El 26 de noviembre pasado se creó en Brasil la "Red Latinoamericana de los
Ministerios Públicos Ambientales". El objetivo es generar un espacio de interconsultas para reforzar las líneas de investigación en
las causas ambientales y defender a los fiscales ante las presiones políticas.
"Todos sabemos que los gobiernos, especialmente en materia ambiental, no
son muy proclives a la protección. Por el contrario, generalmente muestran
favorecer la producción por encima de la protección ambiental", señaló el
fiscal general federal Antonio Gómez, quien junto al fiscal federal Emilio
Ferrer, representa a
Para intercambiar experiencias que ayuden a reforzar las líneas de
investigación de los delitos ambientales y generar un escudo de protección en
caso de que existan presiones políticas o judiciales que puedan afectar el
curso de las causas, un grupo de fiscales federales de Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay, Uruguay y Perú creó la "Red Latinoamericana de los
Ministerios Públicos Ambientales".
En el caso de Argentina, fueron nombrados representantes del país el fiscal
general federal Antonio Gustavo Gómez y el fiscal federal Nº
1 de Tucumán, Emilio Ferrer. Ambos, junto a la fiscal federal Milagros Squiru (a cargo de la causa Botnia) y al fiscal federal
ante
"Uno de los grandes problemas en Latinoamérica para proteger el medio
ambiente es la poca implementación de la ley ambiental que en muchos países es
de avanzada y moderna en previsión de punición a los infractores, pero no es
efectivamente implementada", alertaron en el primer documento que difundió
la red latinoamericana.
"Los daños ambientales no reconocen fronteras político-administrativas y
siempre ocurre que daños ocurridos en una municipalidad, departamento o país
tienen interferencia en otros países y por ello es importante la articulación
de los integrantes del Ministerio Público en cada localidad dentro de sus
atribuciones legales", agregaron.
En su nuevo rol de representante argentino en la red latinoamericana de los
Ministerios Públicos Fiscales, primerafuente dialogó
en estos términos con el fiscal general federal Antonio Gómez:
-¿Cómo surgió la iniciativa de conformar una red de fiscales ambientales?
-Surgió como una iniciativa de fiscales federales de América del Sur y después
de Latinoamérica para consultar entre nosotros las distintas técnicas de
investigación y de trabajo a los efectos de la protección de Medio Ambiente. No
estamos bajo ninguna estructura gubernamental ni de organismos internacionales.
-¿ Qué garantiza que la red funcione fuera de toda
estructura de gobierno?
- Garantiza una mayor independencia del Ministerio Público. En el marco de
nuestras consultas y trabajos comunes no tenemos ningún tipo de presión ni de
intervención de algún funcionario, ni alguna orientación determinada.
¿Esto permitirá de alguna manera fortalecer las líneas investigativas de las
causas ambientales?
Sí, porque estamos en permanente consulta. Brasil, por ejemplo, tiene muchas
condenas por delitos ambientales y nuestro país tiene que aprender mucho de
eso. Es un país más avanzado porque tiene una problemática mayor que la
nuestra, como la destrucción del Amazonas. En el caso de Chile, tiene un
Ministerio Público con una estructura más eficiente que la de Argentina. Allí,
los juicios por delitos in fraganti se juzgan en 24 o 48 horas, y ninguna
investigación puede durar más de un año, generalmente los casos son resueltos
en seis meses.
- ¿Y cuál es la situación en Argentina?
- Existen muchos problemas, menos de los que pueda tener Brasil pero más de los
que registren Paraguay o Uruguay, por ejemplo. La manera de resolverlos pasa
por la aplicación de la ley penal ambiental que es lo más difícil de aplicar.
-Dentro de esta red de fiscales federales, ¿cómo se evalúa la influencia del
poder político en la investigación de los delitos ambientales?
-Justamente para no tener influencia de ningún poder político es que formamos
la red. Todos sabemos que los gobiernos, especialmente en materia ambiental, no
son muy proclives a la protección. Por el contrario, generalmente muestran favorecer
la producción por encima de la protección ambiental. Y eso tiene su influencia
dentro de las investigaciones de los fiscales. La red está dirigida a que los
fiscales tengamos un soporte en caso de que la estructura nos pueda afectar de
alguna manera. Buscamos un nivel de interconsultas de
casos que se puedan dar en Tucumán, por ejemplo, y pueden haber replicado antes
en otro país. Y el modo de solución puede ser imitado. Buscamos cambiar
experiencias porque hay muchos lugares donde los caminos ya fueron andados.
¿Dentro del grupo de los países de la red, Argentina en qué lugar se ubica?
Argentina está a la mitad de la tabla. Hay países como Chile y Uruguay, por
ejemplo, que no tienen leyes penales ambientales, y otros que sí lo tienen como
Brasil y Paraguay.
- ¿Qué hace falta para mejorar la investigación de las causas ambiéntales?
-No creo que se deba poner énfasis en la cantidad de fiscales ambientales por
jurisdicción territorial sino, como se hace en Brasil, se debería trabajar en
función de áreas de contaminación. Por ejemplo, la cuenca del Río Salí llega
hasta Mar Chiquita, entonces tendría que existir un cuerpo de fiscales que se
dedique a investigar en equipo los delitos de toda la contaminación de la
cuenca que llega hasta Córdoba, sin límites interjurisdiccionales.
La creación de fiscales de cuenca es un ejemplo a imitar.
Empieza a tomar forma
El proyecto de crear
En la lista de países adheridos ya figura Argentina y ahora se espera la
concreción de la firma de los gobiernos para dar lugar a la creación del
organismo intergubernamental. Entre los impulsores del proyecto figuran los
Premios Nobel por
"Los problemas que derivan de la alteración de los recursos naturales han
amenazado a la salud humana por toda la historia. Sin embargo, a lo largo de los
siglos, la relación entre hombre y naturaleza se ha manifestado como una
relación de mutua agresión, donde a la agresión, a menudo dolosa, del hombre,
la naturaleza ha respondido devolviendo al ambiente su consiguiente carga de
venenos", reza el preámbulo de la iniciativa que se difundió en el marco
del llamado de apoyo mundial. "Invitamos a todos los ciudadanos de nuestra
Madre Tierra a contribuir positivamente a la realización de este proyecto, que
se propone defender el medio ambiente para que sea considerado Patrimonio Común
de
Según el proyecto, cualquiera que haya causado intencionalmente daños
ambientales deberá ser juzgado por esta Corte a fin de proporcionar una
protección concreta del medio ambiente mediante sanciones efectivas,
proporcionales y disuasivas.
Original: PRIMERA
FUENTE