COMO NOS ROBARON LOS BARCOS PESQUEROS (II)

Antonio Rodríguez de León *

Antes de introducirme en la Ley de Pesca que Certificó el proceso del final de la flota pesquera canaria de arrastre, debo de recordar los antecedentes por el cual se tenía que legislar la reconversión de los barcos canarios, que en su inmensa mayoría tenían en esos momentos más de 20 años. A principios de los años 60, España reconvertía los barcos de madera que conservaban la pesca con hielo, por otros de acero con tecnología de congelación. Como siempre, Canarias iban a la cola con respecto a los puertos peninsulares, sobre todo a los vascos y gallegos.

Los armadores españoles afincados en Canarias desde 1940, empezaban a reconvertir sus barcos, también surgieron empresas autóctonas procedente de la pesca artesanal, que agrupaban un grupo de barcos viejos, para construir un barco congelador. Así surgieron varias cooperativas de pescadores, me voy a referir a la que podía ser la que liderara una nueva flota pesquera verdaderamente autóctona, como fue la conejera con una serie de grandes congeladores, que a pesar de ser los que mas pescaban, lo llevaron a la quiebra en un tiempo récord, se les conocían por los nombres del Archipiélago chinijo. También se crearon cooperativas que llevaban por nombre de municipios y de playas de la Isla de Gran Canaria. Estas aguantaron algunos años más. Todos los barcos congeladores autóctonos y de armadores españoles radicados en Canarias, fueron tragados en su mayoría, por un pequeño armador que en ese entonces era insignificante.

En 1964 llegaron a Canarias, grandes congeladores de Galicia, (Pescanova) de Cádiz, (Diego Grimaldi) y de Huelva, (Álvarez Entrena), a todo esto, también, dos pequeños barcos pertenecientes a la empresa Manuel Freire, como empresa base Gallega. Durante los años de 1970 a 1975, sucedieron acontecimientos increíbles de entender en aquellos tiempos. Empezaron por infiltrarse en la Agrupación de Pescadores Canarios (AGRUPESCA), con peso específico de empresas españolas llegadas antes de la II Guerra mundial, como Montenegro, Ojeda, Rocar, Santo Domingo y otras de menor importancia como Agasa o Industrias del Mar. Se hicieron dueño de la Asociación Canaria de Pescadores, hasta confluirla dentro de Anacef.

El control de la exportación de cefalópodos al Japón estaba en poder de Pescanova, con 80 barcos al fresco (hielo), que había alquilado a armadores del norte de España, para transbordar la pesca a barcos nodrizas en la Sarga, (entrada a Villa Cisneros). Hay que decir que la licencia de exportación al Japón era de titularidad de Lloret y Llinares, pero Pescanova era el poder del entonces gobierno. A cambio, en 1964, le construyeron a Lloret y Llinares, una fábrica de elaboración de pesca artesanal en Mauritania, que los canarios afincados en Port Ettienne (Mauritania), venían desarrollando en las pontonas fondeadas frente al barrio “la charca”, junto al puerto. Era una empresa mixta hispana-mauritana “IMAPEC”. Fue el inicio del éxodo de los canarios, que se vieron obligados a vender la pesca a dicha empresa, a precios irrisorios.

En la charca vivían desde 1890, mas de mil familias canarias, en su mayoría de Lanzarote y la Graciosa. Desde la charca abastecía a los pescadores, y en su descanso en dicho barrio canario, además de su casa, con mujer e hijos, existía toda clase de comercios, bares, tiendas de comestibles, de ropa y zapatos, costureras, zapateros, barberos y toda clase de servicios a la comunidad canaria. A principios de 1974, altos políticos canarios, dentro del régimen franquista, tenía conocimiento, por donde iban las negociaciones de la descolonización del Sahara. Sabían de primera mano, que se entregaría a saharauis pro-españolístas, pero nunca lo entregarían al grupo independentista del Frente Polisario.

