemplo, el salario de los docentes canarios.

Para enredar aún más la cuestión, la Sra. Consejera, anuncia una inversión de 235.000 € para realizar su propia y, probablemente complaciente, “Evaluación Diagnóstica” de la Educación Canaria (la ampliación para Canarias del Informe PISA, que la propia Consejería rechazó, hubiera costado 120.000 €). Ello nos recuerda que ya en enero del año 2005, con el Sr. Ruano al frente de la administración educativa, la Consejería de Educación presentó a bombo y platillo el denominado “Diagnóstico del Sistema Educativo no Universitario en Canarias” (ver prensa de 22 de enero de 2005). Un amplio y notable estudio que venía a poner de manifiesto, pese a los evidentes maquillajes, las miserias de nuestro sistema educativo y con el cual, en palabras del actual Consejero de la Presidencia, se pretendía “establecer las soluciones que el sistema educativo canario requiere y que han de servir para elaborar la futura Ley de la Educación en Canarias”. Según el Sr. Ruano, el gobierno elaboraría dicha ley durante el primer trimestre de 2005, “a fin de mejorar los resultados académicos a través de las medidas implementadas en la misma”. Casi tres años después de la presentación de aquel “Diagnóstico” (cuyo coste real sería interesante ahora conocer), las múltiples líneas de trabajo apuntadas han quedado en papel mojado y el borrador de la Ley de Educación Canaria, largamente anunciada y prometida como la panacea de todos nuestros males, sigue durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de la Consejería de Educación.

Pero, soslayando las penosas incapacidades de los últimos gestores educativos, lo significativo ahora es resaltar que, con independencia del estudio que consultemos, resulta innegable la estrecha relación existente entre inversión en materia educativa y tasas de fracaso escolar, o como quizás resulta más adecuado expresar, tasas de fracaso social. No es casual que, con escasas excepciones, indefectiblemente los territorios donde más recursos se colocan a disposición del Sistema Educativo son precisamente los que mejores resultados académicos obtienen. Lógicamente, no sólo estamos ante un problema de inversión, sino, por supuesto, de adecuada administración de aquella, cuestión está aún quizás más difícil de asumir por nuestros actuales responsables educativos a tenor del resultado de su gestión en los últimos quince años. Junto a la inversión, el desfase formativo de las familias, producto del déficit histórico acumulado, se desvela como otro de los elementos medulares del problema (la larga travesía por el desierto cultural de la dictadura sigue pasando factura). Esto hace aún más razonable, la necesidad de realizar un sobreesfuerzo inversor que permita recuperar el terreno perdido o, mejor dicho, nunca conquistado.

Sin embargo, desafortunadamente los datos que conocemos del Ministerio de Educación en materia de inversión, son desoladores. Canarias es la Comunidad Autónoma en la que, durante el periodo 2000-2005, en mayor medida descendió la inversión en materia educativa (un escandaloso casi 14%) lo que nos sitúa en uno de los peores niveles dentro de la Unión Europea y, lo que es aún más penoso, muy por debajo de lo que las graves insuficiencias de nuestro sistema educativo requieren.

No existen recetas fáciles pero, desde luego, la ocultación y el insulto, la soberbia y la testarudez, por no citar directamente la simpleza en los análisis, no parecen ser buenas consejeras a la hora de abordar uno de los problemas más graves que tenemos planteados actualmente en nuestro archipiélago. Muy por el contrario, desde el consenso entre todos los agentes educativos, entre toda la sociedad canaria, es necesario afrontar una política educativa de choque sustentada en el acuerdo social y en un progresivo aumento de la inversión educativa anual, hasta situarnos en torno al 7% del PIB. Ello permitiría avanzar en la mejora de los mecanismos de evaluación continua y formativa de todo el proceso educativo, en la potenciación de la participación de toda la comunidad escolar en la gestión democrática de los centros educativos, en el imprescindible descenso de las ratios de alumnos por profesor, en el aumento de las medidas de atención a la diversidad y la consiguiente individualización de la atención educativa, en la configuración de una oferta de plazas adecuada para el tramo de educación infantil de 0 a 3 años dentro de la red pública, en la estabilización laboral y adecuada formación permanente para todo el profesorado, en una oferta formativa digna para el conjunto de la población, en el impulso decidido a nuestra Formación Profesional y su imbricación con el mundo laboral y, entre otras muchas cuestiones, en la dignificación retributiva de los docentes mediante su justa homologación salarial.

Frente a la crispación y la arrogancia gratuita, el STEC-IC apuesta por el diálogo y el consenso social. Llegados a esta situación, resulta imprescindible trabajar para aunar los esfuerzos de todos los sectores implicados (incluyendo, obviamente, al Gobierno Canario como principal responsable) en la configuración de la necesaria hoja de ruta que nos permita impulsar la Educación Canaria al lugar que le corresponde, al lugar que Canarias y los canarios merecen. Nos va el futuro en ello, Sra. Consejera.

* Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC