FRANCISCO DE LA BARREDA PÉREZ, mayor de edad, con D.N.I. 42.146.575-H, con domicilio en la Avda. Benito Pérez Armas, 20- 6º-C (Edificio La Granja) - 38007- de Santa Cruz de Tenerife, Letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de S/C. de Tenerife, colegiado nº 735, ante el Fiscal General del Estado comparece y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito, y en relación de las Diligencias Previas nº 4.660/2001 del Juzgado de Instrucción Nº Cuatro de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de la querella interpuesta contra mi persona y contra cuatro más por don Víctor Rodríguez Rodríguez, de la que acompaño una copia como documento NÚMERO UNO, por unos presuntos delitos de ACUSACIÓN Y DENUNCIAS FALSAS, formulo el presente escrito de QUEJA, a fin que se investigue la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, en las diligencias de referencia, por si hubiera arbitrariedad o incoherencia en su actuación acusatoria contra mi persona, en base a los siguientes hechos, que paso a detallar a continuación:

Primero.- En las Diligencias Previas de referencia, "ab initio", se dictó auto del Juzgado de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, del 23-10-2001, que se adjunta como documento NÚMERO DOS, de "inadmisión a trámite de la querella" interpuesta por don Víctor Rodríguez Rodríguez, el 28-9-01, por la presunta comisión de los delitos de acusación y denuncia falsa en relación a las actuaciones penales que se conocieron como el "Caso Bango" (Diligencias Previas nº 1.823/98) seguidas en el Juzgado de Instrucción Número Tres, de los de Santa Cruz de Tenerife, a cuyos hechos me remito para evitar innecesarias repeticiones.

Segundo.- El 29-04-2002, la Sección II de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, dictó un auto revocando el auto de inadmisión a trámite de la querella y ordenando al Juez de Instrucción que se practicaran, al menos, las diligencias de prueba interesadas en la misma y con su resultado y libertad de criterio, acordara luego lo que estime que proceda.

Tercero.- Con fecha 01-04-2003, el Juez de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, tras practicar unas exhaustivas y extensas diligencias de instrucción, dictó un nuevo auto, que adjunto como documento NÚMERO TRES, mediante el cual dispuso el "sobreseimiento libre de las actuaciones, por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal".

Cuarto.- El 26-09-2003, la Sección II de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, dicta otro auto, que se adjunta como documento NÚMERO CUATRO, mediante el cual acuerda "estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de don Víctor Rodríguez Rodríguez, contra el auto de veinticuatro de abril de dos mil tres dictado por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife, en las Diligencias Previas 4.660 de 2.001 que revocamos, para que por el Juzgado de Instrucción se practiquen las diligencias de investigación que considere oportunas o, en el caso que considere que ya se han practicado las mismas, se ordene la continuación las presentes diligencias conforme a las normas reguladoras del proceso Abreviado, con declaración de oficio de las costas de ésa alzada".

Quinto.- Con fecha 24-05-2004, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, dicta un nuevo auto (y otro el 25-05-2004) que se adjunta como documento NÚMERO CINCO, mediante el cual "DECLARA ABIERTO EL JUICIO ORAL", sin justificar ni una sola causa que le haya podido llevar a cambiar, de forma tan radical, el criterio claramente expuesto en sus dos contundentes autos anteriores de "inadmisión a trámite de la querella" y de "sobreseimiento libre", lo que sin duda alguna, me genera una mayor perplejidad e indefensión. Esa decisión del Juez Instructor no puede tener otra explicación que no sea el no querer contradecir el escrito de acusación de la Fiscalía, que acompaño como documento NÚMERO SEIS.

Debo destacar que, además de lo expuesto, resulta, cuando menos, muy sorprendente el hecho de que el Ministerio Fiscal no se opusiera tampoco a los dos autos citados de "inadmisión a trámite de la querella" y de "sobreseimiento libre", y que ahora, por el contrario, sin que haya aparecido ni probado ningún hecho nuevo, en las numerosas y exhaustivas diligencias de instrucción practicadas, en las que ni siquiera se me nombra, haya procedido a interponer dicho escrito de acusación, lo que determina la arbitrariedad e incoherencia objeto de la presente queja, quebrantando un principio jurídico tan elemental de que "nadie puede actuar en contra de sus propios actos", y mucho menos, cuando ni siquiera justifica este radical cambio de criterio.

El escrito de acusación de la Fiscal, que presenta un relato de hechos tergiversados, entrecortados, falsos y tendenciosos, carece del mínimo rigor y de apoyo legal para llevar a cabo tan grave acusación, que, tal como ya he expresado, considero es lo que obliga al Juez de Instrucción, contrariando, radicalmente, sus firmes y fundamentados criterios anteriores, sin realizar ninguna imputación hacia mi persona de hecho delictivo alguno, a disponer la apertura de juicio oral, mientras que la Fiscal, acusándome de delitos de acusación y denuncia falsas, que nunca he cometido, solicita, incluso, que se me imponga una multa de 24 meses, con una cuota diaria de 100 euros, con responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago y abono de costas.

Debo aclarar que, cuando presté declaración en las Diligencias Previas núm. 1.823/98 (conocidas como del "Caso Bango") de las que trae causa la querella por denuncia y acusación falsa de don Víctor Rodríguez, seguidas en el Juzgado de Instrucción Nº Tres, de los de S/C. de Tenerife, y en las que se enjuiciaban, también, amenazas de muerte contra mi persona, a la sazón Diputado Nacional del grupo parlamentario del Partido Popular, declaré en sede judicial, el 26-03-99, teniendo dicha condición, para ofrecerme después la Juez las acciones para personarme como acusación particular en las diligencias del denominado "Caso Bango", como así hice. Acompaño bajo el documento NÚMERO SIETE mi citada declaración judicial, que realicé el 26-03-99, debiendo advertir, que don Víctor Rodríguez Rodríguez ya había declarado, como imputado, el 24-03-99, es decir, dos días antes de mi declaración en sede judicial en el meritado caso, como acredito con la declaración del Sr. Rodríguez, que acompaño bajo el documento NÚMERO OCHO. Esa imputación a don Víctor Rodríguez le fue mantenida por la Jueza después de prestar de declaración, incluso después de interponer varios recursos, que fueron desestimados por la propia Jueza y por la Audiencia Provincial.

Sexto.- A fin de comprender la actuación de la Fiscalía, objeto de esta queja, por si hubiera en la anómala e irregular actuación contra mi persona por parte de dicha acusación pública una especial inquina o persecución sin sustento legal, que en su momento se vio frustrada por aquellos contundentes autos de inadmisión y sobreseimiento aludidos relativos a la querella por denuncia y acusación falsas , debo traer a colación unos hechos, a modo de antecedentes, consistentes a que, en su día, me fueron incoadas Diligencias Previas 2.604/2000 por el Juzgado de Instrucción Nº Uno de S/C. de Tenerife, como consecuencia de una, también, injusta y arbitraria querella interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, contra mi persona y contra don Alfredo Vigara Murillo, con fecha 03-07-2000, de la que acompaño copia, como documento NUMERO NUEVE, por un presunto delito de prevaricación, que a continuación paso a detallar:

a).- El 10-07-2000, el Juez del Juzgado de Instrucción Nº 1 de S/C. de Tenerife, dictó un Auto, que se adjunta como documento NÚMERO DIEZ, mediante el cual admitió a trámite citada querella.

b).- Con fecha 14-09-2000, presenté ante el Juzgado, un Recurso de Reforma contra el Auto de admisión a trámite de referida querella, del que acompaño copia, como documento NÚMERO ONCE.

c)- Tal como se puede constatar en los documentos que se acompañan al Recurso de Reforma (nº 4) 14-09-2000, el 17-03-1999, presenté, siendo Diputado Nacional, una denuncia ante el "Fiscal Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción", el Excmo. Sr. Don Carlos Jiménez Villarejo, contra el entonces Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, don Alfredo Vigara Murillo, persona me sucedió en dicho cargo, tras mi voluntaria dimisión, para incorporarme a la vacante que se había producido en el Congreso de los Diputados (documento NÚMERO DOCE).

d).- El 04-05-1999, presté declaración ante el Fiscal Anticorrupción, el Excmo. Sr. don Carlos Jiménez Villarejo, la que adjunto como documento NÚMERO TRECE, haciéndole entrega en esa comparecencia de un escrito de ratificación y ampliación de mi anterior denuncia contra don Alfredo Vigara Murillo, que también acompañé junto al del Recurso de Reforma (nº 6) y que también adjunto al presente como documento NÚMERO CATORCE.

