CANARIAS7
, 23-11-03Explota en Canarias la mayor crisis en los cursos de formación a parados
Los controles de la Intervención y la Ley de Subvenciones provocan un cisma en los centros colaboradores - La Fiscalía solicita los expedientes de Forecan del 'caso Icfem'
Las Palmas de Gran Canaria
El Gobierno regional se enfrenta a la peor crisis en el sistema de impartición de cursos formativos a desempleados canarios. Los controles masivos anunciados por la Intervención General de la Comunidad autónoma y la nueva Ley de Subvenciones del Estado, promulgada esta semana, amenazan con resquebrajar los cimientos de un sistema que alimenta a decenas de empresas y que permite la formación de 25.000 personas cada año. Las Islas se juegan, sólo para el próximo año, un presupuesto de 54 millones de euros (9.000 millones de pesetas).
Las academias, las organizaciones empresariales y los sindicatos
(¿de clase?) están al borde del cisma. La fiscalización de los cursos por parte de la Intervención, obligando a las entidades subcontratadas para el suministro de bienes y servicios a que demuestren el margen de beneficio, trae de cabeza al sector privado que imparte las enseñanzas a los desempleados. Desde hace 10 años, el sistema docente a parados está concentrado en empresas y sindicatos. El Gobierno regional concede las subvenciones, pero son los agentes sociales los encargados de gestionar los millones de euros que ha recibido Canarias de la Unión Europea y de la Administración central desde la creación del Icfem (hoy Servicio Empleo) hace una década.Verificar pagos
Según los documentos oficiales a los que ha accedido en exclusiva este periódico (Canarias7), la Intervención General de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, actúa «conforme a derecho», según las fuentes consultadas. El pasado día 11, el interventor general, Jesús Velayos, remitió un escrito a la Confederación Canaria de Empresarios advirtiendo que los controles a terceros (empresas subcontradas) tratan de «verificar si los gastos pagados (por sindicatos y empresarios) son elegibles y corresponden a gastos efectivamente realizados y que los mismos se refieren a servicios que generan un valor añadido, no siendo en otro modo subvencionables».
En la práctica, significa que la Intervención quiere conocer el margen de beneficio que dejan los cursos. Los centros subcontratados se niegan a abrir sus libros de contabilidad. Intervención se reserva la acción de exigir el reintegro de los importes concedidos (decenas de millones de euros). Aunque han mostrado su disposición a colaborar, las organizaciones privadas protestan porque se genera «cierta indefensión» y porque «hay normas de rango superior que impiden comprobar el estado de las cuentas». «Además, es injusto que los centros colaboradores respondan por terceros. La devolución de las subvenciones amenaza con cargarse el sistema».
El problema es de tal alcance, que los centros colaboradores tendrán que prescindir de impartir cursos el próximo año, a pesar de que la formación se ha convertido en la gran fuente de suministro de organizaciones empresariales y sindicales. La situación se complica con la nueva Ley estatal de Subvenciones, que obliga a las entidades subcontratadas a mostrar el beneficio ante la Administración. Canarias da clase cada año a más de 20.000 parados.