En vez de coincidir con los independentistas en que Canarias pierde grandes oportunidades debido al actual estatus colonial, hacen llamamientos a la Metrópoli para defender unas aguas que el derecho internacional no protege porque Canarias es un Archipiélago de un Estado y no tiene derecho a aguas interiores ni a las 200 millas, como bien lo especifica la Convención de Montego Bay.

Viene esto a colación porque el Gobierno de Marruecos, en todo su derecho, autorizó el pasado año la explotación Off-shore a multinacionales petroleras para que perforen a unas 50 millas de Lanzarote, dentro de su zona ZEE; es sabido que el oro negro existe en el gran anticlinal sahariano, que viniendo de la costa marroquí se adentra en el mar hasta las cercanías de nuestras Islas.

Marruecos no tiene petróleo y lo necesita para desarrollarse, por eso se ha lanzado en una política petrolera en su busca, no sólo en el Atlántico, sino también en el Mediterráneo. El petróleo existe en el mar cerca de Canarias y en la zona del Sáhara. En la década de los sesenta se hicieron prospecciones con resultado positivo (durante la ocupación española), por parte de ciertas compañía norteamericanas, aunque su explotación se dejó en suspenso porque se descubrió en aquel tiempo las enormes reservas del desierto libio, que eran más rentables.

El Gobierno de Canarias y Coalición Canaria saben perfectamente que Canarias no puede tener aguas propias ni la correspondiente ZEE por ser un Archipiélago de un Estado, cosa que ignoraran los pseudonacionalistas; éstos, sin embargo, se empeñan en hablar de la Ley española del 15/78, ignorando las leyes internacionales y las Convenciones Internacionales sobre el mar firmadas por España y no se dan cuenta del art. 96.1 de la Constitución Española que dice: "Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en España, formarán parte del ordenamiento interno".

España sólo controla las 12 millas alrededor de cada Isla, según la Ley 10/1977 de 4 de enero, y tiene que respetar las Convenciones Internacionales y tener en cuenta su propia jurisprudencia; cito el Dictamen del Consejo de Estado de 28.9.1958 que señala: "Los preceptos contenidos en un Convenio Internacional son eficaces directamente, sin necesidad de ser promulgados para el ámbito internacional de un Estado, como ley interna del mismo".

Estos partidos quieren ignorar que en la Conferencia Internacional sobre el Mar celebrada en Caracas, de la cual salió el "Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", y donde participaban todos los países africanos soberanos del momento, a requerimiento de los Movimientos de Liberación, donde se encontraba el MPAIAC, presionamos desde Argel para que los Estados no reconocieran a los territorios coloniales y a los Archipiélagos colonias, ni que las metrópolis pudiesen extender sus aguas jurisdiccionales a 200 millas y menos aún que pudiesen gozar de aguas interiores.

España y Francia se opusieron, pero no impusieron sus criterios y se aprobó por mayoría la resolución sobre la diferencia entre los Archipiélagos-Estado (art. 46) y Archipiélagos de un Estado. Aunque los MNL no pudimos asistir a la Conferencia de Caracas en 1974, sí logramos que nuestros criterios se impusieran y logramos que las Canarias, territorio colonial, no pudiera tener aguas interiores, ni perimetral y no pudiera España, ni las otras metrópolis europeas, extender sus aguas como ZEE en sus colonias.

En las posteriores conferencias, desde Ginebra 1975 hasta la última de Jamaica (Montego Bay), donde se firmó el Convenio Final el 10 de diciembre de 1982, a través del MPAIAC y de nuestro partido el CNC, hemos contactado a nuestros países africanos amigos y exigido que siga vigente este criterio. Aunque España se opuso al Convenio, al final lo adoptó por Instrumento el 7.02.96, a efectos de lo dispuesto en el Art. 94.1 de la CE, relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de N.U. sobre el Derecho del Mar. Montego Bay, prevalecerá en las relaciones entre los Estados Partes, sobre la Convención de Ginebra de 1958 (art. 311.1) y sobre las leyes particulares de los Estados. Esta, pues, es la misión de los independentistas canarios cerca de las NU y de los Estados que firmaron Montego Bay y debería ser el criterio de Coalición Canaria, si es que quieren tener un comportamiento patriótico.

No hay que apoyar a quienes llevan solicitando que se haga un referéndum para que se aplique el art. 1 de la Ley 15/78, sobre un hipotético mar territorial del Archipiélago, ni el art. 2 de dicha ley que habla de la mediana. Con esto del petróleo y las pateras, la realidad es que España no puede aplicar dicha ley porque va contra la Convención de Montego Bay. Tampoco puede aplicar la línea media con Marruecos, a pesar de que D. Manuel Medina, diputado al Parlamento Europeo por el PSOE, en diversos artículos afirma que "el único criterio válido es la línea media entre las Islas Canarias y los Estados vecinos". Claro que el diputado del PSOE, Sr. Medina (que conoce perfectamente las resoluciones de Montego Bay), para no cogerse las manos, en un artículo publicado en la Prensa de Tenerife en 1999, sobre la Línea Media como criterio para la delimitación de los espacios marítimos de Canaria, llega a decir, con buen criterio: "Pero la delimitación, para que sea válida internacionalmente requiere un acuerdo voluntario entre los Estados o una sentencia de un tribunal internacional", y esto nunca lo conseguirá España porque va precisamente contra los acuerdos de Montego Bay, que en su ya citado art. 46 introdujo la novedad importante al reglamentar los Estados Archipielágicos y su régimen jurídico.

Se entiende por Estado Archipielágico, según el citado Convenio de 1982, "un Estado constituido totalmente por uno o varios archipiélagos, y que podrá incluir otras islas". Estos Estados podrán trazar líneas de base archipielágicas rectas o perimetrales, ejercer su soberanía sobre las aguas interiores o archipielágicas, así como sobre el cielo puede extender su zona ZEE a 200 millas y establecer la mediana con otros Estados próximos. Pero tienen que ser Estados archipielágicos constituidos, no islas dependiendo de una metrópoli.

Por eso, es nula de todo derecho la Sentencia del TS español, de 1993, ratificatoria de otra del TS de Justicia de Canarias, donde se reconocía la primacía del derecho español sobre el Internacional y reconocía el derecho de Canarias a la ZEE de 200 millas. ¿Cómo es posible que un tribunal español, como es el T. Supremo, ignorara el Derecho Internacional y las leyes de las NU? ¡Qué más le gustaría a España que imponer sus criterios y controlar las aguas alrededor de sus enclaves y colonias!

No me extrañaría nada que en las próximas elecciones los partidos políticos canarios sacaran de nuevo el tema de que España establezca la línea perimetral, la mediana con Marruecos y las 200 milas. Pensamos que o ignoran los tratados internacionales o lo hacen por demagogia. Un criterio serio nacionalista debería ser plantearse, antes que nada, en convertirnos en un Estado archipielágico, en una República soberana y después ya veremos el problema de las aguas... del petróleo y las pateras.