Previamente, y como respuesta a un escrito de fecha 20-04-99 del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincia de S/C. de Tenerife (documento NÚMERO QUINCE) presenté, con fecha 23-04-1999, un escrito ante ficha Fiscalía, que también acompañé con aquel Recurso de Reforma (nº 7) mediante el cual comunicaba a dicha Fiscalía de la Audiencia mi voluntad de realizar la diligencia de ratificación y de ampliación de la denuncia contra el Sr. Vigara ante la propia Fiscalía Anticorrupción, ante quien que yo había decidido conveniente interponer la renombrada primera denuncia de 17-03-1999 (Documento NÚMERO DIECISEIS).

e).- Con fecha 18-02-2000 la Fiscalía Anticorrupción, en relación a las Diligencias de Investigación Nº 12/99 abiertas por dicha Fiscalía, dictó la RESOLUCIÓN, que también acompaño, como documento NÚMERO DIECISIETE, en la que en su punto Nº 4º expone lo siguiente:

Debo dejar expresa constancia que el Excmo. Sr. Fiscal, don Carlos Jiménez Villarejo, después de una muy amplia y exhaustiva investigación, no apreció la comisión por mi parte de ningún tipo de delito, ni de irregularidad administrativa alguna, por lo cual la querella que acompañó junto con la Resolución, que remitió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, era única y exclusivamente contra don Alfredo Vigara Murillo.

Produciéndose, posteriormente, la inexplicable y sospechosa situación que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife decide interponer otra querella, que por lo que se puede constatar claramente, no es la misma que remitió el Fiscal Anticorrupción solamente contra don Alfredo Vigara, y a la que tampoco hace la más mínima mención, ni ninguna referencia a las amplísimas investigaciones practicadas por dicho Fiscal Anticorrupción, ni a la Resolución que dictó con fecha 18-02-2000, en la que, repito, figura únicamente como querellado y presunto autor de un delito de prevaricación, la persona que yo había denunciado con anterioridad ante dicha Fiscalía, don Alfredo Vigara Murillo.

Transcribo, a continuación, la querella de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tenerife contra mi, que se acompaña como NÚMERO NUEVE de los documentos:

Tal como ya he señalado, en el Recurso de Reforma, que se adjunta como documento NÚMERO ONCE, ni que decir tiene que, la Fiscalía Especial Anticorrupción dispuso del mismo material probatorio que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, a la cual, repito, aquélla había remitido las actuaciones. Habiendo recabado la Fiscalía Anticorrupción, incluso, mucho más material, ya que a la Fiscalía Anticorrupción fue enviada, a instancias mías, a pesar de las reticencias públicas del "Presidente del Parlamento de Canarias" y "Presidente Regional del P.P." –prueba más de mi buena fe, y de haber sido víctima de engaño por el Sr. Vigara (acompañando bajo el número ocho de documentos solicitud de prueba)– todos los soportes documentales, de video, transcripciones, grabaciones, etc., en los que se contienen los debates, sesiones y trabajos de la Comisión de Investigación creada en el Parlamento de Canarias, así como de lo debatido en el Pleno de esa cámara, como consecuencia de mis denuncias, donde uno de los asuntos objeto de investigación por parte de dicha Comisión fue la autorización, mediante la Resolución de 08-11-96, por parte del Sr. Vigara a "UNELCO PARTICIPADAS, S.A." de la instalación del "Parque Eólico de Fuencaliente", sin el preceptivo concurso público.

f).- En definitiva, y tal como quedó claramente expuesto en el Recurso de Reforma, no existía absolutamente nada razonable en lo aportado por el Ministerio Fiscal en su querella, que yo hubiera actuado, cuando firmé la Orden de 7-7-1997, con conocimiento de la irregularidad –falta de concurso público- que había cometido con anterioridad el Sr. Vigara, en la concesión de la autorización a "UNELCO PARTICIPADAS, S.A.", para la instalación de un Parque Eólico en el municipio de Fuencaliente (isla de La Palma). Desconociendo yo, además, completamente, tal como quedó absolutamente probado ante el Fiscal Anticorrupción, cuando firmé dicha Orden de 7-7-1997, la existencia de los informes contrarios a los que alude la querella, contrarios a la Disposición Transitoria, que se incluyó subrepticiamente por el Sr. Vigara en la misma, ni era consciente, por tanto, que con ello "convalidaba" esa irregularidad, que como he dicho, desconocía totalmente hasta el momento indicado, de la cual tuve conocimiento a través de las declaraciones de don Luis García Martín en "La Gaceta de Canarias" el día 15-2-1998.

De todo lo expuesto y de las investigaciones realizadas por el Fiscal Anticorrupción, y así lo corroboró éste, resultaba más que evidente que faltaba, obviamente, respecto a mi persona, el elemento subjetivo –"a sabiendas"- del delito de prevaricación, previsto y penado en el art. 404 del Código Penal, debiendo por todo ello, tal y como interesé en el Recurso de Reforma, desestimarse la querella del Fiscal por dicho delito en lo que a mi persona correspondía, sin que las expresiones gratuitas manifestadas en la querella por parte de la Fiscalía de la Audiencia, respecto al ánimo, sin un mínimo sustento probatorio o deductivo de la existencia de ese elemento subjetivo, inexcusable en el citado delito de prevaricación, debiera dar lugar a su admisión a trámite contra mi persona. Toda vez que, el abuso de derecho y el fraude de ley están prohibidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Y, además, como colofón, la conducta que he mantenido y mantengo actualmente, como denunciante, siendo en aquellos momentos Diputado Nacional, después de conocer las irregularidades y ser consciente del engaño sufrido en ese tema, que expuse y acredité en el citado Recurso de Reforma, y, también ser denunciante en otros asuntos, que, incluso, se han denominado como de corrupción en Canarias, me hacen claramente acreedor de una presunción de buena fe en mi actuación como Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y como Diputado Nacional, y a no sufrir el agravio de ser querellado e imputado –alguna resolución judicial al respecto ha hablado de "estigmatización"- por una gratuita acusación en la querella interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, como la que, nuevamente, realiza, en esta ocasión por denuncia y acusación falsa, la misma fiscalía.

g).- En el "Caso Vigara", a fin de seguir constatando el hilo conductor del mal proceder de la Fiscalía de la Audiencia contra mi persona, previamente a la resolución definitiva de la Fiscalía Anticorrupción, con fecha 09-04-1999, la Fiscalía Anticorrupción dirigió un escrito al Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, que adjunto como documento NÚMERO DIECIOCHO, en el que, literalmente, le comunicó lo siguiente:

