Luis Roldán

 

Luis Ortega

 

A bombo y platillo, se anunció la comparecencia televisiva del preso más famoso de España. condenado a treinta y un años de cárcel por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa; y para rentabilizar el pago de cincuenta mil euros se programó en la hora reina de la casquería, la noche del viernes, cuando nutridos de callos y vísceras, los espectadores entran en el sabroso fin de semana. Administraron la primicia la pertinaz María Teresa Campos, que, batida en retirada, busca nuevas cuotas de popularidad, y cuatro periodistas de diverso pelaje y similar estilo que, para gozo de parroquias, presentes y virtuales, pusieron al invitado a caer de un burro, mientras los mensajes se repartieron entre insultos al reo, consignas partidarias, declaraciones y reconciliaciones amorosas.

 

Precedida de un documental, que relató el escándalo y el epílogo del último gobierno socialista de González, ni la Campos, ni Manuel Cerdán, ex director de Interviú, ni María Antonia Iglesias, ex directora de Informativos de TVE, ni José Macca, uno de los primeros que habló del caso en 1993, ni Miguel Ángel Rodríguez, aflautado portavoz del primer gobierno del PP, sacaron a Luis Roldán Ibáñez (1949) de su guión y sus casillas; aguantó impertérrito el chaparrón y confirmó hechos probados: la apropiación de 435 millones de las viejas pesetas, destinados a fondos reservados, mediante el sistema de los sobresueldos, y otros 1.800 por las comisiones de obras que, según dijo sin empacho, pagaron las empresas adjudicatarias de proyectos en dependencias de la Guardia Civil, que dirigió desde noviembre de 1986 a diciembre de 1993.

 

Como era previsible ni tiró de la manta, su amenaza en todas las declaraciones tras el escándalo, ni dijo nada nuevo. El destino del suculento botín sigue en un limbo compartido con Francisco Paesa -otro pájaro de cuidado- a la espera de cumplir los dos años de régimen abierto que le quedan; expresó el tal Roldán, un ladrón convicto y procaz, que su aparición obedecía a su deseo de pedir perdón a la ciudadanía y a la institución a la que estafó. De la farsa, consentida y bien pagada, apenas queda la reacción positiva de la Unión de Guardias Civiles que pidió el embargo de los honorarios pagados por la cadena Telecinco, apenas un dos por ciento -su cuota de comisionista- de cuanto afanó con su cinismo y trapacerías. ¿Qué hace el poder judicial en estos casos? ¿No es posible una actuación de oficio si quiera por su carácter ejemplarizante?