FRANCISCO DE LA BARREDA PÉREZ, mayor de edad, con D.N.I. 42.146.575-H, con domicilio en la Avda. Benito Pérez Armas, 20- 6º-C (Edificio La Granja) - 38007- de Santa Cruz de Tenerife, Letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de S/C. de Tenerife, colegiado nº 735, ante el Fiscal General del Estado comparece y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito, y en relación de las Diligencias Previas nº 4.660/2001 del Juzgado de Instrucción Nº Cuatro de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de la querella interpuesta contra mi persona y contra cuatro más por don Víctor Rodríguez Rodríguez, de la que acompaño una copia como documento NÚMERO UNO, por unos presuntos delitos de ACUSACIÓN Y DENUNCIAS FALSAS, formulo el presente escrito de QUEJA, a fin que se investigue la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, en las diligencias de referencia, por si hubiera arbitrariedad o incoherencia en su actuación acusatoria contra mi persona, en base a los siguientes hechos, que paso a detallar a continuación:

Primero.- En las Diligencias Previas de referencia, "ab initio", se dictó auto del Juzgado de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, del 23-10-2001, que se adjunta como documento NÚMERO DOS, de "inadmisión a trámite de la querella" interpuesta por don Víctor Rodríguez Rodríguez, el 28-9-01, por la presunta comisión de los delitos de acusación y denuncia falsa en relación a las actuaciones penales que se conocieron como el "Caso Bango" (Diligencias Previas nº 1.823/98) seguidas en el Juzgado de Instrucción Número Tres, de los de Santa Cruz de Tenerife, a cuyos hechos me remito para evitar innecesarias repeticiones.

Segundo.- El 29-04-2002, la Sección II de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, dictó un auto revocando el auto de inadmisión a trámite de la querella y ordenando al Juez de Instrucción que se practicaran, al menos, las diligencias de prueba interesadas en la misma y con su resultado y libertad de criterio, acordara luego lo que estime que proceda.

Tercero.- Con fecha 01-04-2003, el Juez de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, tras practicar unas exhaustivas y extensas diligencias de instrucción, dictó un nuevo auto, que adjunto como documento NÚMERO TRES, mediante el cual dispuso el "sobreseimiento libre de las actuaciones, por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal".

Cuarto.- El 26-09-2003, la Sección II de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, dicta otro auto, que se adjunta como documento NÚMERO CUATRO, mediante el cual acuerda "estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de don Víctor Rodríguez Rodríguez, contra el auto de veinticuatro de abril de dos mil tres dictado por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife, en las Diligencias Previas 4.660 de 2.001 que revocamos, para que por el Juzgado de Instrucción se practiquen las diligencias de investigación que considere oportunas o, en el caso que considere que ya se han practicado las mismas, se ordene la continuación las presentes diligencias conforme a las normas reguladoras del proceso Abreviado, con declaración de oficio de las costas de ésa alzada".

Quinto.- Con fecha 24-05-2004, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, dicta un nuevo auto (y otro el 25-05-2004) que se adjunta como documento NÚMERO CINCO, mediante el cual "DECLARA ABIERTO EL JUICIO ORAL", sin justificar ni una sola causa que le haya podido llevar a cambiar, de forma tan radical, el criterio claramente expuesto en sus dos contundentes autos anteriores de "inadmisión a trámite de la querella" y de "sobreseimiento libre", lo que sin duda alguna, me genera una mayor perplejidad e indefensión. Esa decisión del Juez Instructor no puede tener otra explicación que no sea el no querer contradecir el escrito de acusación de la Fiscalía, que acompaño como documento NÚMERO SEIS.

Debo destacar que, además de lo expuesto, resulta, cuando menos, muy sorprendente el hecho de que el Ministerio Fiscal no se opusiera tampoco a los dos autos citados de "inadmisión a trámite de la querella" y de "sobreseimiento libre", y que ahora, por el contrario, sin que haya aparecido ni probado ningún hecho nuevo, en las numerosas y exhaustivas diligencias de instrucción practicadas, en las que ni siquiera se me nombra, haya procedido a interponer dicho escrito de acusación, lo que determina la arbitrariedad e incoherencia objeto de la presente queja, quebrantando un principio jurídico tan elemental de que "nadie puede actuar en contra de sus propios actos", y mucho menos, cuando ni siquiera justifica este radical cambio de criterio.