De ello observo una anormal conducta por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife en la devolución al Fiscal Anticorrupción del auxilio fiscal interesado. Anormalidad que, por otra parte y respecto a otro asunto, también observé en la Fiscalía de la Audiencia en las Diligencias 1.893/98 ("Caso Bango"), seguidas en el Juzgado de Instrucción Número Tres, de los de Santa Cruz de Tenerife que, por otra parte, fue observado también por doña Julia Bango Arocha, y que dio lugar a que dicha señora interpusiese una denuncia ante el Juzgado de Guardia de S/C. de Tenerife, el 25-03-99, y también ante un escrito de queja al Fiscal General del Estado, el 04-04-99, que se adjuntan como documentos NÚMERO DIECINUEVE, por presuntas coacciones ejercidas por el Fiscal que llevaba la investigación, publicadas en la pág. 12 de "Canarias 7" del 27-03-99, que se adjunta como documento NÚMERO VEINTE, en donde se recoge lo siguiente:

Volviendo al "Caso Vigara", ese anormal comportamiento se acredita, en que la nefasta "casualidad" de la "pérdida" en dicha Fiscalía de la Audiencia de la documentación remitida por el Fiscal Anticorrupción, se produce cuando aún se estaba tramitando la "Comisión de Investigación en el Parlamento de Canarias", respecto al "Caso Vigara", debiéndose retener desde ahora el dato de que el dictamen final de la investigación parlamentaria, se aprobó en el "Pleno del Parlamento" el 16-04-99. Pues bien, tal anormalidad se traduce en la dilación, siguiente: Si la Fiscalía Anticorrupción abrió Diligencias 11/99, y remitió mi denuncia a la Fiscalía de Tenerife el 24-03-99 y aquélla vuelve a remitir el envío a la Fiscalía de la Audiencia el 09-04-99, ésta Fiscalía, muy sorprendentemente, me cita para ratificarme el 20-04-99, es decir cuatro días después de que hubiera terminado la Comisión de Investigación y la aprobación del dictamen por el Pleno del Parlamento de Canarias. El resultado de la dilación ratificatoria produce, en un primer momento, un resultado político que, tal como recoge el "Diario de Avisos" en su portada del 17-04-99 es el siguiente: "El Parlamento no ve ilegalidades en la actuación de Alfredo Vigara" (documento NÚMERO VEINTIUNO) y niega el enviar la documentación al Fiscal Anticorrupción, noticia que fue publicada en prácticamente todos los medios de comunicación de Canarias y en varios nacionales, lo que me originó graves perjuicios ante toda la opinión pública, y lo que era absolutamente contrario a la denuncia que ya tramitaba el Fiscal Anticorrupción, porque ya había abierto Diligencias 11/99, y contrario a lo que yo pedía, incluso, a través de los medios de comunicación, como se puede ver en "LA PROVINCIA" del 09-04-99: "De la Barreda pide que el dossier se envíe a la Fiscalía" ( NÚMERO VEINTIDOS). Este hecho, fue lo que me movió, definitivamente, a negarme a declarar ante referida Fiscalía de la Audiencia Provincial para el día que me había citado, compareciendo solamente para interesar hacer la ratificación y ampliación de la denuncia única y exclusivamente directamente ante el Fiscal Anticorrupción, que era la que tramitaba la denuncia del "caso Vigara" en aras del principio de inmediación.

Respecto a la "pérdida de papeles" por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. Tenerife, la prensa de esta región, tal como se puede constatar en la fotocopia de "EL DÍA" y el"Diario de Avisos", del 24-04-99, que adjunto como documento NÚMERO VEINTITRES y VEINTICUATRO destacó:

"De la Barreda acusa al fiscal jefe de perder unos papeles" y "De la Barreda pide la inhibición del fiscal por perder los papeles", "En ese sentido, el diputado nacional del PP recordó que él había comparecido ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias el día 31 de marzo y que el haber tenido conocimiento de la existencia de ese escrito (del Fiscal Anticorrupción) hubieran cambiado muchas cosas. Entre ellas "que la Comisión o la Mesa del Parlamento haya estado discutiendo una semana sobre si había que mandar o no los papeles a la Fiscalía, cuando resulta que el fiscal de delitos económicos ya me había invitado a hacerlo". "Pérdida" que reconoció, posteriormente, el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial.

Respecto al denominado "Caso Bango", hay que resaltar que respecto a dicho caso hubo una denuncia en los medios de comunicación de Canarias, de un SINDICATO DE LA POLICÍA, de presuntas coacciones durante la investigación del denominado "Caso Bango", que se adjunta como documento NÚMERO VEINTICINCO, denuncia por presuntas coacciones que nunca, además, fueron investigadas, a pesar de las peticiones realizadas en ese sentido.

i).- La injusta y tendenciosa querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia contra mi persona, a pesar de la exhaustiva investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que no apreció el menor indicio en toda mi actuación y el hecho que la Fiscalía ni siquiera mencionara esas Diligencias nº 11/99 de la Fiscalía Anticorrupción, incrementó en mi esas sospechas de un irregular comportamiento y me movió a presentar un escrito de queja contra dicha Fiscal, ante el Excmo. Fiscal General del Estado, el 19-09-00, que adjunto como documento NÚMERO VEINTISEIS.

Por otra parte, debo manifestar que, a pesar de las gestiones realizadas y de las diligencias de prueba solicitadas, para utilizarla en mi propia defensa contra la querella por un presunto delito de prevaricación, interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia, nunca se me ha permitido conocer la querella que la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, como consecuencia de mi denuncia, de la que solamente pude tener de conocimiento de que había sido enviada, a través de la propia Fiscalía Anticorrupción, al remitirme la resolución del 18-02-00, donde consta muy claramente que no solo abrió Diligencias solamente contra don Alfredo Vigara, sino que, incluso, remitió a la Fiscalía de S/C. de Tenerife, una querella únicamente contra dicho señor.

A lo expuesto por el Juez Instructor, tengo que seguir preguntando por qué no fue nunca aportado, ni siquiera citado por la Fiscalía de la Audiencia ni un solo dato de las exhaustivas investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, en las diligencias abiertas por una denuncia mía, en las que solamente apreció indicios de delito en el Sr. Vigara (Resolución de 18-02-2000) lo cual hubiera difuminado desde el inicio al Juez de Instrucción cualquier duda sobre mi actuación, teniendo que soportar, además, comentarios injuriosos sobre mi persona, en los medios de comunicación, como consecuencia de la querella interpuesta por la Fiscalía.

