Spencer es considerado como el paladín de la tesis que considera al mandatario caribeño como una pieza clave de la política anti estadounidense en Suramérica, una posición que ha conquistado mediante el apoyo financiero y logístico a grupos como las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) o al Movimiento Al Socialismo (MAS) la principal agrupación opositora de Bolivia que preside Evo Morales, un diputado que de acuerdo con la CIA está vinculado al narcotráfico.

Spencer, que está convencido de que Chávez tiene en mente la creación de dos focos revolucionarios, de cuya activación se ocuparían sus aliados en los países mencionados, analiza la situación que se plantearía en el caso de que el actual presidente de Venezuela se mantuviera en su cargo, con o sin el aval de sus compatriotas.

El primer objetivo de la supuesta conspiración consistiría en desestabilizar los gobiernos del presidente de Colombia, Alvaro Uribe y al de su homólogo boliviano Carlos Mesa. Conseguida esa meta o de forma simultánea a las acciones dirigidas hacia ese fin, el efecto dominó se extendería hacia el Perú, aprovechando la delicada situación en que se encuentra Alejandro Toledo, por los múltiples escándalos de corrupción que se le achacan.

La acción corrosiva de esta revolución bolivariana se multiplicaría por inercia, y se propagaría con relativa facilidad hacia países como Ecuador, donde los grupos políticos con raíces étnicas se oponen al neoliberalismo de la escuela de Washington o hacia Argentina y Brasil, donde también permanece latente un fuerte sentimiento anti norteamericano.

No es una casualidad que el conciliábulo para hacer frente a los supuestos designios de Chávez se vaya a reunir en Chile, país al que la Administración estadounidense considera un bastión de la democracia con políticas económicas afines a las suyas.

De acuerdo con un alto funcionario de la legación norteamericana en Santiago, a la reunión que ha convocado Spencer asistirían representantes de Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. En la capital chilena se elaboraría un plan financiado por el Departamento de Tesoro y con el apoyo del Pentágono en las áreas que le compete.La consigna es contrarrestar los designios de Chávez para transformar a Latinoamérica en una gigantesca e incontestable réplica de la Cuba de Fidel Castro.

El Departamento de Estado, una institución donde a los halcones como Spencer y el subsecretario para los asuntos de América Latina, Roger Noriega, se les atribuye el don de la profecía, maneja dos escenarios que reflejan como en un espejo los rumores que han difundido en Venezuela y hacia el exterior los grupos opositores al régimen de Chávez.

En el primero se contempla la posibilidad de que el jefe del Movimiento Quinta República (MVR) decida en el último momento clausurar las urnas con el argumento de haber detectado «irregularidades» en el proceso de recolección de firmas para convocar la consulta, o de haber desvelado una conspiración para atentar contra la vida de Chávez.

En este caso, decretaría el estado de emergencia, en virtud al cual Venezuela se gobernaría por medio de decretos, se suspenderían por un plazo indefinido las garantías ciudadanas, las actividades del Congreso y se prohibirían las manifestaciones públicas. La segunda variante pronostica una manipulación fraudulenta del resultado de la votación y la represión de cualquier acto de protesta por parte de la Coordinadora Democrática, que aglutina a los sectores antichavistas.

En cualquier caso, Hugo Chávez echaría mano a todo recurso a su alcance para evitar la convocatoria de nuevas elecciones, como contempla el estatuto del referéndum en caso de que el 'no' a su gestión obtuviera la mayoría de los votos.