El escrito de acusación de la Fiscal, que presenta un relato de hechos tergiversados, entrecortados, falsos y tendenciosos, carece del mínimo rigor y de apoyo legal para llevar a cabo tan grave acusación, que, tal como ya he expresado, considero es lo que obliga al Juez de Instrucción, contrariando, radicalmente, sus firmes y fundamentados criterios anteriores, sin realizar ninguna imputación hacia mi persona de hecho delictivo alguno, a disponer la apertura de juicio oral, mientras que la Fiscal, acusándome de delitos de acusación y denuncia falsas, que nunca he cometido, solicita, incluso, que se me imponga una multa de 24 meses, con una cuota diaria de 100 euros, con responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago y abono de costas.

Debo aclarar que, cuando presté declaración en las Diligencias Previas núm. 1.823/98 (conocidas como del "Caso Bango") de las que trae causa la querella por denuncia y acusación falsa de don Víctor Rodríguez, seguidas en el Juzgado de Instrucción Nº Tres, de los de S/C. de Tenerife, y en las que se enjuiciaban, también, amenazas de muerte contra mi persona, a la sazón Diputado Nacional del grupo parlamentario del Partido Popular, declaré en sede judicial, el 26-03-99, teniendo dicha condición, para ofrecerme después la Juez las acciones para personarme como acusación particular en las diligencias del denominado "Caso Bango", como así hice. Acompaño bajo el documento NÚMERO SIETE mi citada declaración judicial, que realicé el 26-03-99, debiendo advertir, que don Víctor Rodríguez Rodríguez ya había declarado, como imputado, el 24-03-99, es decir, dos días antes de mi declaración en sede judicial en el meritado caso, como acredito con la declaración del Sr. Rodríguez, que acompaño bajo el documento NÚMERO OCHO. Esa imputación a don Víctor Rodríguez le fue mantenida por la Jueza después de prestar de declaración, incluso después de interponer varios recursos, que fueron desestimados por la propia Jueza y por la Audiencia Provincial.

Sexto.- A fin de comprender la actuación de la Fiscalía, objeto de esta queja, por si hubiera en la anómala e irregular actuación contra mi persona por parte de dicha acusación pública una especial inquina o persecución sin sustento legal, que en su momento se vio frustrada por aquellos contundentes autos de inadmisión y sobreseimiento aludidos relativos a la querella por denuncia y acusación falsas , debo traer a colación unos hechos, a modo de antecedentes, consistentes a que, en su día, me fueron incoadas Diligencias Previas 2.604/2000 por el Juzgado de Instrucción Nº Uno de S/C. de Tenerife, como consecuencia de una, también, injusta y arbitraria querella interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, contra mi persona y contra don Alfredo Vigara Murillo, con fecha 03-07-2000, de la que acompaño copia, como documento NUMERO NUEVE, por un presunto delito de prevaricación, que a continuación paso a detallar:

a).- El 10-07-2000, el Juez del Juzgado de Instrucción Nº 1 de S/C. de Tenerife, dictó un Auto, que se adjunta como documento NÚMERO DIEZ, mediante el cual admitió a trámite citada querella.

b).- Con fecha 14-09-2000, presenté ante el Juzgado, un Recurso de Reforma contra el Auto de admisión a trámite de referida querella, del que acompaño copia, como documento NÚMERO ONCE.

c)- Tal como se puede constatar en los documentos que se acompañan al Recurso de Reforma (nº 4) 14-09-2000, el 17-03-1999, presenté, siendo Diputado Nacional, una denuncia ante el "Fiscal Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción", el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, contra el entonces Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, don Alfredo Vigara Murillo, persona me sucedió en dicho cargo, tras mi voluntaria dimisión, para incorporarme a la vacante que se había producido en el Congreso de los Diputados (documento NÚMERO DOCE).

d).- El 04-05-1999, presté declaración ante el Fiscal Anticorrupción, el Excmo. Sr. don Carlos Jiménez Villarejo, la que adjunto como documento NÚMERO TRECE, haciéndole entrega en esa comparecencia de un escrito de ratificación y ampliación de mi anterior denuncia contra don Alfredo Vigara Murillo, que también acompañé junto al del Recurso de Reforma (nº 6) y que también adjunto al presente como documento NÚMERO CATORCE.

Previamente, y como respuesta a un escrito de fecha 20-04-99 del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincia de S/C. de Tenerife (documento NÚMERO QUINCE) presenté, con fecha 23-04-1999, un escrito ante ficha Fiscalía, que también acompañé con aquel Recurso de Reforma (nº 7) mediante el cual comunicaba a dicha Fiscalía de la Audiencia mi voluntad de realizar la diligencia de ratificación y de ampliación de la denuncia contra el Sr. Vigara ante la propia Fiscalía Anticorrupción, ante quien que yo había decidido conveniente interponer la renombrada primera denuncia de 17-03-1999 (Documento NÚMERO DIECISEIS).

e).- Con fecha 18-02-2000 la Fiscalía Anticorrupción, en relación a las Diligencias de Investigación Nº 12/99 abiertas por dicha Fiscalía, dictó la RESOLUCIÓN, que también acompaño, como documento NÚMERO DIECISIETE, en la que en su punto Nº 4º expone lo siguiente:

Debo dejar expresa constancia que el Excmo. Sr. Fiscal, don Carlos Jiménez Villarejo, después de una muy amplia y exhaustiva investigación, no apreció la comisión por mi parte de ningún tipo de delito, ni de irregularidad administrativa alguna, por lo cual la querella que acompañó junto con la Resolución, que remitió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, era única y exclusivamente contra don Alfredo Vigara Murillo.