Séptima.- Con fecha 09-03-2004, en relación a la querella presentada por don Víctor Rodríguez Rodríguez, por denuncia y acusación falsas contra mi persona y otros, presenté ante el Juzgado de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, un escrito, solicitando el archivo de la causa, que acompaño bajo el NÚMERO VEINTIOCHO de documentos, mediante el cual solicité el sobreseimiento y archivo de la causa respecto a mi persona, que transcribo por su interés, literalmente, a continuación:

Octava.- De entre los rotundos argumentos expuestos anteriormente en el escrito trascrito, considero que es muy grave lo manifestado por el don Víctor Rodríguez, dada mi condición de Diputado Nacional en los momentos a los que se refiere en su relato. Don Víctor dice en el debate celebrado en "AZUL TELEVISIÓN", en el programa "El Surco", el día 09-10-2002, cuyo CD-ROM, en el que se recoge el debate, que adjunto con el NÚMERO VEINTINUEVE: "Por eso, cuando usted (refiriéndose al que suscribe) habla de que YO QUISE COGER O PAGAR UN DINERO, LO HICE PORQUE YO NO SOY TONTO, A VER QUIEN VENÍA POR LOS 3.000.000, Y ESTUVE ESPERÁNDOLE A USTEDES, Y CUANDO DIJERON, NO, QUE VENGA A MI DESPACHO, LO QUE USTED ME DIJO EN EL AVIÓN, QUE AHORA HABLARÉ TAMBIÉN , QUE VENGA A MI DESPACHO "¡¡CUIDADO SR. DE LA BARREDA!!, PORQUE YO NO VOY A IR A SU DESPACHO A NADA, PORQUE YO NO SOY TONTO, YO SOY UNA PERSONA QUE SI UNA PERSONA VIENE A PEDIRME ESO, VIENE A MI CASA Y YO LO PILLO, PERO NO FUE ASÍ, PORQUE NADIE SE ATREVIÓ. POR LO TANTO NO DI NI UN DURO PARA EL P.P. NI PARA NINGÚN OTRO (...)". De lo que parece desprenderse muy claramente que el Sr. Rodríguez pretendía que yo, teniendo en cuenta de que, en aquellos momentos, era además de Presidente Insular del P.P., un Diputado Nacional, o los Concejales del P.P. de Tegueste fuéramos a buscar ese dinero y tenernos entonces "pillados". Parece que en este caso la Fiscalía de la Audiencia de S/C. de Tenerife "mira hacia otro lado".

Por mi parte, considero que a la vista de lo ya expuesto, sobran más comentarios sobre el estilo de don Víctor Rodríguez, cuando en el propio programa televisivo reconoce que él ofrece a un concejal del Ayuntamieno de Tegueste, que si quiere que le siga comprando en la ferretería, que retire su firma del recurso (recurso contra la calificación urbanística de la finca "El Tagre", finca de la que era propietario don Víctor) que diga que es un montaje, que él paga a los periódicos. Y continuo preguntándome, ¿por qué tenía que pagar a los periódicos?, ¿por qué le amenaza con no seguirle comprando en la ferretería al concejal?, ¿por qué y para qué quería que fuéramos a buscar esos 3.000.000 de ptas?. Sobra cualquier explicación a esas preguntas, ya que transcribo literalmente lo reconocido por el propio don Víctor Rodríguez: "YO QUIERO, SI TU QUIERES SEGUIR SIENDO AMIGO MÍO Y QUE YO COMPRE MÁS EN TU FERRETERÍA, ME TRAES ESA BAJA, ESE ESCRITO, Y DICES QUE ESTO ES UN MONTAJE. YO PAGO LOS PERIÓDICOS Y TU LO DECLARAS Y LO FIRMAS. (...)"¡¡CUIDADO SR. DE LA BARREDA!!, PORQUE YO NO VOY A IR A SU DESPACHO A NADA, PORQUE YO NO SOY TONTO, YO SOY UNA PERSONA QUE SI UNA PERSONA VIENE A PEDIRME ESO, VIENE A MI CASA Y YO LO PILLO, PERO NO FUE ASÍ, PORQUE NADIE SE ATREVIÓ. POR LO TANTO NO DI NI UN DURO PARA EL P.P. NI PARA NINGÚN OTRO (...)".

¿No encuentra en todas estas manifestaciones la Fiscalía, que ahora me acusa, ningún presunto delito por parte de don Víctor Rodríguez?.

¿No es plenamente consciente la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, tal como consta muy claramente en todas las diligencias, que lo único que hice fue limitarme a ejercer mi derecho a la tutela judicial efectiva, cuando la Jueza de Instrucción Nº 3 de S/C. de Tenerife ("Caso "Bango") me cita a declarar y me hacen el ofrecimiento de acciones, por constarle, tal como quedó plenamente probado, que estaba siendo amenazado de muerte, aunque no haya podido determinar con certeza quienes fueron los autores, cómplices y encubridores de esas amenazas, como afirmó la propia Audiencia Provincial?,

Novena.- Pero, si lógicas y racionales eran esas sospechas de la Jueza de Instrucción Nº 3 de S/C. de Tenerife y del Fiscal, mucho más lógicas y racionales son si se constata que en las Diligencias Previas 1.823/98, con el nº 558, la Brigada Provincial de Información, que llevaba la investigación del caso por orden judicial, obra la siguiente "NOTA INFORMATIVA", de fecha 25-02-1999, que adjunto como documento NÚMERO TREINTA, más de un mes antes de realizar yo la declaración judicial, nota de la que transcribo, literalmente, el párrafo final:

Décima.- Es evidente que cuando yo declaré ante la Jueza, lo hice el 26-03-1999, y no el 16-04-1999, es decir, un mes y día después de que fuera emitida esa "NOTA INFORMATIVA", por la "Brigada Provincial de Información", y que cuando me refiero a don Víctor Rodríguez, siempre respondiendo a preguntas de la Jueza y del Fiscal, contesto a esas preguntas a modo de "sospecha" y nunca en forma de "imputación categórica de hechos muy concretos y específicos", motivo por el cual el Juez de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, en el RAZONAMIENTO JURÍDICO TERCERO del Auto del Juez de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, del 01-04-2003, dice textualmente: "… y en relación a lo declarado por el Sr. de la Barreda, refiere que éste manifestó que "hay sospechas", refiriéndose a las preguntas de irregularidades en un pleno municipal" (…) "Salvo mejor criterio, del órgano de apelación, en su caso, las citadas diligencias de instrucción no han aportado ningún hecho susceptible de ser calificado como denuncia en los términos y requisitos que resultan de lo previsto en el art. 456 del C. penal y jurisprudencia que lo interpreta". En dicho Auto, el Juez también dispone lo siguiente: "ACUERDO: El sobreseimiento libre de las actuaciones por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal…".

Pues la Fiscalía tampoco parece que haya leído ese auto de sobreseimiento libre, al que no se opuso, pero si sabe recortar en su escrito de acusación ahora el párrafo de mi contestación a la Jueza de que "hay sospechas", para recomponer mi contestación a su antojo acusatorio contra mi persona sin ningún tipo de indicio racional, lo que sí constituye una auténtica y arbitraria acusación.

Conviene recordar que el mismo Juez de Instrucción Nº 4, había decretado, además, con anterioridad, el 23-10-01, la INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA QUERELLA, interpuesta por don Víctor Rodríguez, procediendo, sorprendentemente, ahora acordar, mediante auto del 24-05-04, la apertura del juicio oral contra mi representado, sin imputarle ningún hecho que revista el más mínimo carácter de delito, basándose el Juez, probablemente, única y exclusivamente en las acusaciones infundadas y temerarias de la renombrada Fiscalía, que, no aplica a don José del Toro y a don Carlos Obón, para los que pide el sobreseimiento, que creo es lo único justo que dicha Fiscal realiza, y en cuyas informaciones, como ha quedado sobradamente acreditado, me apoyé en mi declaración judicial, puesto que eran ellos los que seguían muy de cerca las irregularidades de la finca "El Tagre" y los que iniciaron las denuncias y los que las continúan, como en el caso del Sr. Del Toro, con el recurso de casación, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo.