En cuestión de dos a tres meses antes de la firma del acuerdo tripartito del 14 de noviembre de 1975, los armadores de toda España, tenían conocimiento de que los barcos con base en Canarias, iban a pescar sin canon durante 20 años. Se puede comprobar en el registro de matriculaciones del puerto de Las Palmas, que entre septiembre de 1975 y marzo de 1976, se matricularon en Las Palmas, alrededor de 200 barcos congeladores, de todas las partes de España, incluso 2 barcos procedentes de Barcelona. Esa fue la causa para que Marruecos eliminara la cláusula de los 20 años. Todos esos barcos adquirieron la base canaria. Tanto Marruecos como Mauritania, exigieron a España la lista de barcos solicitantes de licencias al norte o al sur del paralelo 24. Al norte solo pidieron licencias los barcos sardinales de Lanzarote y al sur toda la flota congeladora asociada a ANACEF. Eso duró hasta que Mauritania se retiró, y en España en vez de administrar dicha zona, dejó que Marruecos la ocupara con otra ilegalidad como ocupó la zona norte.

Se agravaron los problemas pesqueros de antaño con Marruecos, al mismo tiempo que se elaboraba la Ley de Pesca para Canarias. Esos problemas conllevaban a que los armadores querían compensaciones económicas para el desguace de sus barcos. Como quiera que nadie sabía el contenido de la Ley de Pesca para Canarias, (excepto un privilegiado). El ponente de dicha Ley, era canario, con un alto cargo en el gobierno de UCD.

Años más tarde, allá por 1976-77, en plena crisis pesquera, causada por la inseguridad en los caladeros, alguien echó un globo en que decía que en la Guinea Ecuatorial, había un rico caladero de gambas. Allí fue la empresa Diego Grimaldi, y allí se inició la desaparición de su empresa, quedando detenido por mucho tiempo sin poder salir de dicho territorio.

La Ley 71/78, de Pesca para Canarias, terminó por desalojar a los 80 barcos alquilados de Pesca nova, y a pesar de haber creado la división de empresa, con una nueva Pesca nova División Canaria, con sede en la calle Pedro del Castillo W. La Pesca nova gallega tenía sede en Galicia, con oficinas en el edificio Puerto. Esa estrategia se la cargó el Ponente de la Ley de Pesca, pues había previsto, que para acogerse a dicha Ley, primero tenía que ser empresa con sede en Canarias y que los barcos estuviesen inscritos en puertos canarios. Y los beneficios económicos, se valoraban por toneladas de registro bruto (TRB), de cada barco.

La maniobra para quedarse con la propiedad de la mayoría de barcos, como consecuencia de la inseguridad en el caladero canario-sahariano, surgió en primer lugar, cambiar la base y el nombre de la empresa del lugar de origen a Canarias. Así procedió la empresa gallega Manuel Freire, que el 24 de abril de 1974, registró en Las Palmas la empresa Freiremar S.A., con un capital de 4 millones de pesetas.

Conseguido el primer argumento de ley, pasó el puerto base de sus dos barcos al puerto de Las Palmas. El segundo argumento que solo el como armador conocía, firmó contratos de opción de compra, a precios para no despreciar, a los desesperados armadores canarios y españoles. Con estas ofertas de opción de compra, se quedó con el 90% del TRB canario.

Está claro que con 4 millones no podría comprar la cantidad de barcos que firmaba en opción de compra. Para eso estaban sus amigos canarios de la alta política canaria, para que los bancos avalaran los contratos firmados.

Entra en vigor la Ley 71/78 de Pesca para Canarias, y entrega los TRB para la reconversión de la flota pesquera canaria, junto con proyectos para la comercialización y política de créditos especiales y su participación en el proceso negociador con la entonces C.E.E. para la integración del sector pesquero canario, así como con Marruecos y Mauritania. Todo estaba atado muy bien atado. Ya en marcha con todo el poder de una empresa canaria, pone en marcha una ambición más amplia, adentrarse con personal técnico de confianza propia en el gobierno canario. Así fue como desde Anacef ofertaron a sus amigos políticos canarios la creación de una empresa pública que trabajaran en puertos de la África continental, al objeto de favorecer los servicios a los barcos asociados a Anacef. Para mayor seguridad, el primer presidente de Proexca, salió del empleo de secretario de Fontán.

