Hace años que vengo manteniendo la tesis -más desde la perspectiva de una visión de Estado que de la connotación colonialista que el término conlleva- de que el Sáhara Occidental es el hinterland natural de Canarias.

Esto, dicho así, puede hacer saltar todas las alarmas de los constitucionalistas españoles que, empecinados en mantener a toda costa la unidad de la Patria, siguen instalados en la sinrazón y anclados en el pasado. Bien allá ellos; pero la Historia no se para y el derecho de los pueblos prevalece. Porque la realidad de nuestro Archipiélago -se diga lo que se diga- es diametralmente opuesta a como se ve y se gestiona desde la metrópoli e inclusive a como se percibe y se valora desde los diferentes estamentos públicos y privados de las Islas, y desde la propia sociedad canaria.

Es un hecho incuestionable, y ahí están la moratoria, las directrices, etc., que nuestro espacio vital se acaba de forma irreversible e inexorable, y por tanto, necesitamos, imperiosamente, continuidad territorial. Esto es así. Y si algunos sesudos estudios sociológicos, atribuyen a los canarios en general, ciertas veleidosas inclinaciones extraterritoriales, en el sentido de que, pese a ser geográficamente africanos, se sienten políticamente europeos y sentimentalmente latinoamericanos, la pregunta inmediata es la siguiente: ¿Está en Europa, a 2000 kilómetros, el punto más cercano, o en Venezuela, por ejemplo, a no sé cuántos, la continuidad territorial que Canarias necesitará en un futuro próximo? Un dato absolutamente incontestable: desde la punta Stafford (ahí enfrente) hasta Fuerteventura hay, exactamente, 96 kilómetros.

Lo que pasa es que España, siempre ha utilizado -como le ha convenido históricamente- la situación geoestratégica de Canarias, próxima al continente africano, ya antes de constituirse como nación. Basta recordar las tesis del erudito y político castellano Alonso de Cartagena (1384-1456), que parte de la teoría general de la primacía del continente sobre las islas, que considera accesorias, concepción que planteó en el Concilio de Basilea y al Rey de Castilla. Con estos presupuestos, Alonso de Cartagena argumentó sus Alegaciones a favor de la soberanía de Castilla sobre Canarias. Para ello formula una compleja argumentación, consistente en combinar los derechos históricos de la supuesta sucesión del Rey de Castilla al último rey godo, a quien perteneció en su día la provincia de Tingitania Mauritania, con el factor de la proximidad geográfica, para concluir que Canarias pertenecía a Castilla, porque el Archipiélago canario está más cerca de África (Tingitania Mauritania) que de Europa (litoral portugués). Bonito, ¿verdad?

Alonso de Cartagena, además, no desconocía el principio de la ocupación (teorías de la continuidad y de la contigüidad), sino que le da un sentido dinámico, de tal forma que crea un claro precedente de las teorías clásicas utilizadas en la colonización europea de África (Canarias incluida): teoría de los sectores y del hinterland.

La situación geoestratégica de Canarias, nos ha llevado siempre a estar inmersos en la coyuntura internacional; porque si repasamos nuestra historia contemporánea, observamos como -en más de una ocasión- Canarias, Azores y Cabo Verde estuvieron en el punto de mira de los Estados Unidos y también de otros países con los mismos afanes expansionistas: Inglaterra, Francia y Alemania. Sobre todo, en los periodos 1895-98 (Guerra entre España y EE.UU) y 1934-45 (Segunda Guerra Mundial).

En los años 1895-98, Canarias atravesó por una fase de gran inquietud e incertidumbre ante el temor de una invasión de EEUU. En la etapa de 1939-45, en la II Guerra Mundial, se dieron en teoría (en la práctica no cuajaron), dos intentos de ocupación por parte de las potencias en litigio, bautizadas con el nombre de operaciones Félix y Pilgrin. Esto es lo que se cocía a finales de los siglos XIX y XX en las cancillerías de Europa y Norteamérica que tuvieron como protagonista principal a las Islas Canarias.

Ello contribuyó, de forma decisiva, a potenciar la españolidad de Canarias hasta límites insospechados; especulando al mismo tiempo con nuestra situación geográfica a escasos 96 kilómetros del continente africano.

Así vemos que en nuestra historia más reciente el papel de Canarias tuvo una gran limitación en el régimen de Franco. Por una parte, se nos separa de Europa para fortalecer la dependencia con la Península, no sólo en materia jurídico-administrativa, sino, incluso económica, lo que nos ha convertido, hoy en día, en un mercado cautivo.

Al tiempo, se intensifica la relación con África especialmente después de Fos Bu Crá, con la emigración masiva de camioneros canarios iniciando un primer contacto poblacional moderno en el continente africano. Durante el proceso de descolonización del Vecino continente (en el que Canarias quedó postergada) las Islas figuran como el punto de apoyo logístico para la preservación de otro territorio nacional, la llamada provincia del Sahara; y con el posterior abandono de España de estos territorios (Acuerdo Tripartito), nuestro Archipiélago canario se convierte en frontera africana del Estado español. Hoy, en pleno siglo XXI, España sigue manteniendo un territorio nacional en el continente africano, toda una entelequia política y un anacronismo jurídico -que la legalidad internacional no ampara-, y así somos Comunidad Autónoma (Derecho interno español), Territorio RUP de la UE (Derecho comunitario) y Archipiélago de Estado (Derecho Internacional Marítimo).

¿No va siendo hora de que los canarios rentabilicemos convenientemente, y en función de nuestros legítimos intereses nuestra renta de situación? Si el Sahara Occidental es nuestro hinterland natural, aspecto que no admite dudas (constituye nuestra continuidad territorial, que tanto necesitamos), el marco político jurídico donde encaje la nueva situación debe de ser una cuestión absolutamente prioritaria para el futuro de Canarias.

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