Produciéndose, posteriormente, la inexplicable y sospechosa situación que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife decide interponer otra querella, que por lo que se puede constatar claramente, no es la misma que remitió el Fiscal Anticorrupción solamente contra don Alfredo Vigara, y a la que tampoco hace la más mínima mención, ni ninguna referencia a las amplísimas investigaciones practicadas por dicho Fiscal Anticorrupción, ni a la Resolución que dictó con fecha 18-02-2000, en la que, repito, figura únicamente como querellado y presunto autor de un delito de prevaricación, la persona que yo había denunciado con anterioridad ante dicha Fiscalía, don Alfredo Vigara Murillo.

Transcribo, a continuación, la querella de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tenerife contra mi, que se acompaña como NÚMERO NUEVE de los documentos:

Tal como ya he señalado, en el Recurso de Reforma, que se adjunta como documento NÚMERO ONCE, ni que decir tiene que, la Fiscalía Especial Anticorrupción dispuso del mismo material probatorio que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, a la cual, repito, aquélla había remitido las actuaciones. Habiendo recabado la Fiscalía Anticorrupción, incluso, mucho más material, ya que a la Fiscalía Anticorrupción fue enviada, a instancias mías, a pesar de las reticencias públicas del "Presidente del Parlamento de Canarias" y "Presidente Regional del P.P." –prueba más de mi buena fe, y de haber sido víctima de engaño por el Sr. Vigara (acompañando bajo el número ocho de documentos solicitud de prueba)– todos los soportes documentales, de video, transcripciones, grabaciones, etc., en los que se contienen los debates, sesiones y trabajos de la Comisión de Investigación creada en el Parlamento de Canarias, así como de lo debatido en el Pleno de esa cámara, como consecuencia de mis denuncias, donde uno de los asuntos objeto de investigación por parte de dicha Comisión fue la autorización, mediante la Resolución de 08-11-96, por parte del Sr. Vigara a "UNELCO PARTICIPADAS, S.A." de la instalación del "Parque Eólico de Fuencaliente", sin el preceptivo concurso público.

f).- En definitiva, y tal como quedó claramente expuesto en el Recurso de Reforma, no existía absolutamente nada razonable en lo aportado por el Ministerio Fiscal en su querella, que yo hubiera actuado, cuando firmé la Orden de 7-7-1997, con conocimiento de la irregularidad –falta de concurso público- que había cometido con anterioridad el Sr. Vigara, en la concesión de la autorización a "UNELCO PARTICIPADAS, S.A.", para la instalación de un Parque Eólico en el municipio de Fuencaliente (isla de La Palma). Desconociendo yo, además, completamente, tal como quedó absolutamente probado ante el Fiscal Anticorrupción, cuando firmé dicha Orden de 7-7-1997, la existencia de los informes contrarios a los que alude la querella, contrarios a la Disposición Transitoria, que se incluyó subrepticiamente por el Sr. Vigara en la misma, ni era consciente, por tanto, que con ello "convalidaba" esa irregularidad, que como he dicho, desconocía totalmente hasta el momento indicado, de la cual tuve conocimiento a través de las declaraciones de don Luis García Martín en "La Gaceta de Canarias" el día 15-2-1998.

De todo lo expuesto y de las investigaciones realizadas por el Fiscal Anticorrupción, y así lo corroboró éste, resultaba más que evidente que faltaba, obviamente, respecto a mi persona, el elemento subjetivo –"a sabiendas"- del delito de prevaricación, previsto y penado en el art. 404 del Código Penal, debiendo por todo ello, tal y como interesé en el Recurso de Reforma, desestimarse la querella del Fiscal por dicho delito en lo que a mi persona correspondía, sin que las expresiones gratuitas manifestadas en la querella por parte de la Fiscalía de la Audiencia, respecto al ánimo, sin un mínimo sustento probatorio o deductivo de la existencia de ese elemento subjetivo, inexcusable en el citado delito de prevaricación, debiera dar lugar a su admisión a trámite contra mi persona. Toda vez que, el abuso de derecho y el fraude de ley están prohibidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Y, además, como colofón, la conducta que he mantenido y mantengo actualmente, como denunciante, siendo en aquellos momentos Diputado Nacional, después de conocer las irregularidades y ser consciente del engaño sufrido en ese tema, que expuse y acredité en el citado Recurso de Reforma, y, también ser denunciante en otros asuntos, que, incluso, se han denominado como de corrupción en Canarias, me hacen claramente acreedor de una presunción de buena fe en mi actuación como Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y como Diputado Nacional, y a no sufrir el agravio de ser querellado e imputado –alguna resolución judicial al respecto ha hablado de "estigmatización"- por una gratuita acusación en la querella interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, como la que, nuevamente, realiza, en esta ocasión por denuncia y acusación falsa, la misma fiscalía.