Décimo primera.- Pero firme, contundente y categórica sí que es la declaración judicial del entonces concejal de Partido Socialista en el Ayuntamiento de Tegueste, don MIGUEL ÁNGEL JEREZ CUBAS, el 17-01-2003, que adjunto como documento NÚMERO TREINTA Y UNO - quien ni siquiera cita mi nombre ni una sola vez - sobre las irregularidades administrativas cometidas por el Ayuntamiento de Tegueste en la concesión de la licencia urbanística a la Finca El Tagre, diciendo que, incluso, se comenzó a construir sin licencia, y el beneficio generado a don Víctor y el perjuicio ocasionado al patrimonio municipal:

Decimo segunda.- Como ya he señalado, el día 24-05-2004, el Juez de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, en contra de lo mantenido, argumentado y manifestado ampliamente en sus autos de "INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA QUERELLA" y el de "SOBRESEÍMIENTO LIBRE", dicta un nuevo auto, mediante el cual declara abierto el juicio oral, señalando en el apartado SEGUNDO de los HECHOS, lo siguiente: "Que por el Ministerio Fiscal y por la pare querellante, se ha solicitado la apertura de juicio oral, acusando a D/Dña. Julia Bango Arocha, Francisco De la Barreda Perez, y Juan José De Armas González y calificando los hechos como constitutivos de un delito de ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA …". Queda muy claro, que el Juez no me imputa ningún hecho delictivo, basando la acusación única y exclusivamente, en esas temerarias acusaciones, en las que se narran hechos absolutamente inciertos, por parte del querellante y de la Fiscalía, a pesar de que la Fiscalía no se opuso, en su día, a los autos de "inadmisión a trámite de la querella" y de "sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones" y que, de lo posteriormente actuado, no se aporte ni aparezca ningún indicio de delito en toda mi actuación.

Décimo tercera.- Tengo que reiterar que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, que no se había opuesto a los autos de INADMISIÓN DE LA QUERELLA y de SOBRESEÍMIENTO LIBRE, en su escrito de acusación de fecha 20-05-2004, en relativo a mi persona, me acusa ahora en base a lo siguiente:

Lo cual, evidentemente, requiere que deba hacer las siguientes precisiones a las infundadas y temerarias acusaciones de la Fiscal:

Una.- De la simple lectura comparativa de de mi declaración judicial en el "Caso Bango" y de la acusación realizada por citada Fiscalía, se aprecia inmediatamente la tergiversación por parte de la misma de lo realmente manifestado por mí, omitiendo, en primer lugar, deliberadamente, la siguiente frase: "considerando que dado que se trata de un parlamentario constituye un grave atentado amenazarle no solo por él mismo, sino por lo que representa".

Y en segundo lugar, para poder continuar la Fiscalía con esa manipulación, no respeta íntegramente las respuestas que di a las preguntas que me formuló la Jueza de Instrucción, sino que añade, entre paréntesis, párrafos de su propia cosecha, para incrementar su torcida finalidad acusatoria y elimina párrafos completos dentro de la misma respuesta, de forma que solamente recoge lo que señalo subrayado, en mi respuesta, que transcribo, literalmente, a continuación: "Preguntado hasta qué punto este tipo de amenazas le han intimidado o asustado, manifiesta que no es una persona miedosa pero que es sensata y que los hechos han venido demostrando que las amenazas se han convertido en realidades de auténticos asesinos, lo que le obliga incluso a mantener escolta policial, considerando que dado que se trata de un parlamentario constituye un grave atentado amenazarle no solo por él mismo, sino por lo que representa. Preguntado que finalidad se persigue con esto, manifiesta que estima que no solo por el asunto de Tegueste sino por muchas más cosas".

¿Por qué la Fiscal no respeta en su acusación el texto literal de mi respuesta?. Dónde se aprecia en esta contestación mía una acusación categórica de hechos muy concretos y específicos dirigida contra persona determinada, cuando lo que hago es responder a una pregunta de la Jueza ("estimando" que en modo alguno "es afirmar categóricamente o rotundamente") que lo que se persigue con esas amenazas de muerte y agresiones: "estima que no solo por el asunto de Tegueste sino por muchas más cosas", pues se daba la circunstancia de que con anterioridad a esas amenazas ya había denunciado el robo en mi despacho, de Presidente Insular, en la sede del P. P. de S/C. de Tenerife (Diligencias nº 1.682/98 en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de S/C. de Tenerife) y había presentado otras denuncias en el seno de mi propio partido, por presuntas irregularidades en asuntos de mucho calado económico y político, como la presunta ilegalidad en la autorización de una licencia que se pretendía conceder ilegalmente a grandes superficies, la presunta concesión irregular del gas ciudad, y la presunta concesión irregular de un parque eólico en Fuencaliente (La Palma), que fueron asuntos denunciado por mí ante la "Dirección Regional" y "Nacional del P.P.", como consta probado en la sentencia que me absuelve en la demanda del Sr. Vigara, y debatidos también en una "Comisión de Investigación en el Parlamento de Canarias", la cual no apreció nunca ninguna irregularidad en mis denuncias y sí "imprudencia política" e "irregularidades administrativas" en la actuación del denunciado, don Alfredo Vigara Murillo, mi sustituto en el cargo de Consejero de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias , después de mi voluntaria dimisión, e incluso las denuncias que presenté ante el "Fiscal Anticorrupción", quien ratificó la veracidad de las mismas. Sorprendentemente, otra Fiscal, tal como ya he comentado, interpuso una querella, posteriormente, contra mi persona, sin hacer ninguna mención a la enviada por la propia Fiscalía Anticorrupción.

Al respecto, he de recordar que, don Alfredo Vigara Murillo, interpuso también una demanda civil en defensa de su honor, en el Juzgado de 1ª Instancia Nº Cinco, de S/C. de Tenerife (Procedimiento nº 177/99) que fue desestimada por dicho Juzgado, imponiéndole, incluso, el pago de la totalidad de las costas, por considerar que mis denuncias, de una presunta prevaricación del Sr. Vigara, estaban plenamente justificadas. Dicha sentencia (que adjunto al final del Recurso de Reforma, que figura como documento nº 12, de las Diligencias Previas 2.604/2000 – Juzgado de Instrucción Nº 1) fue confirmada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial, de fecha 11-11-2000, que se adjunta como documento NÚMERO TREINTA Y DOS.

Transcribo, a continuación, literalmente, algunos párrafos de los FUNDAMENTOS JURÍDICOS de citada sentencia de la Audiencia Provincial, que prueba, una vez más, el rigor con que siempre he planteado mis denuncias, las cuales han dado lugar, injustamente, a querellas y acusaciones de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, absolutamente injustificadas, incluso cuando me he visto amenazado de muerte y fui invitado por la jueza a personarme en las Diligencias en calidad de perjudicado:

En dicha sentencia se constata muy claramente los visos de credibilidad que me otorga la Audiencia Provincial: "la actuación de la Fiscalía Anticorrupción (lo que acredita los visos de realidad y la trascendencia e interés de lo denunciado" (avalando muy claramente la Sala de este modo mis denuncias) sentencia que no solo no tuvo en cuenta la Fiscal, sino que interpuso una inexplicable querella por prevaricación (cuando había sido yo el denunciante) contra mi persona, querella, que de forma rotunda, archivó en lo referente a mi persona el Juez de Instrucción Nº 1-

Tres.- Con respecto a lo que me acusa citada Fiscalía, sacando también completamente del contexto lo declarado por mí, en su segundo párrafo, debo manifestar que lo que realmente declaré, literalmente, fue lo siguiente y no lo que ella tergiversa y que muestro subrayado:

Nuevamente puede constatarse muy claramente como la Fiscalía tergiversa la literalidad de mi contestación, suprimiendo párrafos de mi declaración y enlazándolos a su libre albedrío.

