A pesar de las reiteradas
alertas de Cuba, la Presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, ha procedido, de
manera artera y vergonzosa, a firmar el Decreto 317, de fecha 25 de agosto,
mediante el cual se indulta a los cuatro terroristas de origen cubano
detenidos, enjuiciados y condenados en Panamá por planificar un atentado contra
el Presidente Fidel Castro en noviembre del año 2000.
Este decreto fue ejecutado
en la madrugada de hoy, sólo pocas horas después de que nuestro Embajador, el
compañero Carlos Zamora Rodríguez, abandonara el territorio panameño luego de
ser expulsado por las autoridades de Panamá en el marco de una maniobra
destinada a crear las condiciones para la liberación de los terroristas Luis
Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón
Rodríguez.
Este Decreto confirma la
seriedad y veracidad de las denuncias de Cuba, que desde el propio momento en
que fueran detenidos el 17 de noviembre del año 2000, ha venido alertando a las
autoridades panameñas, tanto públicamente como a través de los canales
diplomáticos, sobre las graves consecuencias que tendría para la credibilidad
de Panamá el que los terroristas fuesen liberados de una u otra forma. Estas
denuncias de Cuba fueron más directas a partir del pasado 14 de agosto, cuando
nuestro gobierno tuvo la certeza, a partir de las precisas y exactas
informaciones disponibles, de que los terroristas serían indultados por la
Presidenta saliente de Panamá.
Esta última acción de la Presidenta
Moscoso, en contubernio con el gobierno de los Estados Unidos y con la mafia
terrorista de Miami, a tan solo una semana de concluir su mandato presidencial,
es la culminación del proceso de comprometimiento con el terrorismo contra Cuba
y de protección de los citados terroristas de origen cubano que se inició el 10
de abril del año 2001, cuando la propia Presidenta de Panamá, mediante las
Resoluciones Ejecutivas 58, 59, 60 y 61, rechazó la justa y bien fundamentada
solicitud de extradición contra los cuatro terroristas presentada por nuestro
gobierno el 12 de enero del año 2001, cumpliendo todos los requisitos que para
tales actos exigen la legislación panameña y los instrumentos internacionales
en vigor.
La aceptación de dicha
solicitud hubiera permitido que se les juzgara por los crímenes que durante
décadas han cometido contra nuestro pueblo, y que tanto luto y sufrimiento han
provocado a las familias cubanas.
Vale recordar que, entre
otras muchas acciones terroristas, Luis Posada Carriles es el responsable
directo de la destrucción en pleno vuelo, en 1976, de un avión de Cubana de
Aviación en que perdieron la vida 73 personas; de la campaña con bombas contra
hoteles cubanos a finales de la década de 1990, que costara la vida al joven
turista italiano Fabio di Celmo; y de múltiples planes de asesinato de nuestro
Comandante en Jefe. Posada Carriles es prófugo de la justicia venezolana.
Gaspar Jiménez Escobedo,
entre numerosos crímenes, asesinó al técnico pesquero cubano Artañán Díaz Díaz
en México, a la par que también participara en la preparación de los atentados
con bombas contra hoteles cubanos y en el entrenamiento de los mercenarios que
fueran reclutados para tales acciones terroristas. Jiménez Escobedo fue prófugo
de la justicia mexicana, tras ser procesado por tráfico de explosivos y drogas.
Guillermo Novo Sampoll,
además de ser culpable de la colocación de artefactos explosivos en Embajadas
de Cuba, en aeronaves y embarcaciones de países que realizan intercambios
económicos con Cuba, hasta el punto de que hoy podría ser reclamado por
numerosos países fue, al servicio de la DINA chilena del sanguinario dictador
Augusto Pinochet, uno de los asesinos de Orlando Letelier, Canciller del
Gobierno de la Unidad Popular, en un atentado realizado en Washington. Además,
Novo Sampoll está involucrado directamente en la preparación de terroristas
procedentes del territorio de los Estados Unidos que fueran capturados en Cuba
en el año 2001 luego de haber desembarcado en nuestras costas con el objetivo de
actuar contra instalaciones civiles y turísticas en nuestro país.