g).- En el "Caso Vigara", a fin de seguir constatando el hilo conductor del mal proceder de la Fiscalía de la Audiencia contra mi persona, previamente a la resolución definitiva de la Fiscalía Anticorrupción, con fecha 09-04-1999, la Fiscalía Anticorrupción dirigió un escrito al Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, que adjunto como documento NÚMERO DIECIOCHO, en el que, literalmente, le comunicó lo siguiente:

De ello observo una anormal conducta por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife en la devolución al Fiscal Anticorrupción del auxilio fiscal interesado. Anormalidad que, por otra parte y respecto a otro asunto, también observé en la Fiscalía de la Audiencia en las Diligencias 1.893/98 ("Caso Bango"), seguidas en el Juzgado de Instrucción Número Tres, de los de Santa Cruz de Tenerife que, por otra parte, fue observado también por doña Julia Bango Arocha, y que dio lugar a que dicha señora interpusiese una denuncia ante el Juzgado de Guardia de S/C. de Tenerife, el 25-03-99, y también ante un escrito de queja al Fiscal General del Estado, el 04-04-99, que se adjuntan como documentos NÚMERO DIECINUEVE, por presuntas coacciones ejercidas por el Fiscal que llevaba la investigación, publicadas en la pág. 12 de "Canarias 7" del 27-03-99, que se adjunta como documento NÚMERO VEINTE, en donde se recoge lo siguiente:

Volviendo al "Caso Vigara", ese anormal comportamiento se acredita, en que la nefasta "casualidad" de la "pérdida" en dicha Fiscalía de la Audiencia de la documentación remitida por el Fiscal Anticorrupción, se produce cuando aún se estaba tramitando la "Comisión de Investigación en el Parlamento de Canarias", respecto al "Caso Vigara", debiéndose retener desde ahora el dato de que el dictamen final de la investigación parlamentaria, se aprobó en el "Pleno del Parlamento" el 16-04-99. Pues bien, tal anormalidad se traduce en la dilación, siguiente: Si la Fiscalía Anticorrupción abrió Diligencias 11/99, y remitió mi denuncia a la Fiscalía de Tenerife el 24-03-99 y aquélla vuelve a remitir el envío a la Fiscalía de la Audiencia el 09-04-99, ésta Fiscalía, muy sorprendentemente, me cita para ratificarme el 20-04-99, es decir cuatro días después de que hubiera terminado la Comisión de Investigación y la aprobación del dictamen por el Pleno del Parlamento de Canarias. El resultado de la dilación ratificatoria produce, en un primer momento, un resultado político que, tal como recoge el "Diario de Avisos" en su portada del 17-04-99 es el siguiente: "El Parlamento no ve ilegalidades en la actuación de Alfredo Vigara" (documento NÚMERO VEINTIUNO) y niega el enviar la documentación al Fiscal Anticorrupción, noticia que fue publicada en prácticamente todos los medios de comunicación de Canarias y en varios nacionales, lo que me originó graves perjuicios ante toda la opinión pública, y lo que era absolutamente contrario a la denuncia que ya tramitaba el Fiscal Anticorrupción, porque ya había abierto Diligencias 11/99, y contrario a lo que yo pedía, incluso, a través de los medios de comunicación, como se puede ver en "LA PROVINCIA" del 09-04-99: "De la Barreda pide que el dossier se envíe a la Fiscalía" ( NÚMERO VEINTIDOS). Este hecho, fue lo que me movió, definitivamente, a negarme a declarar ante referida Fiscalía de la Audiencia Provincial para el día que me había citado, compareciendo solamente para interesar hacer la ratificación y ampliación de la denuncia única y exclusivamente directamente ante el Fiscal Anticorrupción, que era la que tramitaba la denuncia del "caso Vigara" en aras del principio de inmediación.