La veracidad de lo por mí declarado, se constata también en la declaración judicial de don CARLOS OBÓN RODRÍGUEZ, el 24-03-99 (dos días antes de declarar yo) que adjunto como documento NÚMERO TREINTA Y CUATRO, en la que ratifica que lo que yo declaré en el párrafo anteriormente reproducido, fue basándome en lo que el propio Sr. Obón me informó personalmente al terminar el Comité Ejecutivo celebrado en agosto en Güimar.

Décimo cuarta.- Y el rigor de toda mi actuación como Presidente Insular del P.P. y Diputado Nacional, así como de lo que manifesté en la declaración judicial, se constata también en la declaración judicial de don JOSÉ JUAN IGNACIO DEL TORO MONTESDEOCA, que adjunto como documento NÚMERO TREINTA Y CINCO, realizada el 24-03-1999, el mismo día que declaró don Víctor Rodríguez, como imputado ante la Jueza de Instrucción, es decir, dos días antes que yo prestase declaración ante la misma Jueza.

Transcribo, a continuación, de forma literal, aquellos párrafos de la declaración judicial del Sr. del Toro (páginas nº 551 a la nº 553 de las Diligencias del "Caso Bango") en la que se puede constatar la veracidad de mi declaración, que basé en la información que me venía de doña Julia Bango, de don Carlos Obón y don José del Toro, personas que seguían muy de cerca esas irregularidades urbanísticas:

De todo lo anteriormente expuesto se aprecia muy claramente el disparate jurídico que comete la Fiscalía de acusarme, y, por el contrario, no acusar al Sr. Obón y al Sr. del Toro (extremo del que me alegro porque creo que son dos personas que han actuado defendiendo la verdad y sin mala fe hacia nadie ni hacia nada) porque mi declaración ante la Jueza se basa en informaciones que me facilitaban esos dos señores, lo que se constata al leer sus declaraciones y también en las que me daba doña Julia Bango. Pero el colmo del disparate de la acusación por parte de la Fiscal es que me imputa decir lo mismo que también declaran judicialmente don Alfredo González García y también don Víctor Rodríguez, solo que ellos se contradicen entre sí, en el sentido que don Alfredo, dice que don Víctor le pidió concertar una entrevista conmigo, como Presidente Insular de P.P. y don Víctor Rodríguez, dice que le pidió una entrevista a don Alfredo con los concejales de Tegueste.

Y en cuanto a las donaciones, parece que la Fiscalía no ve, o más bien no quiere ver lo que figura en las Diligencias, aunque esté en un CD-ROM, que contiene imágenes y sonido, lo que también puede leer, en parte, porque los he trascrito en documentos que figuran en las Dililgencias, pues como también he señalado anteriormente, don Víctor Rodríguez manifestó muy claramente en el debate de "AZUL TELEVISIÓN", en el sentido de que ofreció al concejal del P.P., don Manuel Pérez que retirara su firma del recurso (contra la calificación de la finca "El Tagre") si quería que le siguiera comprando en la ferretería y que dijera que ese asunto era un montaje que él pagaba los periódicos:

"YO QUIERO, SI TU QUIERES SEGUIR SIENDO AMIGO MÍO Y QUE YO COMPRE MÁS EN TU FERRETERÍA, ME TRAES ESA BAJA, ESE ESCRITO, Y DICES QUE ESTO ES UN MONTAJE. YO PAGO LOS PERIÓDICOS Y TU LO DECLARAS Y LO FIRMAS.

Y en cuanto a mi persona don Víctor, dijo, también, en el citado debate televisivo: "Por eso, cuando usted (dirigiéndose a mí) habla de que YO QUISE COGER O PAGAR UN DINERO, LO HICE PORQUE YO NO SOY TONTO, A VER QUIEN VENÍA POR LOS 3.000.000, Y ESTUVE ESPERÁNDOLE A USTEDES, Y CUANDO DIJERON, NO, QUE VENGA A MI DESPACHO, LO QUE USTED ME DIJO EN EL AVIÓN, QUE AHORA HABLARÉ TAMBIÉN, QUE VENGA A MI DESPACHO ¡¡CUIDADO SR. DE LA BARREDA!!, PORQUE YO NO VOY A IR A SU DESPACHO A NADA, PORQUE YO NO SOY TONTO, YO SOY UNA PERSONA QUE SI UNA PERSONA VIENE A PEDIRME ESO, VIENE A MI CASA Y YO LO PILLO, PERO NO FUE ASÍ, PORQUE NADIE SE ATREVIÓ. POR LO TANTO NO DI NI UN DURO PARA EL P.P. NI PARA NINGÚN OTRO (...)".

Décimo cuarta.- Otra prueba de la arbitrariedad de la Fiscalía respecto a su acusación contra mi persona, se demuestra en el hecho de que, manifestando el que suscribe en la declaración judicial tantas veces mencionada, lo que me dijo don Carlos Obón sobre lo acontecido en el Comité Ejecutivo celebrado en Güimar, extremo que ratifica el Sr. Obón en su declaración judicial, y que también declara don José del Toro, la Fiscalía pide para ellos el sobreseimiento provisional, al amparo de lo dispuesto en el art. 641 Nº 2 del Código Penal y para mi persona una multa de 24 meses a razón de 100 euros diarios, mucho más que la propia acusación particular, que solicita 20 meses a razón de 20 euros diarios .

Es evidente que la acusación que realiza la Fiscalía contra mi persona, cuando menos, se debe de calificar de además de injusta e infundada, de absolutamente temeraria y tendenciosa.

Y abundando en el motivo en que basaba y baso mis justificadas sospechas sobre delitos impunes, transcribo a continuación el borrrador de informe que me entregó don Carlos Obón Rodríguez el 18-01-1999, que adjunto como NÚMERO TREINTA Y SEIS, y en el que ratificó su autenticidad, en la declaración que prestó ante don Carlos Argos, miembro del "Comité de Derechos y Garantías del P.P.", que figura en las Diligencias Previas nº 4.660/2001 del Juzgado de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, aportada por mí junto al escrito de fecha 25-06-2002, que acompaño también al presente como documento NÚMERO TREINTA Y SIETE:

¿Tampoco ha leído este documento la Fiscalía?.

Injusta situación que no he visto aplicar a ningún otro Diputado Nacional ni Regional y que llevo soportando desde 1996 y de manera muy intensiva, desde 1998, sin otros medios que no sea el dictado de mi conciencia y el recto proceder por el siempre he dirigido todos mis actos.

Décimo sexta.- Con respecto a otro aspecto por el que me acusa la Fiscalía, sacando mi declaración de su propio contexto, y que figura en su tercer párrafo de su escrito acusatorio , debo manifestar que lo que yo declaré realmente fue lo siguiente:

"Preguntado si tiene constancia de que el Sr. Rodríguez haya podido hacer llegar dinero a los del grupo de gobierno de Tegueste para conseguir sus fines, manifiesta que hay sospechas por la forma de realizarse el pleno, porque es el único constructor que ejecuta obras para el Ayuntamiento de Tegueste".

