El Gobierno central esgrime un conflicto de competencias para rechazar la propuesta autonómica. El segundo aspecto controvertido que esgrime la respuesta del Gobierno es que, si se realizara la delimitación de espacios marítimos en Canarias como establece la propuesta regional, conllevaría el reconocimiento de que las aguas interiores son parte integrante de la comunidad autónoma y, por tanto, con su competencia de gestión en manos del Gobierno de Canarias. "Esto", advierte la respuesta negativa del Gobierno central, "podría plantear un conflicto de competencias"

El Gobierno español considera inviable la propuesta que el Parlamento de Canarias remitió a las Cortes para lograr la delimitación de los espacios marítimos de las Islas. En respuesta a este proyecto regional, ejecutado por vía parlamentaria a través de una proposición de ley que ya aprobó el Senado y que ahora, en teoría, debería debatirse en el Congreso, el Ejecutivo central puntualiza que los criterios de delimitación en los que se fundamenta la proposición se estiman "incompatibles" con la legalidad internacional relacionada con el derecho del mar. Esta posición negativa añade más incertidumbre a un proyecto que Coalición Canaria (CC) ha defendido el último lustro en Madrid.

El rechazo de la Administración central a la propuesta de delimitación de los espacios marítimos en el Archipiélago se fundamenta en las objeciones que ha recabado en la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Según se ha comunicado al portavoz de Coalición en el Senado, José Mendoza, "los criterios de delimitación en los que se basa" la propuesta del Parlamento regional "se consideran incompatibles" con el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en el año 1982 en la ciudad jamaicana de Montego Bay.

Este argumento, que también esgrimieron los gobiernos del Partido Popular (PP) para no apoyar de facto la proposición de ley, conecta con la principal reticencia que encuentra la propuesta canaria. Según el convenio de Montego Bay, en concreto el artículo 46, reconoce que la delimitación de espacios marítimos sólo es aplicable cuando se trata de archipiélagos estado, es decir cuando existe un país constituido "totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrá incluir a otras islas".

El caso de Canarias es muy distinto, al tratarse de un archipiélago de soberanía española. En este sentido, la respuesta parlamentaria del Gobierno advierte de las dificultades que presenta el modelo canario. Este caso, subraya, "es complejo al ser una comunidad autónoma, un territorio definido en Europa como región ultraperiférica y un archipiélago de Estado". Situación, incide el Gobierno, "no contemplada" en el convenio de Naciones Unidas para el derecho del mar. De la lectura que el Ejecutivo realiza del convenio marítimo internacional, "se entiende que no son aplicables los criterios definidos para los estados archipielágicos".

El segundo aspecto controvertido que esgrime la respuesta del Gobierno es que, si se realizara la delimitación de espacios marítimos en Canarias como establece la propuesta regional, conllevaría el reconocimiento de que las aguas interiores son parte integrante de la comunidad autónoma y, por tanto, con su competencia de gestión en manos del Gobierno de Canarias. "Esto", advierte la respuesta negativa del Gobierno central, "podría plantear un conflicto de competencias" entre las administraciones central y autonómica, en función de una modificación de la Ley de Costas realizada en 2002 que prevé que la competencia autonómica sobre ordenación territorial y del litoral "alcanzará exclusivamente el ámbito terrestre del dominio público marítimo-terrestre, sin comprender el mar territorial y las aguas interiores".

Esta respuesta española negativa, contraria a los intereses de una resolución del Parlamento canario, añade mayor complejidad a una reclamación que está basada en la necesidad que tiene el Archipiélago de controlar el trasiego de barcos peligrosos y grandes cargueros por los pasillos marítimos de dominio internacional existentes entre Tenerife y Gran Canaria.

Frente a su negativa a la delimitación de los espacios marítimos en las Islas, el Gobierno español sigue defendiendo ante organismos internacionales la declaración de una zona marina de especial sensibilidad (PSSA, en su acrónimo en inglés) para defender los valores ecológicos, socio-económicos y científicos del espacio marítimo del Archipiélago.

En octubre de 2003, España presentó su propuesta ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y logró un compromiso para desarrollar la iniciativa con un contenido técnico y un calendario de tramitación. La Dirección General de la Marina Mercante, organismo del Ministerio de Fomento acreditado ante la ONU, defendió su propuesta en el último periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Ambiente Marino de la OMI, que culminó en abril pasado.

Ahora, el Gobierno central asegura que "la creación de la zona marina especial sensibilidad en Canarias, en principio, ha sido aceptada". El año próximo, puntualiza, "se debe presentar una propuesta detallada de las medidas de control del tráfico que aparejaría" en una zona de alta densidad circulatorio de cargueros y petroleros de gran tonelaje.

Entre tanto, España ha logrado un primer reconocimiento de la OMI, ya que en la última reunión celebrada en Londres de organismo marítimo internacional se aprobó la propuesta española para designar las aguas canarias como una zona marítima de especial sensibilidad debido a su "especial vulnerabilidad" por el intenso uso de las franjas marítimas. Como añadido a estas medidas, el Gobierno español apoyará por estimar "muy oportuna" la designación de Canarias como sede de un centro internacional para el estudio de la biodiversidad en la Macaronesia.