Los procesos de privatización, en la sociedad occidental actual, toman tal envergadura que a nadie le escandaliza oír hablar de privatización de las acciones bélicas y su entorno inmediato.

De tal modo, en los últimos tiempos, hemos visto como las guerras de Afganistán e Irak mueven unos sabrosos capitales que no escapan de las ansias de riqueza de cierto sector privado, por cierto, muy allegado a los gobiernos de los estados involucrados.

Sin embargo, el artículo 47 de la Convención de Ginebra prohibe esta práctica, definiéndola como "aquellas personas reclutadas para un conflicto armado por un país distinto del suyo y motivado por la ganancia personal".

En febrero y marzo partieron hacia Irak para trabajar como guardias de seguridad privados, grupos de 60, 64 y 12 ex militares chilenos.

Para ellos, el contacto en Chile fue la empresa "Red Táctica Consulting Services", que si bien tiene sede en la ciudad de Washington, es dirigida por el chileno José Miguel Pizarro, que en aquel entonces fue objeto de toda clase de polémica debido al enrolamiento de los comandos nacionales.

Las declaraciones más alarmantes vienen por parte de los familiares de los mercenarios, posiblemente debido a recientes acontecimientos violentos en que se han visto envueltas estas "fuerzas privadas" –según el propio Pizarro– se haya prohibido a los enrolados hablar con la prensa.

El concepto de "Mercenario" no es nuevo en la historia de la humanidad. Si bien, su utilización en Europa acaba, en su mayor parte, con la Revolución Francesa, cuando su lugar fue ocupado por los ejércitos nacionales estables.

El entendimiento simple de "Mercenario" que tenemos, habitualmente no hace justicia con la realidad de unos cuerpos armados, conformados por ex militares, muchos de ellos con problemas a sus espaldas de violación de derechos humanos o malos tratos, que vieron en el sector privado la posibilidad de desarrollar la capacidad bélica que adquirieron en su formación original, con un rendimiento económico impensable en los ejércitos nacionales.

El antigua noción de "soldados que reciben una paga por sus servicios", que en los ejércitos profesionales de hoy en día parece confundirse, queda bien diferenciado por cuanto en unos casos se trata de ejércitos nacionales y otros de empresas privadas al servicio del mejor postor.

A mediados de 2002, llegaban noticias desde Bolivia que hacían referencia a que "el gobierno estadounidense privatiza actividades de su ejército, con mercenarios que trabajan en Bolivia". Argumentándose que esta política tiene la ventaja que el gobierno no tiene que responder ni por soldados muertos ni por actividades cuestionables de los mercenarios. Sin embargo, para los países donde operaban estas fuerzas esto significa una paramilitarización de las sociedades.

La subcontrata de servicios, por parte de los EEUU en su lucha contra el narcotráfico, de diferentes actividades de su ejército con empresas privadas, como pudieron ser las fumigaciones de los cultivos de coca en Colombia, la erradicación de cocales en Bolivia y Perú, detectar laboratorios ilegales de cocaína, etc acabaron con la participación en misiones armadas. Muchos veteranos de guerra y comandos de fuerzas especiales, llegan con las empresas DynCorp, AirScan y otros como mercenarios directamente a las zonas de conflicto.

La empresa admite tener más de 23.000 empleados en más de 550 lugares y desde el año 1991 es responsable por todo mantenimiento de aviones, entrenamiento de pilotos y la tripulación de aviones y operaciones mundiales del Programa Internacional Antidrogas del Departamento de Estado Norteamericano. "Con el fin de reducir el flujo de drogas de fuentes extranjeras, el programa en colaboración con los gobiernos colombiano, boliviano y peruano usa la erradicación aérea y manual de la cosecha de drogas", afirman.

Desde el año 1997, la empresa tiene un contrato de 600 millones de dólares con el Departamento de Estado norteamericano. En la llamada "guerra contra las drogas", fumiga desde el aire los cultivos de coca en Colombia con el herbicida glifosato, entrena a los pilotos de las Fuerzas Armadas colombianas, peruanas y bolivianas, y es responsable de la detección de los laboratorios ilegales de cocaína así como del mantenimiento de los helicópteros.

Esta situación da pié al discurso ambiguo y continuamente falsificador de cifras de los estados occidentales. Téngase en cuenta que estos mercenarios nunca cuentan como militares, de modo que sus bajas no son bajas militares, los estados no rinden cuentas por sus acciones, aunque hay constancia de que en muchas ocasiones se vistan con uniformes de las fuerzas armadas de la parte contratante.

Según la prensa gráfica estadounidense, fue la empresa EAST (Eagle Aviation Service and Technology, Inc), subcontratada por la DynCorp, la que ya ayudó a Oliver North en los años ochenta a transportar armas y municiones para los contras en Nicaragua y por lo tanto para luchar contra los sandinistas.

En el caso del Ecuador comentó Juan Miguel Maúrtua, jefe del Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL), que la DynCorp está presente en la base militar estadounidense en la costa ecuatoriana en Manta desde marzo de este año. El trabajo de los 117 empleados, según Maúrtua, consiste en barrer las pistas del aeropuerto, en la limpieza de las oficinas y la alimentación de los soldados estadounidenses. Esta explicación carece de credibilidad, puesto que está en contraste con la autopresentación de la DynCorp en su página web desde la cual ofrece trabajos altamente calificados más que servicios de limpieza.

