Tránsfugas,
cínicos y corruptos
Justo Fernández Rodríguez
En no pocas ocasiones, las actuaciones de
los políticos, sus piruetas estratégicas, contradicciones ideológicas o
incoherencias éticas producen asombro, cabreo,
descontento y, lo que es peor, indiferencia de los ciudadanos hacia la
política. Extrañamente, esta situación, que produce una gran abstención, en
Canarias beneficia precisamente a los políticos menos honestos, fielmente
apoyados por sus "redes clientelares".
Sin embargo, es muy difícil encontrar algún lugar donde el chalaneo, el
cambalache, el transfuguismo, la ruptura de compromisos, el aventurerismo y, en
demasiadas ocasiones, la indignidad política no causen estupor y bochorno en
muchos ciudadanos.
Siempre he considerado que un cargo público tiene derecho a discrepar de la
estrategia o decisiones de las cúpulas dirigentes de su formación política si
contrarían sus más profundas convicciones ideológicas o éticas. Pero en el
sistema español nadie se presenta a título individual. Las listas electorales,
cerradas, van amparadas por las siglas de una formación política determinada,
que decide el orden de presentación de los candidatos, elabora las
reivindicaciones del programa y costea la campaña electoral.
Para ser coherente y mantener una cierta honestidad con los electores que, en
la mayoría de los casos, hubieran elegido la misma papeleta electoral aunque
los nombres de algunos candidatos fueran otros, las discrepancias insalvables
deberían llevar a diputados, senadores, alcaldes o concejales a cesar en sus
cargos y volver a sus actividades anteriores. Sin embargo no todos actúan así.
Una buena parte siempre encuentra razones para no dejar el escaño, mantener el
sillón municipal conservando el sueldo o vendiendo su voto al mejor postor para
una moción de censura a cambio de algunas prebendas, aunque, por supuesto,
siempre pensando en el "interés general" suyo.
Estos tránsfugas son objeto de toda clase de presiones de su partido para que
dejen su cargo y ser sustituidos por otro compañero de la lista electoral por
la que se presentaron. Son acusados de deshonestidad, indecencia o, simplemente
de traidores y desvergonzados, sin que casi nunca varíen las firmes
"convicciones" del desafecto.
Pero si este aspecto de la política resulta deleznable para muchos ciudadanos
engañados, estafados o burlados, no lo es menos que esos mismos dirigentes
políticos que claman contra los tránsfugas no sienten el más mínimo rubor para
aliarse con ellos si fueran necesarios sus apoyos para mantenerse o alcanzar el
Poder.
En algunos casos el cinismo bate récords. Mientras un
determinado partido lanza toda clase de decalificaciones
sobre una formación política que se ha aprovechado de un tránsfuga para
descabalgarla del poder, en otra ciudad, al mismo tiempo, se producen hechos
similares con los papeles de los protagonistas cambiados. En ambos casos
pretenden hacernos creer que lo hacen en beneficio de los ciudadanos.
En los últimos días estamos asistiendo al escándalo montado en Fuerteventura,
por Domingo González Arroyo, que como presidente del PP majorero, con el
respaldo de todos los comités locales, ofreció al PSC apoyar un voto de censura
con sus siete concejales para desalojar a Coalición Canaria de
Pero lo que pretendo resaltar es la desvergüenza de quienes ahora se han
lanzado a criticar y descalificar al PSC por haber permitido esta operación,
cuando muchos recordamos su actitud ante casos similares o, incluso, mucho más
importantes de traición y engaño.
¿Hasta dónde puede llegar la desvergüenza de José
Manuel Soria y otros dirigentes del PP cuando mientras lanzaban amenazas al
presidente de su partido en Fuerteventura e insultaban al secretario general
del PSC, el Partido Popular, en Denia (Alicante) pactaba con un tránsfuga
socialista al que habían ofrecido
Ninguna respuesta de regeneración política por parte de Mariano Rajoy. Solo unos días después de pedir en Baleares que
"se separe a los corruptos del partido", en Valencia catalogaba a
Carlos Fabra, presidente de
¿Dónde estaba Paulino Rivero, Miguel Zerolo, José
Miguel González, Ana Oramas, José Miguel Barragán o José Torres Stinga y demás dirigentes de Coalición Canaria cuando, con
nocturnidad, Manuel Hermoso, vicepresidente del Gobierno encabezado por
Jerónimo Saavedra, le daba garantías de que no iba a presentar una moción de
censura mientras ya estaba entregando la documentación correspondiente en el
Parlamento para favorecer el lanzamiento de Coalición Canaria? ¿Qué opinan de utilizar para poder alcanzar el número de
apoyos necesarios para desbancar a Jerónimo Saavedra, ejemplo de debilidad y
estupidez, en las concesiones a Hermoso y sus adláteres
a dos corruptos con varias condenas firmes, como Dimas Martín y Honorio García
Bravo. ¿Qué opinan de la "extraña" desconexión del fax del Parlamento
para evitar la recepción de uno del Tribunal Supremo advirtiendo que Dimas
Martín no podía votar la moción de censura por haber sido inhabilitado durante
seis años por un delito de cohecho cometido en sus primeros años de alcalde de Teguise. Después, las condenas y encarcelamientos por casos
de corrupción se han sucedido.
Todavía recuerdo el vergonzoso espectáculo que dieron todas las formaciones
políticas (AIC, AHI, CCN, ICAN y Asamblea Majorera) controladas por dirigentes empresariales,
unas más que otras, para llegar a lo que denominaron el "pacto de
hormigón", de Coalición Canaria, del que nunca he logrado saber si tal
denominación se derivaba de la fortaleza de su "cohesión ideológica"
o de su identificación con los intereses de algunos promotores inmobiliarios.
El 22 de noviembre de 1993, en