Respecto a la "pérdida de papeles" por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. Tenerife, la prensa de esta región, tal como se puede constatar en la fotocopia de "EL DÍA" y el"Diario de Avisos", del 24-04-99, que adjunto como documento NÚMERO VEINTITRES y VEINTICUATRO destacó:

"De la Barreda acusa al fiscal jefe de perder unos papeles" y "De la Barreda pide la inhibición del fiscal por perder los papeles", "En ese sentido, el diputado nacional del PP recordó que él había comparecido ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias el día 31 de marzo y que el haber tenido conocimiento de la existencia de ese escrito (del Fiscal Anticorrupción) hubieran cambiado muchas cosas. Entre ellas "que la Comisión o la Mesa del Parlamento haya estado discutiendo una semana sobre si había que mandar o no los papeles a la Fiscalía, cuando resulta que el fiscal de delitos económicos ya me había invitado a hacerlo". "Pérdida" que reconoció, posteriormente, el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial.

Respecto al denominado "Caso Bango", hay que resaltar que respecto a dicho caso hubo una denuncia en los medios de comunicación de Canarias, de un SINDICATO DE LA POLICÍA, de presuntas coacciones durante la investigación del denominado "Caso Bango", que se adjunta como documento NÚMERO VEINTICINCO, denuncia por presuntas coacciones que nunca, además, fueron investigadas, a pesar de las peticiones realizadas en ese sentido.

i).- La injusta y tendenciosa querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia contra mi persona, a pesar de la exhaustiva investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que no apreció el menor indicio en toda mi actuación y el hecho que la Fiscalía ni siquiera mencionara esas Diligencias nº 11/99 de la Fiscalía Anticorrupción, incrementó en mi esas sospechas de un irregular comportamiento y me movió a presentar un escrito de queja contra dicha Fiscal, ante el Excmo. Fiscal General del Estado, el 19-09-00, que adjunto como documento NÚMERO VEINTISEIS.

Por otra parte, debo manifestar que, a pesar de las gestiones realizadas y de las diligencias de prueba solicitadas, para utilizarla en mi propia defensa contra la querella por un presunto delito de prevaricación, interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia, nunca se me ha permitido conocer la querella que la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, como consecuencia de mi denuncia, de la que solamente pude tener de conocimiento de que había sido enviada, a través de la propia Fiscalía Anticorrupción, al remitirme la resolución del 18-02-00, donde consta muy claramente que no solo abrió Diligencias solamente contra don Alfredo Vigara, sino que, incluso, remitió a la Fiscalía de S/C. de Tenerife, una querella únicamente contra dicho señor.

A lo expuesto por el Juez Instructor, tengo que seguir preguntando por qué no fue nunca aportado, ni siquiera citado por la Fiscalía de la Audiencia ni un solo dato de las exhaustivas investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, en las diligencias abiertas por una denuncia mía, en las que solamente apreció indicios de delito en el Sr. Vigara (Resolución de 18-02-2000) lo cual hubiera difuminado desde el inicio al Juez de Instrucción cualquier duda sobre mi actuación, teniendo que soportar, además, comentarios injuriosos sobre mi persona, en los medios de comunicación, como consecuencia de la querella interpuesta por la Fiscalía.

Séptima.- Con fecha 09-03-2004, en relación a la querella presentada por don Víctor Rodríguez Rodríguez, por denuncia y acusación falsas contra mi persona y otros, presenté ante el Juzgado de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, un escrito, solicitando el archivo de la causa, que acompaño bajo el NÚMERO VEINTIOCHO de documentos, mediante el cual solicité el sobreseimiento y archivo de la causa respecto a mi persona, que transcribo por su interés, literalmente, a continuación:

Octava.- De entre los rotundos argumentos expuestos anteriormente en el escrito trascrito, considero que es muy grave lo manifestado por el don Víctor Rodríguez, dada mi condición de Diputado Nacional en los momentos a los que se refiere en su relato. Don Víctor dice en el debate celebrado en "AZUL TELEVISIÓN", en el programa "El Surco", el día 09-10-2002, cuyo CD-ROM, en el que se recoge el debate, que adjunto con el NÚMERO VEINTINUEVE: "Por eso, cuando usted (refiriéndose al que suscribe) habla de que YO QUISE COGER O PAGAR UN DINERO, LO HICE PORQUE YO NO SOY TONTO, A VER QUIEN VENÍA POR LOS 3.000.000, Y ESTUVE ESPERÁNDOLE A USTEDES, Y CUANDO DIJERON, NO, QUE VENGA A MI DESPACHO, LO QUE USTED ME DIJO EN EL AVIÓN, QUE AHORA HABLARÉ TAMBIÉN , QUE VENGA A MI DESPACHO "¡¡CUIDADO SR. DE LA BARREDA!!, PORQUE YO NO VOY A IR A SU DESPACHO A NADA, PORQUE YO NO SOY TONTO, YO SOY UNA PERSONA QUE SI UNA PERSONA VIENE A PEDIRME ESO, VIENE A MI CASA Y YO LO PILLO, PERO NO FUE ASÍ, PORQUE NADIE SE ATREVIÓ. POR LO TANTO NO DI NI UN DURO PARA EL P.P. NI PARA NINGÚN OTRO (...)". De lo que parece desprenderse muy claramente que el Sr. Rodríguez pretendía que yo, teniendo en cuenta de que, en aquellos momentos, era además de Presidente Insular del P.P., un Diputado Nacional, o los Concejales del P.P. de Tegueste fuéramos a buscar ese dinero y tenernos entonces "pillados". Parece que en este caso la Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife "mira hacia otro lado".

