Cumbre, masacre y corrupción

 

Justo Fernández Rodríguez

 

Mientras la atención del mundo se instala, en Washington, para saber qué ocurre en la Conferencia del G-20 + ZP, en el Congo, tropas del Ejército congoleño, atacan pueblos, saquean miles de hogares, violando a centenares de mujeres y niñas. Más de cien mil refugiados quedan atrapados, detrás de las líneas rebeldes, sin alimentos, en situación desesperada. Los niños, separados de sus familias, en la huida, se convierten en las víctimas más vulnerables para los grupos armados, sin que la ONU haga nada para evitarlo.


Al mismo tiempo, en España, Amnistía Internacional critica los impedimentos que se están poniendo a la investigación de las desapariciones y crímenes del franquismo, en la guerra y en la paz. Los graves crímenes contra la humanidad, cometidos por el fascismo y la dictadura franquista, no pueden ocultarse bajo un dilema moral ni un principio ético. "Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España". Solo países como Mozambique o Camboya han adoptado medidas contra la reparación de los crímenes cometidos por dictadores antidemocráticos.


Cada día, muchos ciudadanos, con indignación y, lo que es peor, con cierta indiferencia, son testigos del aumento de la corrupción en España, especialmente si residen en Alicante, Madrid, Murcia, Castellón o Canarias. Nepotismo, fraude, malversación, soborno, pago de comisiones, tráfico de influencias, amiguismo, información privilegiada, recalificaciones ilegales de terrenos rústicos en urbanizables, constituyen un gran escándalo político, social y moral, con grave repercusión en la economía, ante los que la Justicia, inexplicablemente, parece querer eternizar, sin llegar a condenar a los responsables más importantes de tal situación, cargos públicos o empresarios.


En Canarias, donde algunos jueces y fiscales consideran que han aumentado los delitos económicos y el fraude, se han convocado las I Jornadas de Delincuencia Económica de Canarias, para los próximos días 20 y 21, en Gran Canaria, a la que asistirán más de un centenar de especialistas, jueces, fiscales, auditores, asesores fiscales, economistas, mercantilistas y empresarios. Habrá que estar atentos a sus debates y conclusiones. ¿Servirán para finalizar los procesos eternos de Tindaya, el Icfem o Las Teresitas?


La fecha de publicación de este artículo me impide conocer lo sucedido en la reunión del denominado G-20 +ZP, que preside George Bush, con el poder recortado por el resultado de las elecciones recientes y principal responsable de la crisis financiera y la posterior crisis económica, que abarca a la mayoría de los países, desarrollados o en desarrollo, de todo el mundo.


Sin miedo a sorpresas de última hora, poco puede esperarse de una reunión así: saludos, cena, pocas horas para el debate y escasa capacidad de decisión de sus asistentes, mientras la recesión se enseñorea con las principales economías de la Unión Europea, EE.UU. y Japón.


La pesada herencia política, social y económica de Bush, con sus cómplices de las Azores, Aznar y Blair, premiados con sueldos multimillonarios por Murdoch, el patrocinador mediático de la invasión ilegal de Irak, y sus manifestaciones advirtiendo que se opondrá a reformas que puedan afectar al núcleo duro del sistema capitalista, que nos ha conducido, junto a gobernantes cómplices, leyes tibias y banqueros corruptos, a la actual situación de crisis financiera y económica, hacen perder cualquier esperanza.


Según Bush, "la crisis no es un fracaso del libre mercado y la solución no está en reinventar ese sistema". Reconoció que la recuperación no será fácil, ni pronta y que todavía habrá tiempos difíciles que enfrentar, pero consideró que "el capitalismo sigue siendo la respuesta". "Sería un grave error dejar que unas semanas de crisis socaven sesenta años de éxitos". "El capitalismo es la autopista del sueño americano".


En las últimas tres décadas, a los gobiernos les ha resultado muy fácil desentenderse de su propio papel en la regulación de los mercados financieros y para que las multinacionales cumplan las normas internacionales respecto a los derechos de los trabajadores. Ahora, es imprescindible una acción coordinada para restaurar una regulación adecuada que haga que los mercados estén al servicio de los ciudadanos. El resultado de las elecciones en EE.UU. es fiel reflejo de un rechazo, a escala mundial, de la ideología fundamentalista de derechas que ha propiciado que un grupo de personas sean inmensamente ricas, mientras crecen las desigualdades y la inseguridad económica, el desarrollo se ha paralizado y crecen las desigualdades y la inseguridad económica. Hoy mismo he recibido de Ginebra la denominada "Declaración de Washington", de la agrupación Global Unions. Es un plan que todos los sindicatos de los países del G-20 han presentado en la cumbre sobre la crisis financiera y de la que resumo algunos de sus planteamientos. Los sindicatos plantean una serie de acciones urgentes para evitar la perspectiva de una profunda recesión global de larga duración, para dejar atrás décadas de políticas de desregulación, causa de la actual crisis.


Se requiere una acción inmediata para impulsar la economía mundial e incitar la creación de empleo. Los gobiernos deben estar preparados para realizar, de manera coordinada, mayores reducciones de los tipos de interés y para incrementar la inversión en infraestructuras, educación y sanidad a fin de estimular el crecimiento de la demanda y reforzar los servicios públicos. Esto debe ir acompañado de medidas fiscales y de gasto social para apoyar el poder adquisitivo de los sectores con ingresos más bajos. Entre el paquete de medidas figuran: 1) Mejor rendimiento de cuentas por parte de los bancos centrales. 2) Regulación estricta de los fondos especulativos de capital riesgo. 3) Reforma y control de los salarios de ejecutivos y de la distribución de beneficios. 4) Impuesto a las transacciones financieras internacionales. 5) Reforma de las agencias de calificación crediticia. 6) Terminar con los paraísos fiscales. 7) Protección frente a los préstamos abusivos. Y 8) Políticas activas de vivienda y servicios financieros basados en la comunidad.


La Declaración de Washington hace un llamamiento sobre la suerte de los países más pobres, donde el impacto de la crisis global tendrá mayores consecuencias negativas. Pide a los países más ricos que cumplan las metas internacionales sobre ayuda al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, instando a una actuación decidida para garantizar que los artículos de primera necesidad, especialmente los alimentos, resulten abordables por las economías de los más pobres.


El movimiento sindical ha venido denunciando, reiteradamente, la creciente divergencia existente entre los mercados financieros desregulados e incontrolables, por un lado, y las necesidades de financiar la economía real para mantener el empleo. Según la OCDE, la arquitectura financiera internacional debe juzgarse por su capacidad para "mantener la estabilidad financiera, velando por la solvencia de los participantes en el mercado" y garantizar mercados financieros eficaces para los intereses generales. En los últimos meses, ha quedado evidenciado que el sistema, prostituido por intereses económicos y políticos, no ha sido capaz de cumplir esos objetivos. En cualquier caso, no podemos estar confiados en los resultados y objetivos de la reunión del G-20+ ZP.