Campesinos ecuatorianos de la zona fronteriza con Colombia, por su parte, iniciaron un juicio contra la empresa DynCorp en los EEUU. Las fumigaciones con el glifosato no se limitan al lado colombiano, sino también tienen efectos desastrosos en el Ecuador. Desde que comenzaron las fumigaciones, numerosas personas se enfermaron de la piel, actualmente tienen problemas de respiración y gastrointestinales. En unos pueblos se murieron varios niños. Además, la cosecha se redujo drásticamente. Según explica la gente de la zona, el maíz ya no es más que unos palitos secos.

Con respecto a Irak, hay que aceptar que el país está siendo invadido no solo por Ejércitos convencionales, sino también por un enjambre de compañías privadas, fundamentalmente estadounidenses, que actúan en diferentes campos asociados con la seguridad tanto de las tropas estadounidenses, como de las autoridades de la ocupación y de los contratistas civiles extranjeros en busca de hacer negocios. El día 31 de marzo morían en una emboscada de la resistencia en Faluya cuatros miembros de seguridad de una de estas empresas, Blackwater. Las agencias de prensa (CNN y BBC) daban la noticia como "cuatro civiles americanos" (¿víctimas inocentes?)

Tras el final de la Guerra Fría, KBR (Kellogg, Brown & Root, filial del gigante Halliburton) diversificó sus actividades ofreciendo todo tipo de apoyos logísticos al ejército estadounidense. Así, trabajó para el ejército de EEUU en Afganistán, Croacia, Kosovo, Kuwait, Arabia Saudí y Somalia.

Dick Cheney no es precisamente el único integrante de la Administración Bush conectado por su anterior puesto de trabajo con las compañías que se reparten el pastel en Iraq o en cualquier otro país donde haya algo que arrebatar y contabilizar en dólares: constan en la lista Condoleezza Rice, asesora presidencial de seguridad, Rumsfeld, vicesecretario de Defensa y el mismo George W. Bush.

La mayoría de los diez contratos con presupuesto más alto en Iraq han sido conseguidos por compañías que tenían antiguos funcionarios gubernamentales en nómina o que son conocidos por sus contactos con el Pentágono, el Departamento de Estado y las Fuerzas Armadas. La conexión entre compañías y políticos en Washington aumenta el espectro de ejecutivos que presionan por una política exterior de rapiña ya que obtienen beneficios a partir de las guerras."

Pero KBR -con contratos que alcanzan la cifra de más de 2,3 mil millones de dólares- no es el único actor privado en Iraq, aunque encabece la lista. Por el momento, el número de miembros de compañías privadas de seguridad (tanto civiles ex militares como militares en activo) sobre el terreno que realiza las labores que antes hacían los soldados se estima entre 10.000 y 15.000, uno por cada 10 militares.

En Iraq, Dyncorp entrena a las fuerzas de policía iraquí con un contrato por valor de 50 millones de dólares, tarea que facilitó el presidente Bush al solicitar que el Congreso financiara con una cantidad de 800 millones de dólares las instalaciones en Iraq donde realizar los entrenamientos y cuya contrata fue concedida a KBR. Ahora hemos sabido que esta empresa fue fundada por antiguos oficiales de la policía de la ciudad de Los Ángeles. También es ahora cuando han salido a la luz sus trabajos en Bosnia; donde se vio implicada en un escándalo de esclavitud sexual, con empleados acusados de violar, vender y comprar niñas menores de doce años.

En Irak es Blackwater, la encargada, entre otras tareas, de la protección personal del proconsul Bremer; a ella pertenecían los cuatros agentes de seguridad muertos en Faluya el 31 de marzo. Esta compañía ha fletado un vuelo desde Santiago de Chile hasta un campo de entrenamiento en Carolina del Norte con un primer grupo de 60 mercenarios chilenos -antiguos comandos, soldados y marineros- reclutados por un constructor del Pentágono para reemplazar a sus soldados en trabajos de seguridad en Iraq, donde se espera que permanezcan entre seis meses y un año, pagándoles hasta 4.000 dólares al mes por vigilar los pozos de petróleo contra los ataques de la resistencia iraquí. Muchos de los integrantes de estos comandos habían sido ya entrenados por militares estadounidenses bajo el gobierno de Pinochet.

Para hacernos a una idea del poder que pueden tener algunas de estas empresas, podemos tomar como ejemplo a Vinnell y Recursos Incorporados Profesionales Militares (RIPM), dedicada al asesoramiento y entrenamiento militar, que afirma tener más generales que el Pentágono.

En Iraq hay varios millares de soldados reclutados de esa forma. Brigadas de bosnios, filipinos y estadounidenses con experiencia en fuerzas especiales han sido contratados para tareas que van desde la seguridad en el aeropuerto hasta la protección de Paul Bremer. Sus salarios pueden alcanzar, en determinados casos hasta los mil dólares al día, según las mismísimas televisiones españolas.

Lo cierto es que bajo el concepto de reconstrucciones de los países arrasados por las guerras lanzadas por EEUU, se mueven miles de millones de dólares que, en muchos casos, se reparten entre los responsables gubernamentales y sus esbirros de confianza. Todo ello permite que los abusos, ilegalidades, violaciones de derechos humanos, etc. Escapen de todo control y lleguen a la opinión pública unas cifras enmascaradas que permitan seguir utilizando más y más fondos públicos para mantener la "seguridad" y las citadas "reconstrucciones". Un negocio redondo, que no mancha las manos de los estados, aunque sea imposible jugar más sucio.