Pedro Remón Rodríguez, fue
el asesino, en Nueva York, del diplomático cubano Félix García Rodríguez, el 11
de septiembre de 1980, y del emigrado cubano José Eulalio Negrín, a la par que
colocó bombas en la sede de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU a fines de
1979, y atentó contra la vida del Embajador cubano ante las Naciones Unidas
pocos meses después.
Esa es la calaña de los
terroristas internacionales que acaban de ser indultados por la Presidenta de
Panamá, sin tener en cuenta, siquiera, que el proceso judicial que se seguía
contra ellos no había concluido. El tribunal panameño que juzgó a los
terroristas por la planificación del atentado contra nuestro Comandante en Jefe
en el año 2000, condenó a Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo a 8
años de privación libertad, y a Pedro Remón y Guillermo Novo Sampoll a 7 años,
condenas contra las cuales apelaron los abogados que representan a las
organizaciones obreras, estudiantiles e indígenas panameñas, dado que no se
corresponden con la gravedad del delito cometido y además por las
irregularidades del propio proceso.
La Presidenta Moscoso no
esperó siquiera a que los tribunales superiores panameños dictaminaran sobre el
proceso de apelación, lo que constituye, además de una violación de la
legislación panameña, una flagrante falta de respeto al Poder Judicial de su
propio país.
Asimismo, como expresa el
comunicado emitido en la mañana de hoy por el Ministerio de Gobierno y Justicia
de la República de Panamá al anunciar la firma del decreto 317 por la
Presidenta Moscoso mediante el cual indulta a los cuatro terroristas, la
Constitución de la República de Panamá, en su Artículo 179, autoriza a
“decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad
condicional a reos de delitos comunes”.
¿Es que acaso la Presidenta
Mireya Moscoso considera que el terrorismo es un “delito político”? Los delitos
por los que los terroristas fueron juzgados y condenados por un tribunal
panameño, nada tienen que ver con los “delitos políticos”. Los cuatro
terroristas hoy indultados por la Presidenta de Panamá, no son más que viles
delincuentes comunes, terroristas y mercenarios, que al intentar el asesinato
del compañero Fidel, habrían también provocado la muerte de centenares de hijos
del pueblo panameño.
Por tanto, Cuba reitera que
el indulto dictado por la Presidenta Moscoso no sólo es violatorio de la
legislación panameña, sino también de los instrumentos internacionales contra
el terrorismo suscritos por la República de Panamá. Constituye una afrenta a
las víctimas del terrorismo y a sus familiares, y convierte a la Presidenta de
Panamá en cómplice del terrorismo y responsable de la impunidad de los cuatro
asesinos.
El Gobierno Revolucionario
recuerda que en su nota oficial del día 22 de agosto ya anunciaba que el
indulto a los terroristas provocaría la ruptura automática de las relaciones
diplomáticas entre los dos países, alerta que fuera reiterada en la nota
publicada ayer 25 de agosto.
Por tanto, en cumplimiento
del acuerdo del Consejo de Estado, el Gobierno Revolucionario anuncia que a
partir de este minuto, 4:15 p.m., quedan rotas por tiempo indefinido las
relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República de Panamá, un
Estado que ha demostrado ser incapaz de evitar la monstruosa acción que acaba
de realizarse contra el pueblo de Cuba.
La Presidenta de Panamá,
cómplice y protectora del terrorismo, cargará con la responsabilidad histórica
de esta acción repugnante y traicionera, y será igualmente responsable de los
nuevos crímenes que estos execrables asesinos puedan cometer en el futuro.
El Gobierno Revolucionario
de Cuba
La Habana, 26 de agosto de 2004