La crisis y los sindicatos

Justo Fernández Rodríguez

Han sido numerosos los compañeros, amigos e, incluso, enemigos políticos que me han preguntado, con indisimulado tono irónico, qué están haciendo los sindicatos para evitar o aminorar los efectos de la crisis financiero-económica, que afecta a una gran mayoría de ciudadanos de la mayor parte del mundo, especialmente a las clases trabajadoras y con consecuencias inadmisibles para los cientos de millones de personas, que soportan una situación de desempleo y pobreza severa. Confieso que, alguna vez, me he hecho la misma pregunta, especialmente en Canarias, donde la proliferación de sindicatos y su falta de unidad colaboran, me imagino que sin quererlo, con los intereses de los sectores empresariales que controlan un gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, supeditado a sus intereses. No puedo entender cómo se puede soportar, sin hacer nada, que la clase trabajadora y los ciudadanos con menor poder adquisitivo tengan que soportar la peor política socioeconómica de todo el territorio (salarios, precios, pensiones, precariedad laboral, despido o siniestrabilidad) conocido como España y los mayores índices de tráfico de influencias, favoritismo, amiguismo y corrupción.

En Sevilla, en mayo de 2007, el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) denunciaba el "capitalismo de casino, de beneficios inmediatos", exigiendo a los gobiernos combatirlo con impuestos, regulación y participación de los trabajadores. La pasividad cómplice y la ausencia de respuestas por parte de los gobiernos de los países más desarrollados y las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, Naciones Unidas y todos los G-5, G-7 y G-20 que, en teoría, deberían haber ejercido una función de control, denuncia y corrección de los abusos e irregularidades de un sector financiero demasiado poderoso, que ha gozado de la complicidad de algunos gobiernos, especialmente el de EE.UU., permitiendo la avaricia e irresponsabilidad en la actuación de Wall Street, han dado lugar a una crisis financiera que comienza a afectar a la economía real y a la situación de miles de millones de ciudadanos de todo el mundo.

La recesión económica, relacionada con la crisis financiera creada en EE.UU., está ocasionando un incremento inadmisible del desempleo y agravará los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para avanzar hacia un trabajo decente. La Comisión Europea, a principios de octubre, reclamó a EE.UU. su deber de "asumir su responsabilidad". El Banco Mundial, sin reconocer su responsabilidad en la situación actual, advierte que, lejos de los 985 millones de personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza estimados en 2004, ahora la cifra alcanzará los 1.400 millones de personas. Parece evidente que ninguno de los países en desarrollo y la mayoría de los desarrollados podrán alcanzar los Objetivos del Milenio de reducir la pobreza a la mitad, si no se aumentan los 34.800 millones de euros destinados a ello. Lejos de aumentarse, la mayoría de los países comprometidos ni siquiera han cumplido los compromisos adquiridos.

El Fondo Monetario Internacional, (FMI), uno de los principales responsables de la actual situación, por dejación de sus funciones, anuncia que las economías avanzadas sufrirán, en 2009, la primera caída global del Producto Interior Bruto (PIB) desde la Segunda Guerra Mundial, anunciando, al mismo tiempo, un recorte de siete décimas en la actividad económica española. Guy Rider, secretario general de la Confederación de Sindicatos Internacionales (CSI), advertía que "sería inaceptable que el sector financiero privado, que es el responsable de la situación catastrófica en la que se encuentra actualmente la economía mundial, pudiera tener una mayor influencia en la formulación de las nuevas disposiciones reglamentarias que los que sufren las consecuencias de una deficiente reglamentación, preconizada por las instituciones privadas".

Los sindicatos han tenido que rebajar su cólera e indignación ante la decisión del Gobierno Bush de utilizar los impuestos de los trabajadores para financiar los resultados de la irresponsabilidad, los abusos y la codicia de quienes, con su complicidad, han llevado a los mercados financieros mundiales al borde del colapso y han provocado una recesión que se extiende por todos los rincones del mundo.

Las organizaciones sindicales no pueden ser cómplices de la creación de profundas y cada vez mayores desigualdades. Tienen que presionar a los gobiernos para reconectarse con la realidad de las vidas de las familias trabajadoras, intentando liderar las respuestas que estas exigen de todos los estamentos nacionales e internacionales.

Es preciso luchar, con una acción internacional concertada, para estimular el empleo y el crecimiento, brindando asistencia a las víctimas, pero sin recompensar a sus responsables. Hace falta corregir los desequilibrios que han ocasionado una caída o estancamiento de los salarios reales, mientras el capital cosechaba beneficios récord.

Como ha manifestado la CES, "este capitalismo, liberado de regulaciones serias desde hace 25 años, especialmente en EE.UU., ha sido utilizado como modelo a seguir por el resto del mundo. Ha dominado a la mayoría, mientras la explotaba para beneficio de una minoría, después de años de exaltación de la privatización, la desregulación y los mercados sin control. Ahora sus excesos lo han llevado cerca de la ruina, lo que amenaza la economía real. Tenemos que ser absolutamente claros. Esta crisis ha sido causada por la avaricia y la imprudencia de Wall Street, Londres y otros centros financieros importantes. Los altos ejecutivos promovieron una enorme especulación, mediante inversiones que ellos sabían que estaban contaminadas. Los perdedores son muchos e incluyen a los trabajadores de la industria, empresas de inversión de capitales y todos, como contribuyentes, a la salvación de los bancos... Costará años recuperar el dinero, incluso si gestionamos bien el modo de hacerlo, por lo que nuestra capacidad futura de construir y mantener servicios públicos está siendo amenazada. La CES hace un llamamiento a luchar, en Europa, por los derechos de los trabajadores, por salarios decentes y justos, por empleos estables y por prácticas fuertes de negociación colectiva, independiente y no subordinada a los tribunales de justicia y jueces".

En España, los sindicatos tienen que estar preparados para impedir que, aprovechando la situación actual, las organizaciones empresariales consigan las reivindicaciones que vienen haciendo al Gobierno, adecuación de los salarios a la productividad, mayores controles del absentismo e incrementar las facilidades para un despido más barato. Estoy de acuerdo con José María Fidalgo. El abaratamiento del despido no crea empleo.