En 1987, La Asamblea General de Naciones Unidas decidió celebrar el 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas para dar una muestra de su determinación de fortalecer las actividades, y la cooperación para realizar el objetivo de lograr una sociedad internacional sin uso indebido de drogas. Esta lucha debe realizarse desde múltiples ángulos. Todos necesarios. Me gustaría aprovechar esta ocasión para señalar dos ideas básicas, pero sustanciales, formuladas desde el llamamiento hecho en el VIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Toxicomanías (SET), sobre lo que debería pilotar una política de salud pública de este fenómeno de naturaleza económica y biopsicosocial.

Decir de antemano que mucha de las dificultades que sufre en la actualidad la política asistencial de las drogodependencias son muy similares a la que hemos sufrido en el campo vecino de la atención a la asistencia psiquiátrica. Hay muchos paralelismos. Desde la actitud de los otros con las personas que sufren esta problemática, a la existencia de una red fuera del sistema sanitario publico, pasando por sus concepciones y prácticas poco contrastadas.

Es evidente que la emergencia del problema de las drogodependencias en nuestra tierra canaria, hace unos años, tuvo una respuesta improvisada y vacilante de la administración pública. Y en muchos casos, desigual. Por ejemplo, en Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, Navarra y Valencia se integraron en la red pública asistencial, mientras que en otros lugares se pusieron en marcha iniciativas por parte del movimiento asociativo. En la actualidad, asistimos a un panorama variopinto, en distribución y proporción variable, dependiendo de las comunidades. Nos preguntamos hasta cuándo.

Como afirmaba el Comité Científico del VII Congreso de la SET, es hora de empezar a plantear la necesidad de caminar de forma decidida hacia la normalización de los recursos. Esto quiere decir integrar la atención a la problemática relacionada con las drogodependencias en el sistema sanitario. El II Plan de Drogodependencia, en el que participaron todos los profesionales de la red en un encuentro celebrado en Agaete, fue publicado hace mas de un año en el Boletín Oficial de Canarias, comparte este objetivo estratégico. Al menos, hoy día, la hospitalización por problemas relacionados con el consumo de drogas se realiza en estructuras hospitalarias públicas, pero faltan los otros niveles de atención.

Durante una época, también en la asistencia psiquiátrica prevaleció un movimiento a favor de la integración. Esta voluntad colectiva, entre otros factores, ayudó a percibir las enfermedades mentales como otras enfermedades y a las personas como otros enfermos. No he visto todavía a los sindicatos, partidos políticos, organizaciones de familiares, asociaciones en defensa de la salud pública, asociaciones de vecinos, etc. reclamando con urgencia acciones en dirección de la normalización de la atención a las drogodependencias. Donde a la persona con problemas relacionados con el consumo de drogas se le dé una respuesta multidisciplinar en el sistema sanitario publico. Si todos están en silencio, cabría pensar que en tierra canaria este problema preocupa en tanto se convierte en problema de orden publico pero no por ser un problema sanitario.

A lo mejor, muchos piensan que habría que dar otro paso mas corto a partir de nuevas fórmulas de gestión, como las fundaciones. Algunos importantes grupos de presión económica, en alianza con organizaciones mundiales, vienen proponiendo el desarrollo de mercados de servicios en sectores monopolizados hasta ahora por el sector publico, como la salud, la educación, los servicios sociales o el propio medio ambiente. Ahora bien, ¿esta formulación teórica se corresponde con los hechos? En un reciente trabajo publicado en Gaceta Sanitaria, al comparar el funcionamiento de las fundaciones sanitarias con otros centros hospitalarios de gestión tradicional, después de un exhaustivo análisis, los autores concluyen que éstas parecen estar dirigidas a reducir los gastos a costa de una disminución muy importante del personal y de la actividad asistencial; oferta menor número de camas y quirófanos a la población atendida, ingresan menos pacientes, realizan menos consultas e intervenciones quirúrgicas y tienen mayores listas de espera. O sea, la población recibe una peor asistencia sanitaria y tiene menor acceso a los servicios de salud que los centros de gestión pública.

Es facil concluir que estas nuevas y milagrosas formulas rompen la equidad y su eficacia no esta científicamente comprobada.