La Provincia, 28-1-04

La Comunidad de Canarias abre las puertas a los empleados públicos del Estado y de otras autonomías

El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, firmó con la ministra de Administraciones Públicas, Julia García-Valdecasas, un convenio de movilidad laboral para los funcionarios por el que los empleados públicos del Estado y de otras autonomías podrán acceder a un puesto de la administración canaria. A su vez, hasta 4.000 funcionarios del Gobierno regional podrán presentarse a oposiciones de oferta pública de empleo convocadas por la Administración del Estado y de otras siete autonomías, además de Ceuta y Melilla.

Este es el contenido del convenio suscrito ayer por los ejecutivos central y regional en Madrid y que tendrá efecto inmediato en cualquier convocatoria de oposiciones que las administraciones afectadas hagan en el futuro. García-Valdecasas aclaró ayer tras le firma del acuerdo que este derecho estaba ya reconocido legalmente pero que "no había manera de ejercerlo" hasta que en noviembre de 2002 el Estado firmó un acuerdo de movilidad con los sindicatos y posteriormente los correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas que desearan aplicarlo.

INMEDIATA. Hasta este momento, además de Canarias han suscrito las regiones de Madrid y Melilla y tiene previsto hacerlo de forma inmediata las de Murcia, Baleares, Ceuta, La Rioja, Castilla-León y Galicia. Los funcionarios canarios podrán optar a partir de ahora a plazas de estas administraciones además de las del Estado.

La plantilla pública que podrá beneficiarse del acuerdo asciende a 150.000 funcionarios estatales y a más de 40.000 autonómicos siempre que se trate de funcionarios civiles que no sean personal docente ni estatutario, que cuentan con mecanismos de movilidad propios. Con la incorporación de otras regiones, los beneficiados serán 254.000, según el Ministerio de Administraciones Públicas.
El acuerdo respeta las competencias de cada Administración Pública y está basado en el principio de cooperación. Contempla la obligación de abrir un mínimo de un 5 por ciento de los puestos de cada administración firmante y la de celebrar al menos un concurso anual en el que figuren puestos abiertos, garantizando todos los derechos adquiridos de los funcionarios afectados por la movilidad.

La ministra consideró el convenio como "positivo" ya que favorece y fomenta la cooperación entre administraciones, en tanto que Adán Martín destacó que para Canarias este convenio tiene especial sentido por la condición insular de la comunidad canaria. "Este convenio es necesario y significa un estímulo para el funcionariado, que tiene que estar más incentivado también para facilitar la movilidad en Canarias", resaltó el presidente canario.