Diario de Avisos, 2-5-02

Francisco de la Barreda, abogado, ex presidente insular y ex diputado nacional del Partido Popular de Tenerife, ha presentado una querella criminal, por los delitos de calumnias e injurias graves vertidas con publicidad, contra el ex subdelegado del Gobierno en Tenerife, Heliodoro Rodríguez Segovia, funcionario de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, así como contra cualquier otra persona o personas que resulten responsables de la investigación de los hechos que denuncia, relacionados todos ellos con el llamado `caso Bango', que surgió tras las denuncias de allanamiento del despacho profesional de la abogada Julia Bango Arocha el 4 de septiembre de 1998.

Solicita el querellante al juzgado la acumulación a esta querella de las diligencias previas 4.831/2201 del Juzgado de Instrucción número 4 que se siguen contra el mismo querellado por cuenta de Antonio Tur; por los mismos delitos citados.

Francisco de la Barreda subraya que en ambos casos el ex delegado imputa a los dos querellantes los delitos de conspiración, acusación y denuncia falsa y simulación de delito. Y recuerda que Julia Bango también se querelló contra Heliodoro Rodríguez, por los antedichos delitos del párrafo anterior, que se siguen en diligencias número 1.290/2002.

De la Barreda cita los avatares jurídicos que se han sucedido en el `caso Bango' y la incomparecencia de Rodríguez Segovia a la demanda de conciliación que tuvo lugar el 6 de marzo pasado en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz, tras las declaraciones del ex subdelegado del Gobierno a diversos medios informativos de prensa, radio y televisión en los que aludía a que los hechos ocurridos no eran tan reales como se había dicho, sino un bluff o un montaje.

Para De la Barrada, todo lo acontecido constituye una intromisión ilegítima en su derecho al honor, lo que considera que le ha causado graves perjuicios e importantísimos daños morales, que evalúa en 50 millones de pesetas.

En su argumentación jurídica, el querellante subraya que a su juicio se ha superado el ámbito legal de la libertad de expresión y de información al utilizar apelativos injuriosos con fines de menosprecio.

Como complemento de su querella, De la Barreda solicita que sean interrogados en el juzgado la abogada Julia Bango, tres empleados de la Subdelegación del Gobierno, cuatro funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, encabezados por el comisario jefe provincial, y cuatro periodistas de otros tantos medios de comunicación social. Y todo ello -concluye- para comprobar la veracidad de los hechos denunciados.