Canarias deberá reclamar al Estado la soberanía plena sobre sus aguas y sobre la zona económica exclusiva de las aguas canarias de forma inmediata.

En Alternativa Popular Canaria partimos del concepto de que Un ACHIPIÉLAGO es una parte de MAR poblado de ISLAS. Nosotros consideramos que el mar que hay entre nuestras islas es el mar del Archipiélago canario, es nuestro mar. Y, por lo tanto, lo lógico sería que fuéramos los canarios, los que tengamos acceso y control de él.

La falta de soberanía sobre nuestras aguas harán posible, por ejemplo, que Repsol realice prospecciones petrolíferas, con el elevado riesgo que dicha actividad supondrá para los intereses turísticos de las islas.

Además, poseer la soberanía y el control de esas aguas nos permitiría recomponer nuestra dañada industria pesquera. Pues los pescadores canarios han visto durante décadas como se desmantelaba la flota canaria por falta de caladeros. Mientras, cercanos a las islas existen importantes bancos de pesca que han sido esquilmados sistemáticamente por flotas arrastreras extranjeras, como pueden ser los bancos de La Concepción y de Dacia, al norte de Lanzarote, el de Amanay, situado entre Gran Canaria y Fuerteventura o el de Eco situado a unas 150 millas al suroeste de El Hierro, además de otros más pequeños entre las islas.

Desde APC no dudaremos en reclamar la delimitación urgente por parte del Estado de las aguas interiores, así como el reconocimiento automático de las 12 millas de aguas territoriales de acuerdo con el método de líneas de base rectas.

Sabemos que la Ley Internacional es aplicable a Estados archipielágicos y no a archipiélagos de Estado como sería el caso de Canarias, ello no impide que ese método también pueda ser aplicado conforme con el régimen general de la delimitación recogida en dicha legislación en su parte general a los Estados mixtos o archipiélagos de Estados, como efectivamente lo han realizado diversos países como Australia, con las islas Houtman; Portugal, con Azores y Madeira; Dinamarca, con las islas Feroe; Noruega, con las islas Spitzberg y Ecuador, con Galápagos, entre otras.

No hay excusa para dejar de exigir este derecho.