Por mi parte, considero que a la vista de lo ya expuesto, sobran más comentarios sobre el estilo de don Víctor Rodríguez, cuando en el propio programa televisivo reconoce que él ofrece a un concejal del Ayuntamieno de Tegueste, que si quiere que le siga comprando en la ferretería, que retire su firma del recurso (recurso contra la calificación urbanística de la finca "El Tagre", finca de la que era propietario don Víctor) que diga que es un montaje, que él paga a los periódicos. Y continuo preguntándome, ¿por qué tenía que pagar a los periódicos?, ¿por qué le amenaza con no seguirle comprando en la ferretería al concejal?, ¿por qué y para qué quería que fuéramos a buscar esos 3.000.000 de ptas?. Sobra cualquier explicación a esas preguntas, ya que transcribo literalmente lo reconocido por el propio don Víctor Rodríguez: "YO QUIERO, SI TU QUIERES SEGUIR SIENDO AMIGO MÍO Y QUE YO COMPRE MÁS EN TU FERRETERÍA, ME TRAES ESA BAJA, ESE ESCRITO, Y DICES QUE ESTO ES UN MONTAJE. YO PAGO LOS PERIÓDICOS Y TU LO DECLARAS Y LO FIRMAS. (...)"¡¡CUIDADO SR. DE LA BARREDA!!, PORQUE YO NO VOY A IR A SU DESPACHO A NADA, PORQUE YO NO SOY TONTO, YO SOY UNA PERSONA QUE SI UNA PERSONA VIENE A PEDIRME ESO, VIENE A MI CASA Y YO LO PILLO, PERO NO FUE ASÍ, PORQUE NADIE SE ATREVIÓ. POR LO TANTO NO DI NI UN DURO PARA EL P.P. NI PARA NINGÚN OTRO (...)".

¿No encuentra en todas estas manifestaciones la Fiscalía, que ahora me acusa, ningún presunto delito por parte de don Víctor Rodríguez?.

¿No es plenamente consciente la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, tal como consta muy claramente en todas las diligencias, que lo único que hice fue limitarme a ejercer mi derecho a la tutela judicial efectiva, cuando la Jueza de Instrucción Nº 3 de S/C. de Tenerife ("Caso "Bango") me cita a declarar y me hacen el ofrecimiento de acciones, por constarle, tal como quedó plenamente probado, que estaba siendo amenazado de muerte, aunque no haya podido determinar con certeza quienes fueron los autores, cómplices y encubridores de esas amenazas, como afirmó la propia Audiencia Provincial?,

Novena.- Pero, si lógicas y racionales eran esas sospechas de la Jueza de Instrucción Nº 3 de S/C. de Tenerife y del Fiscal, mucho más lógicas y racionales son si se constata que en las Diligencias Previas 1.823/98, con el nº 558, la Brigada Provincial de Información, que llevaba la investigación del caso por orden judicial, obra la siguiente "NOTA INFORMATIVA", de fecha 25-02-1999, que adjunto como documento NÚMERO TREINTA, más de un mes antes de realizar yo la declaración judicial, nota de la que transcribo, literalmente, el párrafo final:

Décima.- Es evidente que cuando yo declaré ante la Jueza, lo hice el 26-03-1999, y no el 16-04-1999, es decir, un mes y día después de que fuera emitida esa "NOTA INFORMATIVA", por la "Brigada Provincial de Información", y que cuando me refiero a don Víctor Rodríguez, siempre respondiendo a preguntas de la Jueza y del Fiscal, contesto a esas preguntas a modo de "sospecha" y nunca en forma de "imputación categórica de hechos muy concretos y específicos", motivo por el cual el Juez de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, en el RAZONAMIENTO JURÍDICO TERCERO del Auto del Juez de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, del 01-04-2003, dice textualmente: "… y en relación a lo declarado por el Sr. de la Barreda, refiere que éste manifestó que "hay sospechas", refiriéndose a las preguntas de irregularidades en un pleno municipal" (…) "Salvo mejor criterio, del órgano de apelación, en su caso, las citadas diligencias de instrucción no han aportado ningún hecho susceptible de ser calificado como denuncia en los términos y requisitos que resultan de lo previsto en el art. 456 del C. penal y jurisprudencia que lo interpreta". En dicho Auto, el Juez también dispone lo siguiente: "ACUERDO: El sobreseimiento libre de las actuaciones por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal…".

