Violaciones
sindicales
Justo
Fernández Rodríguez
Es cierto que el sindicalismo, en los
países desarrollados, desde hace algunos años, no goza de buena prensa y, lo
que es peor, está alejado de obtener una opinión positiva por parte de un
porcentaje muy importante de trabajadores que ni siquiera quieren afiliarse a
una organización sindical, aunque no dudan en aprovecharse de sus
reivindicaciones y consecuciones.
La realidad es que el sindicalismo, sin capacidad de elaborar estrategias
conjuntas, salvo excepciones, para enfrentarse a la globalización, el
neoliberalismo imperante y sus negativas consecuencias, no ha podido luchar
eficazmente contra la desrregulación de las
relaciones laborales y el retroceso de las políticas sociales, por la desunión
sindical, propiciada desde el poder político y económico, la adaptación o
domesticación de algunos líderes obreros y la represión de otros.
El intento de desacreditar el sindicalismo, como obstáculo para el desarrollo
económico, con independencia del juicio objetivo de su propia acción, es una tradicional
apuesta, con notable éxito, de los sectores políticos y económicos más
reaccionarios y los medios de comunicación que controlan. En España, se usa y
abusa de la crítica y las calumnias sobre el comportamiento de muchos
dirigentes sindicales, intentando generalizar, como actuación general, algunos
deplorables ejemplos. En Madrid, las denuncias y protestas sindicales, contra
la actuación de Esperanza Aguirre, a favor de la privatización de la sanidad
pública, se intentan contrarrestar acusando a los sindicatos de utilizar liberados
para organizar los actos de protesta. La prensa más reaccionaria y una
organización de extrema derecha llamada Plataforma de las Clases Medias, vienen
denunciando, falseando los datos, que financiar a los sindicatos con dinero de
todos los españoles nos convierte en una sociedad inviable: "Trescientos
mil liberados sindicales lastran nuestra economía y expolian a las clases
medias", llegan a afirmar.
También, en Canarias, se ha atacado a los liberados sindicales, en conflictos
como los de Sanidad y Educación. Sin embargo, no hemos oído una sola crítica
para lo que nos cuestan los 75 enchufados, meritorios o estómagos
agradecidos, denominados "asesores", sólo en el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, los 32 "asesores" de Paulino Rivero y José Manuel
Soria o el aumento del 32% de los gastos de protocolo del Gobierno canario.
Hace doce días, de Ginebra, recibí el Informe Anual de
Un total de 91 sindicalistas fueron asesinados por defender los derechos de los
trabajadores. Una vez más, América Latina ha sido el continente más peligroso
para desarrollar actividades sindicales, con asesinatos, secuestros, amenazas
de muerte, agresiones y registros domiciliarios. Resulta habitual que los
empresarios despidan o trasladen de los sindicalistas en represalia por la
creación de sindicatos. En las plantaciones bananeras la represión antisindical
es un denominador común, especialmente en Ecuador y Guatemala. En Asia,
gobiernos y empresarios no retroceden ante nada para silenciar a los
sindicatos. Filipinas es uno de los países donde se producen más greves violaciones contra los derechos sindicales. Diversos
países han recurrido a declarar estados de excepcion,
suspendiendo la actividad sindical durante 2007.
Colombia, de nuevo, fue el país donde más crímenes se cometieron. 39 dirigentes
sindicales perdieron la vida. En segundo lugar está Guinea, donde el régimen
del presidente Lansana Conte ha sido responsable de
la muerte de treinta sindicalistas durante la brutal represión de las
manifestaciones, organizadas por los sindicatos, para protestar contra la
corrupción y la represión sindical y política. El informe constata, asimismo,
el aumento de la violencia contra los sindicatos, en Guatemala, con cuatro
sindicalistas asesinados. Se registraron graves y sistemáticos casos de
intimidación en 63 países. Un total de 73 sindicalistas fueron encarcelados,
incluyendo a 40 tan solo en Irán. En Marruecos, 14 sindicalistas terminaron en
la cárcel y 7 en Birmania, donde
Guy Ryder, secretario general de
Medidas legales y administrativas, destinadas a restringir las actividades
sindicales, vulnerando los Convenios de
Lamentablemente, todo hace pensar que el próximo año sea peor. La situación de
crisis económica generalizada, los conflictos bélicos, el incremento del hambre
y la pobreza; el aumento de la precariedad laboral y el desempleo y la menor
inversión en protección social, sanidad y educación, llevará a muchos gobiernos
para evitar conflictos sociales, a intentar restringir los derechos de los
trabajadores, de sindicación, reunión y huelga, que provocará un incremento de
la conflictividad y la represión, lo que significará un aumento de las
violaciones sindicales.