¿Moratoria o más
especulación?
Justo
Fernández Rodríguez
Si hace unos años Canarias podía considerarse un
verdadero paraíso, por el clima y los paisajes naturales, diversos, insólitos y
espectaculares, que dejaban huella en los millones de turistas, de una cierta
calidad, que nos visitaban, la situación cambió, radicalmente, desde que, con
la excusa de lograr un crecimiento turístico ordenado, se impuso una denominada
moratoria, calificada de ilegal por el Tribunal Supremo, para evitar, en
teoría, la presión sobre Gobierno, cabildos y ayuntamientos, de promotores y
constructores, nativos y foráneos, cuyo único objetivo había sido el beneficio
rápido, aceptado y propiciado por muchos de los que regían los destinos de los
ciudadanos en las instituciones canarias.
Los distintos proyectos de moratoria provocaron la reacción airada de
organizaciones empresariales y la protesta de algunos alcaldes, que no estaban
dispuestos a cortar el grifo dinerario que les suponían las licencias de
edificación o recalificación de terrenos. Es preciso reconocer que, en Coalición
Canaria también hubo discrepancias. José Carlos Mauricio y Román Rodríguez
pretendían una moratoria más inocua que la defendida por Adán Martín. También
el líder del PP, José Manuel Soria, pretendía una
liberalización de edificación más amplia y con menos obstáculos legales.
La oposición de las organizaciones ecologistas se consumó el día que se
producía la votación. Unas 300 personas, militantes de organizaciones
ecologistas y sindicales, recibieron con abucheos y pitos a los diputados de CC
y PP, cuando entraban en el Parlamento, para consumar
la sentencia contra el equilibrio, entre progreso económico y medio ambiente,
aprobando la denominada Ley de Medidas Urgentes que, en teoría, pretendía
regular el crecimiento desordenado y la especulación en la construcción
turística, pero en cuyo contenido existían todo tipo de trucos para eludirla,
como ha venido ocurriendo hasta hoy. La misma noche de su aprobación, en
algunos municipios se aprovechó para conceder decenas de licencias de
construcción antes de su entrada en vigor. El Partido Socialista Canario votó
en contra de las Directrices, pero no hizo nada más.
Cualquiera que se dé una vuelta por las costas de Canarias o haya leído los
informes sobre la invasión del cemento en las zonas costeras y la destrucción
de distintos ecosistemas, en todas las islas, podrá llegar a la conclusión de
que los responsables políticos de la moratoria sólo pretendían favorecer los
intereses económicos de ayuntamientos, amigos, correligionarios, constructores
e industriales de la hostelería.
Litoral, medianías, zonas rústicas, espacios naturales protegidos, mediante las
más que sospechosas recalificaciones de terrenos rústicos en urbanizables, se
han llenado de hoteles, apartamentos y urbanizaciones residenciales. Además,
una auténtica plaga de edificaciones ilegales deteriora la costa y conduce a
Canarias hacia un verdadero desastre ecológico, en el que desaparecen montañas
y barrancos para la extracción de áridos o se sumergen bajo el cemento,
mientras la basura y los residuos contaminan los acuíferos, el aire y el mar.
Las necesidades creadas por este desarrollismo urbanístico, para un turismo
masivo y barato, obliga a un crecimiento desorbitado de las infraestructuras y
de las necesidades energéticas que están llenando espacios protegidos de
carreteras, pistas y torres de conducción eléctrica que degradan,
irremediablemente, uno de los principales atractivos turísticos de Canarias,
con el clima y el paisaje.
Ahora, bajo la presión del PP y con la complicidad de
Coalición Canaria, el Gobierno pretende aprobar una Ley de Medidas Urgentes en
materia de ordenación territorial que, con la excusa de la instalación de
equipamientos e infraestructuras, reduzca las competencias de
Sin embargo, en esta ocasión la contestación ha tenido una mayor repercusión.
Importantes sectores económicos, sindicales, ecológicos y corporativos han
manifestado sus críticas, disconformidad, contestación y rechazo.
El Consejo Económico y Social considera que la preservación del suelo rústico
peligra, advirtiendo del riesgo de fragmentacion
legal. El anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes posibilita que las
administraciones Públicas tomen decisiones urbanísticas arbitrarias", "ampliándose el margen para la intervención discrecional", "sin garantizar que las calificaciones del territorio se hagan
únicamente atendiendo el interés público".
UGT y CC.OO. lamentaron que se presentase esa ley
"sin negociación y consenso con los principales agentes económicos y
sociales". Comisiones Obreras considera que el proyecto del Gobierno
pretende "dejar sin contenido toda la legislación elaborada en la última
década sobre ordenación del territorio y regulación del turismo"...
"afirmar que el territorio y su ordenación no tienen efectos sobre el
medioambiente, o que no es un asunto social ni económico es una clara muestra
de la más absoluta ignorancia de cuáles son los criterios prioritarios de
cualquier intervención política".
Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncia que el
Gobierno, de la mano de "intereses ligados al sector de la construccion", tiene prisa para aprobar esas medidas
urgentes que sólo sirven para "fomentar la destrucción del litoral".
El Colegio de Arquitectos de Canarias censura el "escaso rigor" y la
"renuncia a la planificación y a un modelo integrado de desarrollo", denunciando un "mayor consumo" del suelo protegido, que
abrirá la puerta para más camas, y advierte a Paulino Rivero de "las
graves deficiencias detectadas" y de "la ausencia de la
imprescindible participación ante un tema de tanta trascendencia en sus
consecuencias territoriales y derivaciones económicas".
El Partido Socialista Canario, por boca de Julio Cruz, exige "que diga
claramente el Gobierno a quién quiere beneficiar con esta nueva moratoria y
traiga al Parlamento los nombres de los empresarios a los que va a conceder
licencia para construir hoteles". Cuatro organizaciones empresariales
lanzaron un comunicado conjunto acusando al Gobierno de querer acabar con la
moratoria, que ni mejora la competitividad turística de Canarias, ni facilita
la renovación de la planta alojativa.
Pía Oramas, una política de honradez acrisolada, como
demostró en su declaración en el ’caso de Las Teresitas’, hermana de Ana Orama, expresó su temor: "Es peligroso que urbanizar
el suelo rústico dependa sólo del Gobierno". Hasta el propio José Manuel
Bermúdez, consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, ha anunciado que
"defenderá con firmeza" sus reparos a una ley, que "nos puede
hacer llegar a un crecimiento desproporcionado". El mismísimo director de
¿Alguien puede creerse que los responsables directos e indirectos del
desarrollo especulativo urbanístico; del aumento geométrico, desordenado y
anárquico de las construcciones hoteleras y urbanizaciones pueden ser los que
se encarguen de poner coto a sus propios desafueros? Volveremos sobre este asunto.