Pues la Fiscalía tampoco parece que haya leído ese auto de sobreseimiento libre, al que no se opuso, pero si sabe recortar en su escrito de acusación ahora el párrafo de mi contestación a la Jueza de que "hay sospechas", para recomponer mi contestación a su antojo acusatorio contra mi persona sin ningún tipo de indicio racional, lo que sí constituye una auténtica y arbitraria acusación.

Conviene recordar que el mismo Juez de Instrucción Nº 4, había decretado, además, con anterioridad, el 23-10-01, la INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA QUERELLA, interpuesta por don Víctor Rodríguez, procediendo, sorprendentemente, ahora acordar, mediante auto del 24-05-04, la apertura del juicio oral contra mi representado, sin imputarle ningún hecho que revista el más mínimo carácter de delito, basándose el Juez, probablemente, única y exclusivamente en las acusaciones infundadas y temerarias de la renombrada Fiscalía, que, no aplica a don José del Toro y a don Carlos Obón, para los que pide el sobreseimiento, que creo es lo único justo que dicha Fiscal realiza, y en cuyas informaciones, como ha quedado sobradamente acreditado, me apoyé en mi declaración judicial, puesto que eran ellos los que seguían muy de cerca las irregularidades de la finca "El Tagre" y los que iniciaron las denuncias y los que las continúan, como en el caso del Sr. Del Toro, con el recurso de casación, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo.

Décimo primera.- Pero firme, contundente y categórica sí que es la declaración judicial del entonces concejal de Partido Socialista en el Ayuntamiento de Tegueste, don MIGUEL ÁNGEL JEREZ CUBAS, el 17-01-2003, que adjunto como documento NÚMERO TREINTA Y UNO - quien ni siquiera cita mi nombre ni una sola vez - sobre las irregularidades administrativas cometidas por el Ayuntamiento de Tegueste en la concesión de la licencia urbanística a la Finca El Tagre, diciendo que, incluso, se comenzó a construir sin licencia, y el beneficio generado a don Víctor y el perjuicio ocasionado al patrimonio municipal:

Decimo segunda.- Como ya he señalado, el día 24-05-2004, el Juez de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, en contra de lo mantenido, argumentado y manifestado ampliamente en sus autos de "INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA QUERELLA" y el de "SOBRESEÍMIENTO LIBRE", dicta un nuevo auto, mediante el cual declara abierto el juicio oral, señalando en el apartado SEGUNDO de los HECHOS, lo siguiente: "Que por el Ministerio Fiscal y por la pare querellante, se ha solicitado la apertura de juicio oral, acusando a D/Dña. Julia Bango Arocha, Francisco De la Barreda Perez, y Juan José De Armas González y calificando los hechos como constitutivos de un delito de ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA …". Queda muy claro, que el Juez no me imputa ningún hecho delictivo, basando la acusación única y exclusivamente, en esas temerarias acusaciones, en las que se narran hechos absolutamente inciertos, por parte del querellante y de la Fiscalía, a pesar de que la Fiscalía no se opuso, en su día, a los autos de "inadmisión a trámite de la querella" y de "sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones" y que, de lo posteriormente actuado, no se aporte ni aparezca ningún indicio de delito en toda mi actuación.

Décimo tercera.- Tengo que reiterar que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, que no se había opuesto a los autos de INADMISIÓN DE LA QUERELLA y de SOBRESEÍMIENTO LIBRE, en su escrito de acusación de fecha 20-05-2004, en relativo a mi persona, me acusa ahora en base a lo siguiente:

Lo cual, evidentemente, requiere que deba hacer las siguientes precisiones a las infundadas y temerarias acusaciones de la Fiscal:

Una.- De la simple lectura comparativa de de mi declaración judicial en el "Caso Bango" y de la acusación realizada por citada Fiscalía, se aprecia inmediatamente la tergiversación por parte de la misma de lo realmente manifestado por mí, omitiendo, en primer lugar, deliberadamente, la siguiente frase: "considerando que dado que se trata de un parlamentario constituye un grave atentado amenazarle no solo por él mismo, sino por lo que representa".

