Francisco de la Barreda, ex dirigente insular del Partido Popular, anunció ayer, 21-6-02, que recurrirá la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se afirma que no existieron irregularidades administrativas en la urbanización de la finca El Tagre de Tegueste y en la que se rechaza por extemporáneo el recurso interpuesto por dos concejales del consistorio teguestero contra el pleno del 28 de agosto de 1997, en el que se aprobaba definitivamente el proyecto de urbanización de la citada finca.

Francisco de la Barreda aseguró que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC no tuvo en cuenta en la sentencia descrita otra sentencia anterior, de la misma sala del mismo tribunal y ratificada además por el Tribunal Supremo, en la que se decretaba que la urbanización de una amplia zona del municipio de Tegueste, en la que está ubicada la finca El Tagre, es contraria derecho.
Según el ex dirigente popular, aunque lo Contencioso-Administrativo haya dicho que no existieron irregularidades, el fallo de la sentencia sólo habla del rechazo del recurso por ex temporáneo "y es el fallo de la sentencia el que se recurrirá en revisión y casación por no haber tenido en cuenta un documento tan importante como lo es una sentencia de la propia sala en la que se declara la ilegalidad de la urbanización de la zona", manifestó. De la Barreda explicó que considera que los magistrados actuaron violando un principio procesal que impide "ir contra los propios actos".
Señaló que el Ayuntamiento de Tegueste tenía conocimiento de la sentencia del Supremo, y sin embargo "no la remitió a la Sala de lo Contencioso Administrativo". Añadió que de probarse que el Consistorio ocultó el documento "a sabiendas" de su importancia "estudiaremos presentar una querella por prevaricación contra el Ayuntamiento".

Francisco de la Barreda y la letrada Julia Bango acudieron ayer por la mañana al Juzgado de Instrucción número cuatro del partido judicial de Santa Cruz para declarar como imputados de los delitos de acusación y denuncia falsa de los que les acusa el constructor Víctor Rodríguez. En la misma causa aparecen como imputados Juan José del Toro, Carlos Obón y Juan José de Armas.
Tanto Julia Bango como Francisco de la Barrera optaron por ejercer su derecho a no declarar ante las preguntas del titular del Juzgado de Instrucción número cuatro sobre los delitos que se les imputan.