Sí, ¡Canarias expoliadas!, porque el continuo drenaje de recursos que sufre la economía canaria, desde hace décadas -por no remontarme a épocas pasadas-, es ¡un auténtico expolio!. ¿Dónde van a parar los enormes beneficios obtenidos en nuestra tierra por todas las empresas foráneas establecidas en todo el Archipiélago, y que ni siquiera cotizan aquí?.

No hay más que observar la cantidad de bancos, empresas financieras, de alimentación, distribución y otras, que operan en nuestro territorio (¡no hay ningún banco canario!), donde cada día se abre una nueva sucursal, para poder comprobar el saqueo al que estamos sometidos los canarios. Porque, desgraciadamente, esos recursos económicos generados en canarias ¡no se quedan aquí!.

Me produce gran tristeza, y hasta pena me da, cuando los canarios timoratos se preguntan aturdidos y confundidos: "¿de qué vamos a vivir?", cuando se les plantea como única alternativa de futuro, la necesaria independencia de Canarias.

¿Es que los operadores financieros (bancos, cajas, aseguradoras, etcétera) y las multinacionales y agentes turísticos que desarrollan su actividad en Canarias son ONGs?. ¿O a usted, canaria/o, el Estado español le envía a su casa, cada mes, un sobre con su sueldo?. ¡Es evidente que si Canarias no generara riqueza, todas estas empresas no estarían aquí!. ¿De dónde sacaba la España franquista las divisas, sino del sector turístico canario y de la agricultura de exportación (plátanos y tomates)?.

Pero, toda esta sangrante situación, contraria y enormemente perjudicial para nuestros legítimos intereses, obedece a una constante histórica en la política depredadora de España en sus colonias (Canarias es lo único que queda del Imperio Español, más abajo de las Columnas de Hércules), donde, a las masacres de nativos -guanches incluidos en la cruenta conquista y evangelización, por la fuerza de las armas, le siguió, de forma implacable y despiadada, un feroz y voraz saqueo de las riquezas de estos territorios a los que, cínicamente, se les calificaba con el eufemismo de provincias.

Ahora se va a perpetrar en nuestro Archipiélago -con la mayor impunidad, y dada la indefención jurídica y política de Canarias-, el gran expolio del siglo, por parte de REPSOL YPF, con la explotación de los yacimientos petrolíferos localizados en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura, y que según el presidente de dicha compañía, Alberto Cortina, las primeras extracciones comenzarán en el primer semestre del 2004.

Con el agravante, de que se le está hurtando al pueblo canario el verdadero debate sobre esta controvertida cuestión (como siempre, interesa que en Canarias prime lo accesorio sobre lo fundamental), que no es otro, que la propiedad de estos yacimientos. ¿A quién pertenece realmente ese petróleo?.

En primer lugar hay que decir, con toda claridad y contundencia, que los permisos dados en su día por el Gobierno español a REPSOL YPF para realizar prospecciones en aguas canarias (BOE, 23 de enero de 2002), son nulos de pleno derecho y, por tanto, recurribles ante los Organismos Internacionales que procedan, dada la flagrante conculcación del Derecho Internacional Marítimo.

España autorizó dichos permisos, aprovechando el subterfugio legal de la entrada en vigor, año 2000, del Reglamento comunitario, y concretamente por la puesta en práctica del Sistema de localización de buques pesqueros vía satélite; y apoyándose en la Ley 15/1978 de 20 de febrero sobre Zona Económica Exclusiva, ¡que no está desarrollada!.

Mediante esta chapuza jurídica, el Estado español estableció las coordenadas geográficas paró delimitar las "aguas jurisdiccionales españolas" en la zona del Archipiélago canario, trazando la mediana con Marruecos, desde Canarias, -sin haber sido aceptada por este País-, con quien pretende ahora, explotar conjuntamente los yacimientos de petróleo a uno y otro lado de esa mediana virtual, que no se sostiene con el Derecho Marítimo en la mano, España, por consiguiente, ha invocado la españolidad de Canarias, en base a su soberanía política, que entra en colisión con el criterio de localización geográfica consagrado en el Derecho contemporáneo, para atribuirse, a su vez, la soberanía de unos espacios marítimos que, si bien están establecidos -Ley 15/1978-, no están delimitados, por lo que no existen jurídicamente.

Para clarificar esta cuestión y esclarecer este confuso panorama, debemos ahora establecer la diferencia jurídica entre ambos conceptos. En efecto: la delimitación de los espacios marítimos de un Estado tiene dos aspectos importantes: uno de Derecho interno y otro de Derecho Internacional. En el orden interno corresponde al Estado ribereño proclamar el establecimiento de dichos espacios y sus dimensiones; y al orden internacional, corresponden las actuaciones que se han de llevar a cabo para delimitar los espacios que corresponden a este Estado con los que correspondan a otros Estados limítrofes u opuestos y, por tanto, con aguas adyacentes.

Por lo que se refiere a la Zona Económica Exclusiva, existe una diferencia importante con la plataforma continental (donde están los yacimientos petrolíferos), ya que, para el establecimiento y existencia legal de la ZEE es necesaria una proclamación por parte del Estado instituyéndola y determinando sus dimensiones, los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental existen ipso iure, sin necesidad de ninguna declaración.

La plataforma continental, como ha señalado repetidamente el Tribunal Internacional de Justicia, constituye un derecho ipso iure y ab initio del Estado costero. En cualquier caso, la delimitación de la plataforma continental requiere actuaciones del Estado costero, que para nada contradice el automatismo de su existencia, como es el deber de depositar en poder del Secretario General del ONU, las cartas marinas, información y datos geodésicos que describan el límite exterior de la plataforma, según los Artículos 76 y 84 de la Convención de 1982, y el Artículo 75 a propósito de la ZEE.

¿Ha hecho España todos estos deberes?. ¡Rotundamente no!.