Y en segundo lugar, para poder continuar la Fiscalía con esa manipulación, no respeta íntegramente las respuestas que di a las preguntas que me formuló la Jueza de Instrucción, sino que añade, entre paréntesis, párrafos de su propia cosecha, para incrementar su torcida finalidad acusatoria y elimina párrafos completos dentro de la misma respuesta, de forma que solamente recoge lo que señalo subrayado, en mi respuesta, que transcribo, literalmente, a continuación: "Preguntado hasta qué punto este tipo de amenazas le han intimidado o asustado, manifiesta que no es una persona miedosa pero que es sensata y que los hechos han venido demostrando que las amenazas se han convertido en realidades de auténticos asesinos, lo que le obliga incluso a mantener escolta policial, considerando que dado que se trata de un parlamentario constituye un grave atentado amenazarle no solo por él mismo, sino por lo que representa. Preguntado que finalidad se persigue con esto, manifiesta que estima que no solo por el asunto de Tegueste sino por muchas más cosas".

¿Por qué la Fiscal no respeta en su acusación el texto literal de mi respuesta?. Dónde se aprecia en esta contestación mía una acusación categórica de hechos muy concretos y específicos dirigida contra persona determinada, cuando lo que hago es responder a una pregunta de la Jueza ("estimando" que en modo alguno "es afirmar categóricamente o rotundamente") que lo que se persigue con esas amenazas de muerte y agresiones: "estima que no solo por el asunto de Tegueste sino por muchas más cosas", pues se daba la circunstancia de que con anterioridad a esas amenazas ya había denunciado el robo en mi despacho, de Presidente Insular, en la sede del P. P. de S/C. de Tenerife (Diligencias nº 1.682/98 en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de S/C. de Tenerife) y había presentado otras denuncias en el seno de mi propio partido, por presuntas irregularidades en asuntos de mucho calado económico y político, como la presunta ilegalidad en la autorización de una licencia que se pretendía conceder ilegalmente a grandes superficies, la presunta concesión irregular del gas ciudad, y la presunta concesión irregular de un parque eólico en Fuencaliente (La Palma), que fueron asuntos denunciado por mí ante la "Dirección Regional" y "Nacional del P.P.", como consta probado en la sentencia que me absuelve en la demanda del Sr. Vigara, y debatidos también en una "Comisión de Investigación en el Parlamento de Canarias", la cual no apreció nunca ninguna irregularidad en mis denuncias y sí "imprudencia política" e "irregularidades administrativas" en la actuación del denunciado, don Alfredo Vigara Murillo, mi sustituto en el cargo de Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias , después de mi voluntaria dimisión, e incluso las denuncias que presenté ante el "Fiscal Anticorrupción", quien ratificó la veracidad de las mismas. Sorprendentemente, otra Fiscal, tal como ya he comentado, interpuso una querella, posteriormente, contra mi persona, sin hacer ninguna mención a la enviada por la propia Fiscalía Anticorrupción.

Al respecto, he de recordar que, don Alfredo Vigara Murillo, interpuso también una demanda civil en defensa de su honor, en el Juzgado de 1ª Instancia Nº Cinco, de S/C. de Tenerife (Procedimiento nº 177/99) que fue desestimada por dicho Juzgado, imponiéndole, incluso, el pago de la totalidad de las costas, por considerar que mis denuncias, de una presunta prevaricación del Sr. Vigara, estaban plenamente justificadas. Dicha sentencia (que adjunto al final del Recurso de Reforma, que figura como documento nº 12, de las Diligencias Previas 2.604/2000 – Juzgado de Instrucción Nº 1) fue confirmada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial, de fecha 11-11-2000, que se adjunta como documento NÚMERO TREINTA Y DOS.

Transcribo, a continuación, literalmente, algunos párrafos de los FUNDAMENTOS JURÍDICOS de citada sentencia de la Audiencia Provincial, que prueba, una vez más, el rigor con que siempre he planteado mis denuncias, las cuales han dado lugar, injustamente, a querellas y acusaciones de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, absolutamente injustificadas, incluso cuando me he visto amenazado de muerte y fui invitado por la jueza a personarme en las Diligencias en calidad de perjudicado:

En dicha sentencia se constata muy claramente los visos de credibilidad que me otorga la Audiencia Provincial: "la actuación de la Fiscalía Anticorrupción (lo que acredita los visos de realidad y la trascendencia e interés de lo denunciado" (avalando muy claramente la Sala de este modo mis denuncias) sentencia que no solo no tuvo en cuenta la Fiscal, sino que interpuso una inexplicable querella por prevaricación (cuando había sido yo el denunciante) contra mi persona, querella, que de forma rotunda, archivó en lo referente a mi persona el Juez de Instrucción Nº 1-