Es decir, la Fiscalía no incluye en su escrito de acusación textualmente lo que yo declaré, sino que recompone mi frase a su manera, exponiendo como declarado por mi, lo que figura subrayado: "que pudo haber llegado dinero a los del grupo de Gobierno de Tegueste para conseguir sus fines (Víctor Rodríguez)", pero corta mi frase y elimina el siguiente párrafo: "manifiesta que hay sospechas", para continuarla: "dada la forma de realizarse el pleno, porque es el único constructor que ejecuta obras para el Ayuntamiento de Tegueste", lo que significa una burda y descarada manipulación con un clara finalidad acusatoria hacia mi persona.

Y resulta más que evidente que a la Fiscalía no se le puede ocultar la importante diferencia de que una cosa es imputar de forma categórica, y otra muy diferente es responder, como yo hice, a una pregunta que formula la Jueza diciendo: "manifiesta que hay sospechas", (párrafo que elimina deliberadamente la Fiscal en su escrito de acusación) las mismas sospechas que tenía en aquellos momentos la policía, el Fiscal y la Jueza que investigaban el caso, motivo por el cual imputó a don Víctor Rodríguez, antes de mi declaración y la mantuvo después de declarar, sin que la Jueza y el Fiscal me abriesen Diligencias, como estaban obligados a hacerlo, en el caso de apreciar cualquier indicio, por considerar que estaba actuando y declarando con falsedad y con mala fe, procediendo al final de mi declaración, por el contrario, a realizarme el ofrecimiento de acciones, por considerarme perjudicado.

Quizá por todo ello, a mis 54 años de edad, en los múltiples cargos que he desempeñado en la vida de tipo profesional, política, económica, social y religiosa, me atrevo a decir, pecando, probablemente, de cierta falta de humildad, no he tenido nunca ningún tipo de apercibimiento, sanción o condena, pero sí acusaciones y una querella de la Fiscalía de S/C. de Tenerife.

Décimo séptima .- Y si cabía alguna duda de las sospechas que tenía y tengo, con independencia de todas las vertidas en los medios de comunicación por otras personas, puesto que solamente hablé de don Víctor Rodríguez en mi declaración, a preguntas de la Jueza y del Fiscal, trascribo a continuación el párrafo de la "NOTA INFORMARTIVA" de la "Brigada Provincial de Información", que figura en la página 558 de las Diligencias Previas 1.823/98, a la que he hecho referencia en la alegación novena del presente escrito y que adjunto a este escrito (documento nº 30) que sí expone muy claramente las sospechas que sí tenía ya la policía el 25-02-99, y que, literalmente, dice lo siguiente:

LOCALIDAD Y FECHA: Santa Cruz de Tenerife, 25 de Febrero de 1999 NOTA Nº: 0015

Llegado a este punto me veo obligado a formular la siguiente pregunta: ¿Tampoco ha visto la Fiscalía este escrito, así como el fax amenazante enviado a doña Julia Bango desde la sede del P.P.; las huellas dactilares aparecidas en el expediente de "El Tagre", que manifestó no haber visto nunca, y las contradicciones de doña Elvira González Cánovas, la esquela con amenazas de muerte hacia doña Julia y hacia mi persona, los partes médicos de doña Julia Bango con "policontusiones" y "traumatismo cranoencefalico"y un largo etc., todo lo cual figura en las Diligencias Previas 1.823/98?.

Absoluto rigor y coherencia con todos los hechos que se venían produciendo, es lo que se desprende muy claramente de mi declaración judicial (folios nº 596 y siguientes de las Diligencias 1.893/98) realizada el 26-03-1999. Como ya he señalado, dos días después de que declara don Víctor Rodríguez y que fuera imputado por la Jueza.

Décimo octava.- De todo lo expuesto, se deduce muy claramente, que el que suscribe ha actuado en todo momento sin malicia, ni con dolo falsario, lo cual excluye, por si solo, a la vista de la ley y la jurisprudencia, la comisión de un delito de denuncia y acusación falsa.

Décimo novena.- Debo añadir que el 30-04-2001 fue interpuesta una querella por don Ignacio González Santiago, don Alfredo González García y don Miguel Ángel Labrador Díaz, en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de S/C. de Tenerife, contra doña Julia Bango y contra mí, que fue archivada primero por el Juez con respecto a mi persona y después también en lo referente a doña Julia Bango, y que fue recurrida por los querellantes únicamente contra doña Julia Bango, querella que archiva finalmente la Sección II de la Audiencia Provincial, mediante el Auto de 16-10-2003, que se acompaña bajo el NÚMERO TREINTA Y OCHO de documentos, en el que manifiesta de forma absolutamente categórica lo siguiente:

Debo resaltar que doña Julia Bango Arocha había imputado directamente a don Ignacio González Santiago, ante la Jueza de Instrucción Nº 3 de S/C. de Tenerife, una de las llamadas amenazantes, tal como consta a continuación:

Vigésima.-También conviene destacar que la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de S/C de Tenerife, en el Auto del 02-05-2000, al resolver el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por mí, contra el sobreseimiento provisional de las actuaciones, dice lo siguiente: "... no se descarta que todo ello, como afirman los recurrentes, sea fruto de una trama con distribución de roles para la ejecución de la misma ...".

Vigésimo primera.- Por otra parte, como ya he señalado, ni propia la Juez Instructora, ni el Fiscal del denominado "Caso Bango" apreciaron indicios delictivos de denuncia y acusación falsa y simulación de delito en mi conducta, pues, de lo contrario, tendrían que haberlo hecho constar y deducir el tanto de culpa al respecto, cosa, repito, no hicieron en las actuaciones judiciales de la causa del mencionado caso.

Al respecto, debo recordar lo que dice el último párrafo del art. 456 del C. Penal:

Como es buen sabido, el mandato de proceder no es una facultad, sino un deber del Juez o Tribunal, que tiene la obligación de llevar a cabo siempre que concurriesen "meritos bastantes" para abrir un nuevo proceso; por consiguiente, la pasividad del Juez o Tribunal queda exclusivamente justificada en la falta de apreciación de dichos méritos.

Así concebido, el segundo párrafo de citado artículo (anteriormente el art. 325) constituye, como ya destacó la Sentencia de 7-6-1888 (JC 27) "(...) una garantía procesal, otorgada a favor del denunciante o acusador, para que por razón de la denuncia o acusación no pueda ser procesado criminalmente sino por motivos muy fundados, rectamente apreciados por el Tribunal que conoce el hecho a que se refiere la denuncia o acusación".

¿Tampoco conoce la Fiscalía esos criterio que aplica muy acertadamente ese criterio jurisprudencial?.

Resulta muy claro, que el que suscribe, nunca ha efectuado denuncia, ni acusación falsa contra nadie. En las D.P. 1.823/98 del Juzgado de Instrucción Nº 3, de los de S/C. de Tenerife, está acreditado que fui sujeto pasivo de los delitos de amenazas de muerte (en aquellos momentos era Diputado Nacional y Presidente Insular del PP de Tenerife) por lo que reitero, una vez más, me fueron ofrecidas las acciones del art. 109 de la L.E.Crim., como perjudicado, ejercitando mi derecho legal, a personarse en las citadas diligencias judiciales como acusador particular. Adjunto escrito del Juzgado como documento NÚMERO TREINTA Y NUEVE.

En consecuencia, no he inventado hechos reputados de falso. Tanto el auto de SOBRESEÍMIENTO PROVISIONAL de las Diligencias Previas 1.893/98, que acompaño bajo el NÚMERO CUARENTA de documentos, como los autos posteriores que confirmaron el mismo, corroboraron la existencia de hechos que revisten el carácter de delito, pues la causa de archivo se hace en virtud del art. 641.2 de la L.E.Crim. y CON LA NATURALEZA POR ELLO DE PROVISIONAL.

