Rivero, implicado en un caso de tráfico de influencias

Las conversaciones telefónicas del ´caso Arona´ desvelan que el dirigente canario pidió en 2008 al alcalde de Arona que ´colocase´ a una sobrina en la Policía Local del municipio.


LA OPINIÓN - SOL RINCÓN BOROBIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE

 

Las conversaciones telefónicas interceptadas en 2008 dentro de la trama de corrupción urbanística conocida como caso Arona han descubierto un supuesto de tráfico de influencias presuntamente cometido por el presidente de Canarias, Paulino Rivero.


Según informó el abogado Juan Manuel Fernández del Torco en una entrevista concedida a Mírame TV, Rivero llamó por teléfono al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, para pedirle que diera trabajo a un familiar suyo en la Policía Local de ese municipio.


Del Torco confirmó ayer que tiene en su poder la transcripción de esa conversación, aunque no quiso facilitarla. Lo único que desveló es que Paulino Rivero preguntó al alcalde si se estaban llevando a cabo oposiciones a la Policía Local de Arona con el objetivo de facilitar a una sobrina suya la incorporación al Cuerpo.

Tampoco quiso decir si el alcalde mostró una buena predisposición con el presidente. Según señaló el abogado, González Reverón se limitó a contestar: "bien".


Para Del Torco, la petición de Paulino Rivero es un caso de tráfico de influencias que podría ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción. De momento, "ya está en manos de la autoridad judicial", puesto que pertenece al caso Arona.


Desde la Policía Local de ese municipio informaron que entre las diez personas que superaron las oposiciones de 2008 hay una mujer cuyo segundo apellido es Rivero, aunque no es familiar del presidente. La presunta familiar de Rivero, quedó en el número veinte de dicha promoción, motivo por el cual no entró a trabajar en el cuerpo.

El caso Arona surgió en el año 2007 y ha permanecido más de un año en secreto de sumario. No fue hasta hace algo más de un mes que se supo que ya hay 34 imputados, entre los que figuran responsables políticos, funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Arona, un consejero del Cabildo de Tenerife, técnicos externos al consistorio, miembros de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, empresarios, un cabo de la Guardia Civil, un agente y una sargento de la Policía Local de Arona.


A estas personas se les acusa de cometer diferentes delitos, entre los que están la prevaricación, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y el cohecho.


Una vez levantado el secreto de sumario, el abogado Del Torco ha considerado conveniente sacar a la luz pública la conversación entre Rivero y González Reverón (que no tiene que ver con el caso Arona) y ahora espera que las autoridades judiciales inicien una investigación que aclare si ha habido o no tráfico de influencias.


En cuanto a la Presidencia del Gobierno de Canarias, no quiso hacer ninguna declaración cuando se le informó de la existencia de la conversación grabada.


Felipe Campos confirma la existencia de la llamada telefónica del presidente


El abogado de la acusación en el caso Arona, Felipe Campos, confirmó ayer la existencia de la conversación entre Paulino Rivero y José Alberto González Reverón. "Hay una llamada durante la que el presidente trata de que el alcalde interceda en una oposición para la policía municipal con el objetivo de que cojan a su sobrina", informó.


Campos, al igual que el abogado Juan Manuel Fernández del Torco, no quiso facilitar la transcripción de la conversación telefónica. "Como abogado personado yo no puedo decir todo, pero sí creo que son temas gravísimos y de interés público". Por eso, no descarta dar más detalles estos días.


"De las conversaciones telefónicas que hay del caso Arona se desprende que el alcalde tiene esa forma de comportarse, no sólo con Paulino Rivero, sino con otras personas", dijo.


No obstante, Campos indicó que es la única llamada registrada entre el presidente del Gobierno regional y González Reverón.


Las llamadas por teléfono en el Ayuntamiento de Arona fueron interceptadas durante todo el año 2008 dentro del caso Arona. Dentro de este caso, Juan Manuel Fernández del Torco es abogado del arquitecto municipal de Arona Eliseo de la Rosa, que estuvo en prisión preventiva y que está acusado de extorsión, prevaricación y cohecho.


A pesar de estas acusaciones, De la Rosa sigue trabajando en el Ayuntamiento de Arona, algo que calificó Campos de "inquietante".


El juzgado de Arona, donde se investiga el caso de corrupción urbanística del municipio sureño, no es competente para actuar contra Paulino Rivero, ya que al presidente tiene le protege su condición de aforado.


Aunque el proceso judicial es complejo, Campos señaló que la única entidad competente para investigar este caso es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

 

Fuente: laopinion.es