Una de las características históricas del movimiento nacional popular en Canarias ha sido la carencia de un programa táctico. Entre la situación actual y la independencia y/o el socialismo, se presentaba ante nosotros un enorme vacío. La acción política quedaba así limitada a proclamar las grandes consignas y a diluirse en el día a día. Como consecuencia de ello, no se desarrollaba el trabajo de masas y no ha existido una clara política de alianzas. Eso propicia la proliferación del oportunismo y de los oportunistas. Y que el enemigo colonial se apodere de nuestras banderas y de nuestras bases de apoyo popular. Es el caso de Coalición Canaria.

Un programa táctico, de reformas, no supone el abandono del proyecto estratégico. La cuestión es si esa política de reformas nos acerca o nos aleja de los objetivos revolucionarios. Si nos sitúa o no en mejores condiciones para alcanzarlos. Si sirven para hacer avanzar la conciencia popular o para desactivarla.

Evidentemente, podemos pecar de reformistas. Víctimas de la impotencia, perder la confianza en la capacidad de nuestro pueblo. Ir rebajando los objetivos hasta hacerlos irreconocibles. No entender el enganche de las reformas con el proyecto revolucionario. Caer en el tacticismo, esto es, en el oportunismo.

Por mucho enjuague que se quiera hacer con las palabras, la autodeterminación no es otra cosa que el ejercicio del derecho a la independencia. No es necesariamente un referéndum, sino una acción de masas en las que el propio pueblo se otorga a sí mismo ese derecho. Incluso aunque sea mediante un plebiscito. Todo lo demás son fantasías de leguleyo.

Entonces, ¿por qué hablamos de la autodeterminación (una propuesta táctica)? En primer lugar, porque lo reivindicamos como un derecho democrático y, por lo tanto, que afecta a todo el pueblo. Y por ello puede concitar un apoyo más amplio, incluido el de los que no son independentistas, pero respetarían un derecho básico y su resultado. Esto es, porque nos proporciona aliados. E incluso amigos de nuestra causa fuera del propio Archipiélago. Y, en segundo lugar porque tiene un efecto pedagógico sobre nuestro propio pueblo (y tiene en cuenta su actual nivel de conciencia).

Lógicamente, la posibilidad de que esta reforma sea viable no es indiferente a cual sea la forma de Estado y el tipo de gobierno de España.

La delimitación de las aguas territoriales propias canarias (aguas interiores y 200 millas en torno al perímetro archipielágico) es una reivindicación reformista. Y que choca frontalmente con su imposibilidad mientras Canarias no sea una nación independiente. Y, aunque fuera posible, sólo significaría que el saqueo de nuestras riquezas por parte de las multinacionales sería decidido por España en vez de por otro país.

¿Debemos, pues, reivindicar nuestras aguas territoriales? Sí, pero no porque nos hagamos falsas ilusiones sobre la realidad, sino porque hace evidente la conveniencia de contar con un estado propio. Y porque pone sobre la mesa el tema de la soberanía y el del destino de nuestros recursos naturales.

La propuesta de una Ley de Residencia se suele confundir con lo que es una Ley de Extranjería. Y se suele mezclar con las actitudes xenófobas y racistas hacia los inmigrantes africanos. Evidentemente, sobre estos últimos cae todo el peso de las sucesivas leyes de extranjería del gobierno español, y no serían objeto de una limitación de la residencia, que iría destinada, fundamentalmente, a los inmigrantes españoles y comunitarios (la inmensa mayoría). Quitarle todo componente xenófobo es fundamental.

Defender una Ley de Residencia es, también, defender una reforma. Incluso, en este caso, una reforma posible dentro del marco jurídico de la legislación europea, en la que ya existen precedentes. Pero que sirve para poner en primer plano la necesidad de que los canarios decidamos nuestro propio futuro. Que debemos ser los dueños de nuestra nación.

Pero, también en esto, es crucial la forma de Estado y el tipo de gobierno que haya en España. Lo que nos vuelve a recordar que una política de reformas es, además, una política de alianzas.

Esta es una de las consignas que, personalmente, menos entiendo (aunque estoy totalmente dispuesto a reconsiderarlo). Si lo que se quiere decir es que los convenios colectivos se hagan en el ámbito canario, habrá que preguntarse cuál es la fuerza real del sindicalismo en Canarias para conseguir mejores convenios que los que se puedan alcanzar en el ámbito estatal.

Por ejemplo, si en Telefónica o en Iberia hay un convenio estatal, ¿seremos capaces de conseguir un convenio mejor sólo para Canarias? Lo dudo mucho. Si el capital se internacionaliza cada vez más, incluso en una Canarias independiente nos interesará que, en determinados casos, nos incorporemos a convenios supranacionales más ventajosos, logrados por una clase obrera más y mejor organizada.

Por el contrario, si lo que se pretende son ventajas representativas en tal o cual comisión institucional, la cosa se delata a sí misma.

La cuestión aquí no es una formulación abstracta sobre el marco de relaciones laborales, sino la realidad del sindicalismo en Canarias. Si es que cabe hablar de sindicalismo cuando nos referimos a esos aparatos economicistas (y dependientes de la caridad gubernamental en forma de subvenciones y cursos) que son UGT, CCOO y hasta Intersindical.

Hace falta un sindicalismo político, revolucionario, pedagógico. Si lo llegamos a tener, el marco laboral lo impondrá, en cada caso, el propio movimiento obrero canario.

Reclamar una ley que acabe con el antidemocrático disparate electoral autonómico es una propuesta de reforma. Al fin y al cabo, hace referencia a un marco institucional suficiente y hasta deficiente. Pero sirve tanto para facilitar el acceso de las minorías al Parlamento autonómico (de lograrse) como para denunciar el carácter mismo de la componenda que supone ese marco institucional. Es, a la vez, un objetivo práctico necesario tanto para el avance de nuestras posiciones (esto es, para la lucha política), como para la pedagogía política.

Si preocupante es no tener un programa táctico (lo que nos reduce a ser voces que claman en el desierto), no menos preocupante es lanzarse a proponer reformas sin medirlas adecuadamente. Sin engarzarlas en un proyecto estratégico (es decir, sin saber muy bien para qué: sólo porque suenen bien). Sin meditarlas y debatirlas seriamente. Lo que queremos es algo muy difícil. No lo vamos a conseguir chapuceramente. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo bien.