Tanto en mi declaración judicial, como en los escritos en los que ejercito el derecho al recurso (derecho fundamental a la tutela judicial efectiva) como en otros escritos forenses, lo que hice fue mantener una CONVICCIÓN RAZONADA de la existencia de indicios racionales de criminalidad respecto a personas determinadas, tomando la existencia de hechos delictivos ciertos (así, repito, lo corroboran las resoluciones judiciales de sobreseimiento provisional) y de un análisis y estudio de lo practicado en las diligencias judiciales de referencia.

Es muy importante destacar al respecto, que para llevar a cabo la acusación particular que ejercité, nunca dispuse de las copias ni testimonio de dichas diligencias judiciales, a pesar de haberlas solicitado con reiteración al Juzgado de Instrucción Nº 3 de S/C. de Tenerife, sobre todo para formular los recursos correspondientes, con plazos perentorios, siendo la respuesta del mencionado Juzgado, incomprensiblemente, en unos casos, la negativa y en otros, la dilación o el silencio. Por ello he tenido que recopilar, de forma manuscrita, lo más importante de tan voluminosas diligencias judiciales que superan los 2.000 folios.

POR TANTO, ES MÁS QUE EVIDENTE Y RESULTA PROBADO QUE FALTA EL REQUISITO DEL DOLO O INTENCIÓN DE FALTAR A LA VERDAD RESPECTO A LOS CITADOS DELITOS DENUNCIADOS, por cuanto, según la Jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, los delitos de denuncia y acusación falsa y simulación de delito, no cabe la comisión culposa de los mismos, además de establecer que no existe tales delitos en los casos, como en el presente, donde no solo se tiene la certeza de la comisión de los delitos objeto de aquellas diligencias judiciales, sino, también, la sospecha razonada de la intervención y participación de las personas imputadas por la Jueza en las mismas. No habiendo puesto yo en duda en ningún momento, las denuncias efectuadas por doña Julia Bango Arocha, abogada que realizaba su labor en el partido de forma absolutamente desinteresada.

PERO TAMBIÉN RESULTA CIERTO Y PROBADO, QUE EL MINISTERIO FISCAL, COMO OCURRE EN ESTE CASO, LEJOS DE APOYAR E INVESTIGAR MIS DENUNCIAS, HA PROCEDIDO A IMPUTARME DELITOS QUE NUNCA HE COMETIDO, EN LOS QUE, EN TODO CASO, HE TRATADO DE IMPEDIR QUE OTROS PUDIERAN COMETER Y TENER QUE SOPORTAR POR ELLO AMENAZAS DE MUERTE, OBLIGANDOME A TENER ESCOLTA POLICIAL DURANTE MIS NUMEROSOS VIAJES A MADRID, Y LAS CONSIGUIENTES REPERCUSIONES EN MIS FAMILIARES MÁS DIRECTOS, PARA CUMPLIR CON MIS OBLIGACIONES DE DIPUTADO NACIONAL.

En el supuesto de que se admitiera la posibilidad de actuar judicialmente contra una persona, como ha sucedido en mi caso y está sucediendo como consecuencia de esta querella, porque he tenido la opinión y la convicción razonada de la comisión de hechos delictivos y la presunta intervención en los mismos de una serie de personas, haría que se sancionase injustificadamente el ejercicio de mi derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la C. E.) a través de mi personación en la causa de referencia ("Caso Bango") como acusador particular y de mi derecho a los recursos legalmente establecidos. Y tal como dice la Sala 2ª del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, si en los casos de archivo de una causa judicial se procediera posteriormente, por denuncia o acusación falsa o simulación de delito, contra el denunciante, a pesar que éste tuviera la convicción y la opinión que la comisión de hechos delictivos por las personas denunciadas, se podría correr el riesgo de que los ciudadanos no denunciasen los delitos, dejando así sin efecto el derecho fundamental a la denuncia y a la libre opinión, con la consiguiente impunidad de esos delitos.

Las imputaciones a estas personas, parece que así hay que aclarárselo todavía al querellante y también a la Fiscalía de S/C. de Tenerife, fueron efectuadas en el "Caso Bango" formalmente por resoluciones del Juzgado de Instrucción Nº 3 de S/C. de Tenerife, las cuales se volvieron a dictar, manteniéndolas en dicha condición de imputados, incluso, después, de tomarles declaración en sede judicial a éstos, CON ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. Imputaciones, por si lo anterior no bastara, que fueron confirmandas por la Superioridad en los recursos que elevaron los mismos imputados (Vid. declaraciones y piezas de situación personal de éstos, incluida la de don Víctor Rodríguez Rodríguez ). Siendo el Ministerio Fiscal (vid. Diligencia de declaración de D. Jorge Villalba Rodríguez – EricK- de fecha 09-06-1999, documento NÚMERO CUARENTA Y UNO) impulsor de alguna de las imputaciones y no oponiéndose a las de los demás que tuvieron el carácter de imputados.

Por último, adjunto la declaración judicial de doña Julia Bango Arocha ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 de S/C. de Tenerife, el 16-04-1999, que adjunto como documento NÚMERO CUARENTA Y DOS, en cuya declaración, además de aportar una serie de documentos, solicitó la práctica de pruebas en un claro ánimo de colaborar con el Juzgado en esclarecer las causas de las amenazas de muerte, de las que fuimos sujetos pasivos y de las agresiones físicas que ella venía sufriendo, sin que por parte de ese Juzgado se nos abrieran diligencias por acusación, denuncias falsas y simulación de delitos, y por lo que, sorprendentemente, sin embargo, también he tenido que soportar varias temerarias querellas, que han sido archivadas, a excepción de la de don Víctor Rodríguez Rodríguez, que también ha sido archivada en dos ocasiones por el Juez de Instrucción Nº 4 de S/C. de Tenerife, con claros y contundentes fundamentos jurídicos, y con el visto bueno del Ministerio Fiscal, que ahora, en contra de sus propios actos y sin ninguna justificación, acusa también a doña Julia Bango y a mí, dándose la importante "circunstancia", que también hemos sido los únicos que hemos presentado, en estas causas anteriormente citadas, quejas ante el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, contra la Fiscalía de la Audiencia Provincial de S/C. de Tenerife, por considerar que en lugar de favorecer la investigación de mis fundadas y probadas denuncias, por el contrario, he sido perseguido con querellas y acusaciones absolutamente temerarias.

POR TODO ELLO NO PUEDE HABLARSE DE IMPUTACIÓN FALSA, y, en consecuencia, por esto y por todo lo anterior, no procedía ni procede la admisión de la querella que me interpuso don Víctor Rodríguez, y mucho menos la acusación de la Fiscalía de S/C. de Tenerife, que sin dudad, ha sido la principal causante de la apertura de juicio oral contra mi persona.

En su virtud,

SOLICITO AL EXCMO. SR. FISCAL GENERAL DEL ESTADO que, habiendo por presentado este escrito y documentos acompañados, se sirva admitirlo; tenga por formulada la presente QUEJA contra la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos de investigar, recabando toda la información y documentación que fuere menester, si ha habido por parte de dicha Fiscalía una actuación arbitraria y temeraria también en esta ocasión, en la acusación contra mi persona, depurando las responsabilidades a que hubiere lugar y en su caso, restablecer su actuación obligándole a ajustarla a la legalidad. Es de justicia.

En Santa Cruz de Tenerife, a catorce de junio de dos mil cuatro.

Correo electrónico fbarreda@telefonica.net