La llamada "Constitución Europea" es, en realidad, un tratado síntesis que institucionaliza y refuerza el sistema capitalista neoliberal, contrario a los intereses de la mayoría de la ciudadanía y de los pueblos de Europa.

Para el futuro de Canarias supone un grave encorsetamiento ya que, no sólo no reconoce el derecho a la independencia nacional de las colonias bajo soberanía europea, ni el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos europeos, sino que constitucionaliza la "integridad territorial" de cada Estado, cerrando los ojos ante el carácter plurinacional de muchos de los Estados miembros de la Unión Europea. Y mantiene un "Comité de las Regiones" en el que se incluyen entes "regionales" al mismo nivel que las entidades locales.

Este Tratado Constitucional, elaborado por las élites de poder europeas, impone un modelo que subordina toda política social a la ortodoxia económica neoliberal. E impide cualquier restricción al libre movimiento de capitales, que sería decisivo para el desarrollo autocentrado de Canarias. Consagrando, además, una estrategia de desmantelamiento gradual de los servicios públicos, tal como queda recogido todo ello en la Parte III del proyecto.

La Carta de Derechos Fundamentales que contiene, supone un mero reconocimiento "por abajo" de los derechos que se reconocen en los Estados miembros. De hecho, no garantiza derecho al trabajo, ni a un salario justo, ni la protección frente al desempleo, ni una pensión de vejez o viudedad. Una Carta que nace devaluada por su subordinación a la "flexibilización" del mercado de trabajo, tal como aparece en la Parte III, y sólo se exige su respeto en lo que atañe a la legislación de la Unión.

Todo ello se agrava por la exigencia de unanimidad en la adopción de decisiones en materia social y fiscal, con lo cual las prácticas de "dumping" tienen vía libre. Las libertades políticas y civiles están subordinadas a la libertad de mercado. La UE sigue siendo una coalición económica en la que no se establece un espacio de derechos sociales común para los europeos, y donde quedan expresamente excluidas de la competencia de la UE materias como salarios, derecho de sindicación, huelga y cierre patronal.

En este marco, la importancia dada a garantizar la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, pone de manifiesto la necesidad de los poderes económicos de encontrar una fuerza de trabajo homogénea en cualquier lugar de Europa y de garantizar el dominio económico sin restricciones en todos los territorios bajo su soberanía.

Para más inri, el Tratado no reconoce plenos derechos de ciudadanía para "nacionales de terceros países en situación de residencia", pese a que el número de estas personas, en su mayoría trabajadoras, sigue creciendo dentro de la UE. En cambio, respalda el derecho de cada Estado miembro a establecer cupos.

Además, se mantiene un trato preferente a las iglesias, permitiendo así la concesión de privilegios a determinadas instituciones religiosas, especialmente las cristianas.

Es un tratado militarista que, no sólo no rechaza explícitamente la guerra, sino que exige de cada uno de los Estados miembros el refuerzo de sus capacidades militares. En esa línea, institucionaliza una "Agencia Europea de Armamento, Investigación y Capacidades Militares" y mantiene los compromisos contraídos en el marco de la OTAN. El precedente es el documento "Una Europa segura en un mundo mejor", aprobado por el Consejo Europeo en su Cumbre de Bruselas de diciembre de 2003, en el que se comparten elementos fundamentales de la doctrina de "guerra preventiva" estadounidense.

Estamos ante un tratado que difícilmente puede definirse como democrático. No establece una verdadera división de poderes dentro de la nueva arquitectura institucional. El entramado burocrático comunitario sigue siendo el verdadero poder, sin un gobierno elegido parlamentariamente. El fortalecimiento del Consejo y de su presidente acarrea una ratificación paralela de las capacidades de los gobiernos. El Parlamento Europeo seguirá siendo una cámara sin control efectivo sobre los verdaderos centros de decisión (incluido el Banco Central Europeo).

Además, se trata de una "Constitución" blindada, ya que su reforma exige la práctica unanimidad de los gobiernos de los Estados miembros, haciendo imposible, de hecho, cualquier intento de reforma en un sentido democrático y social. Se crea así una situación en la que la decisión sobre aspectos importantes de la vida de los ciudadanos, tales como la producción, el empleo y la defensa, pasan a depender de órganos supranacionales de carácter escasamente democrático y más alejados aún, si cabe, del control social.

Por todo ello, la Mesa para la Unidad Nacional, en defensa de los intereses nacionales y sociales del pueblo canario, propugna el NO al Tratado Constitucional Europeo cuando se convoque el prometido referéndum en el Estado español. Y convoca a fuerzas políticas y sindicales, a colectivos sociales y a los ciudadanos canarios a coordinarse en un frente del NO a la "Constitución Europea".