A propósito de Cho Vito

 

Francisco García-Talavera Casañas

 

Hace más de 20 años publiqué en el periódico EL DÍA, (19-XII-1987) el siguiente artículo titulado "Una Ley de Costas para Canarias":

"Una vez más pudimos comprobar los asistentes a la conferencia-coloquio del director general de Puertos y Costas, señor Palao, y del director del Instituto del Territorio y Urbanismo, señor Menéndez, la ignorancia de la Administración Central hacia los temas canarios. Había gran expectación ante un título tan sugerente: "Las Islas y el Anteproyecto de la Ley de Costas". Comenzó el director general con la proyección de un vídeo-bodrio, de pésima calidad, sobre la incidencia negativa del Urbanismo en el litoral peninsular, ya que de los 25 minutos de duración del vídeo (hubo que repetirlo por mala calidad y en la repetición salió prácticamente igual) con alrededor de un centenar de vistas y tomas de las costas peninsulares, sólo le dedicó un escaso minuto al litoral canario y con unas fotos cochambrosas que ni se sabe de dónde son. Dejando pasar esto, y esperando que los señores conferenciantes a lo largo de sus intervenciones clarificaran un poco el tema y se centraran en la problemática canaria, cuál fue mi asombro al comprobar que lo único que hicieron fue echarse flores, alabando las excelencias de la nueva ley, hoy proyecto, y aludiendo a Canarias desde una postura defensiva sobre las objeciones formuladas al anteproyecto de ley.

A estas alturas ya comenzaba a darme cuenta de que estos señores, como tantos otros políticos de la Administración Central, habían venido a calmar los ánimos de los cuatro contestatarios ignorantes que habitamos estas "maravillosas Islas en donde conservamos muy buenos amigos", etc., etc. Por fin llegó el coloquio y aún conservaba alguna esperanza de que de una vez se comentarían razones de peso que dejaran la realidad canaria en su sitio. No fue así. Salvo algunas intervenciones, sobre todo por parte de empresarios, en las que efectivamente se criticó el proyecto de ley y la baja calidad de la conferencia-vídeo-bodrio anteriormente expuesta, ciertas críticas puntuales y alguna que otra alabanza, no se pusieron las cartas boca arriba.

Concluían el coloquio, aduciendo los señores políticos causas de fuerza mayor (tenían que coger el avión a las 11 y cuarto y eran las 10) que les impedían continuar. Mi desasosiego era tan grande que aproveché el oportuno momento, cuando dijeron si alguien más quería intervenir, para formular la siguiente pregunta: "¿Se ha tenido en cuenta la doble especificidad canaria a la hora de elaborar el anteproyecto de ley? Ya que si por un lado somos un territorio insular limitado, a ello hay que añadir su naturaleza volcánica. Todo eso conlleva el que la geomorfología de nuestras costas sea muy diferente a las continentales, con escasez de plataformas y de zonas abiertas, terrenos ganados al mar, etc. Poniendo como ejemplo la isla de La Gomera, en donde la práctica totalidad de su costa es acantilada, ¿cómo se pueden aplicar los mismos criterios que para las costas peninsulares, en las que se establece una zona de dominio público hasta los 100 metros de litoral?". El señor Palao respondió, algo sorprendido por la pregunta, que efectivamente la ley había sido elaborada desde Madrid y desde una perspectiva general, pero que soportaba excepciones para cierto tipo de costas y que, por ejemplo, ya Cantabria había puesto sus límites excepcionales. También dijo que en las costas acantiladas la franja de dominio público era "prácticamente nula" y que había que definir exactamente lo que es un acantilado... En resumen, quedé convencido de dos cosas: que se habían acordado muy poco de Canarias al elaborar la ley y de la necesidad que tenemos de una plena autonomía. Pensé en formularle una segunda pregunta, relacionada con la anterior, pero por respeto a la concurrencia, dado lo avanzado de la hora, no lo hice. Esta era la pregunta: "Siguiendo con el ejemplo de La Gomera, ¿cómo queda el tema de las aguas interiores de esta isla tras el nuevo ordenamiento jurídico?". Pues todos sabemos que en la ley vigente, con la absurda y disparatada medida de líneas de base recta, La Gomera se queda sin aguas interiores, con todas las repercusiones socio-económicas que eso implica. Lo mismo sucede con amplias zonas en las restantes Islas. Así estamos ahora.

En mi opinión, esta ley es de tanta transcendencia o más para Canarias que la célebre Ley de Aguas. En ella se ven implicados tres de los sectores más importantes para nuestras Islas: el turismo, la pesca y la ordenación del territorio y medio ambiente.

Aunque se trate de competencias de ámbito estatal (también lo era la Ley de Aguas) aquí se presentan excepciones y singularidades de tanta importancia que merecen ser tenidas en cuenta. Defendamos nuestras costas y nuestras aguas. Dejemos bien claro de una vez por todas quiénes somos y dónde vivimos. Que no nos tomen más el pelo. Pasemos de las protestas y críticas a las propuestas y alternativas. Señores políticos locales (muchos asistieron a la conferencia-coloquio). ustedes tienen la palabra. "El pueblo dirá la última".

Como vemos, han transcurrido 20 años y muy poco ha cambiado en esta colonia.