Hoy dicho personaje, tiene el apoyo del gobierno de Canarias para ser interlocutor de los intereses de Canarias en África. Así nos luce el pelo.

En la década 1990-2000, Anacef nos la metía doblada a los canarios, apoyados por la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y la Federación de Consignatarios.

Primero, decían que se llevarían los barcos a puertos gallegos (1992), como consecuencia de la carestía por descargas, mientras ocultaban sus intenciones, que era conseguir para las empresas de cefalópodos la actividad exportadora desde puertos canarios, y con ello, al pago de menos impuestos, aplicándosele una rebaja 50%, que en esos momentos se estaba tramitando en Madrid, la reforma de la Ley del REF económico. ¿Casualidad?

Segundo, cuando Marruecos paralizó el acuerdo pesquero en marzo de 1994, para hacerlo coincidir con el Tratado de Asociación donde entraban los tomates, Anacef mostró silencio absoluto, no decía ni pío. Estaban negociando entre bambalinas con Marruecos y Bruselas. Cuando se acercaba la fecha de negociar los tomates, noviembre del mismo año, empezaron a salir públicamente para declarar falsamente que no aceptarían la firma del acuerdo pesquero (1995-1999), si Marruecos obligaba a sus barcos a descargar en Marruecos.

Anacef sabía perfectamente que era el último acuerdo pesquero para barcos con bandera española, el siguiente sería con empresas mixtas en barcos con bandera marroquí. La experiencia anteriores de empresas mixtas que Anacef había establecido con Marruecos habían sido un fracaso, y es que la Constitución aluita, no permite que empresas extranjeras puedan poseer mas del 49% del capital. La mala experiencia de los años 80, fue que Anacef se buscaba un socio testaferro marroquí, para que cubriera el 51%, pensando que el negocio era suyo al 100%. La mala experiencia fue que el socio testaferro, se quedó con el barco, dejando deudas astronómicas en empresas portuarias en Las Palmas. La verdadera razón de Anacef era que la Unión Europea obligara a Marruecos para que Anacef accediera a las empresas mixtas sin la obligación de un socio marroquí, también que les permitiera las transferencias bancarias, sin las largas demoras exigidas por las entidades bancarias de Marruecos y que la estadía de las descargas en puertos marroquíes no fuera más de 12 horas, o que les permitiera realizar los transbordo en alta mar, bajo la inspección de un funcionario marroquí. A la UE les decía, si ustedes consiguen doblegar a Marruecos para que reforme la Constitución. Anacef aceptaría el Acuerdo de Asociación sobre el tomate, y no se opondría a la firma del Acuerdo de Pesca. ¿Ó, fue coincidencia?

A Marruecos les decía, presionen a la UE al máximo, que nosotros les garantizamos la firma del Acuerdo de Asociación. Estaba cantado, Anacef negociaba a dos bandas, siempre ha sido así, y seguirá, mientras tenga controlada la empresa pública Proexca, bajo el control del director del gobierno canario para África.

Manuel Freire Veiga, fue premiado en 1990, como mejor empresario canario, presumía de haber sido el descubridor de la exportación de cefalópodos al Japón, y no es así. Cuando llegó a Canarias en 1966, ya desde Canarias se exportaba al Japón, primero con licencia de Lloret y Llinares, luego con licencia de Pescanova. Se acabó en 1999 el último acuerdo de pesca, del que Anacef era consciente, y en menos de un año desaparecieron los barcos de la flota congeladora canaria del Puerto de Las Palmas. Siguen siendo los dueños de los cefalópodos del Sahara.

Aquí seguirán exprimiendo la economía pesquera de Canarias porque siguen teniendo en su poder el 90% del tonelaje de registro bruto, concepto para recibir las ayudas al sector canario.

No le reprocho nada a Anacef ni a Freiremar, otros lo hubiesen echo igual. El escándalo ha sido provocado por políticos y empresarios canarios.

En Las Palmas de Gran Canaria a, 25 de octubre de 2008

* Presidente de la Plataforma por el Mar Canario