El Mundo, 21-8-04

Venezuela: la ocasión perdida

RUBEN MARTINEZ DALMAU / ROBERTO VICIANO

El 11 de abril de 2002 no levantó todas las máscaras. Cuando un sector amplio de la oposición venezolana gritó contra Carmona (una vez fue retirado del poder por el pueblo) y se rasgó las vestiduras por el golpe de Estado, muchos creyeron que, en efecto, la mayoría de los líderes opositores rechazaban la vía violenta y estaban decididamente comprometidos con el juego democrático. Si Chávez debía salir de Miraflores, había que poner en marcha los mecanismos que la Constitución preveía para ese caso.

El presidente Chávez siempre ha afirmado que dejaría el poder cuando así lo decidieran, democráticamente, la mayoría de los venezolanos. Pero, durante los dos años siguientes, la oposición democrática venezolana buscó por vías alternativas formas de presionar, a cualquier coste, para propiciar la salida del presidente. El cierre patronal y el paro petrolero sólo tenían sentido si los líderes opositores conseguían la renuncia del presidente. Los catastróficos resultados fueron otros, y casi arruinan al país, que vio hecho trizas su ya por sí debilitado tejido industrial y estuvo varios meses sin recibir un dólar del petróleo. Algunos meses más tarde, las acciones violentas de calle, provocadas por los líderes opositores, generaron una reacción internacional en contra del Gobierno bolivariano.

A pesar de todos los indicios de que mentían, una buena parte de la población seguía creyendo a los líderes opositores cuando insistían en la vía democrática para acabar con el Gobierno de Hugo Chávez. Les creyeron aun cuando los medios de comunicación falseaban las noticias y desplegaban una campaña de deslegitimación del Gobierno sin precedentes en ningún país democrático. Creían que decían la verdad a pesar de que los diputados opositores boicoteaban la labor legislativa en el Parlamento e impedían que la Asamblea Nacional eligiera a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE, órgano responsable de organizar las elecciones), los cuales finalmente tuvieron que ser designados por el Tribunal Supremo de Justicia para poder hacer efectivo el derecho al revocatorio al que la propia oposición apelaba. El pueblo venezolano se esforzaba en creerles incluso cuando los líderes de la oposición afirmaban que nada tenían que ver con que miles de muertos firmaran en contra del presidente Chávez en el proceso de recogida de firmas, que desembocó en el referéndum del 15 de agosto, o cuando se demostró que casi un millón de las firmas presentadas eran falsas, estaban duplicadas o no habían sido consignadas por sus titulares.

Los líderes opositores venezolanos nunca han querido que hubiera un plebiscito revocatorio contra Chávez. Pero ahora ya es de conocimiento público. Sólo este dato puede explicar cuánto tardaron en reaccionar cuando el Consejo Nacional Electoral convocó, a principios de junio, el referéndum para mes y medio después. La desubicación de los líderes opositores fue evidente, y llegaron la estampida y el pánico. La autodenominada Coordinadora Democrática, que agrupa a los partidos políticos que durante 40 años han ejecutado los malabarismos necesarios para mantener el poder en el país, barajó todas las posibilidades de escapatoria del revocatorio, aun las más desesperadas. Estaban a un paso de recoger los frutos de sus mentiras.

A esas alturas quedaban pocas salidas más allá de la de seguir mintiendo. Los líderes opositores pusieron en marcha todos sus mecanismos para perpetrar el ultraje y la mentira. Las empresas encuestadoras, las mismas que anunciaron empate técnico entre Chávez y Salas Römer a pocos días de las elecciones de 1998 (Chávez ganó con el 57% de los votos), anunciaban que los apoyos del chavismo en el revocatorio eran de poco más del 30%. La victoria de la oposición no se cuestionó en ningún momento. Los escenarios presentados por los medios de comunicación para el día después afirmaban que la inevitable victoria de los partidarios de revocar a Chávez suponía, automáticamente, la regeneración de las instituciones democráticas, la desaparición de la corrupción y el mantenimiento de los programas de atención social que podían rescatarse del moribundo Gobierno bolivariano. Todo era mentira.

Las encuestas internas que manejaba la Coordinadora Democrática mostraban lo que todo el mundo intuía: la diferencia entre los electores dispuestos a apoyar a Chávez y aquellos que votarían por la revocación del mandato era de más de 10 puntos de diferencia a favor de los primeros. Aun así, no había opción de dar marcha atrás. Los líderes de la oposición amenazaron con hacer públicos sus resultados, obtenidos por supuestos sondeos a pie de urna, antes de que se cerraran los colegios electorales. El CNE y los observadores internacionales les pidieron que acataran la normativa electoral que, como en todos los países democráticos, prohíbe este tipo de acciones. Aún así, los líderes opositores difundieron por vías alternativas sus resultados. A través de páginas web, insinuaciones y rumores varios, en la madrugada del 15 de agosto una buena parte de la población y, lo que es más grave, de la prensa nacional e internacional, estaba convencidos de la abrumadora victoria del sí. Pero todo era mentira.

El CNE hizo públicos sus resultados al filo de las cuatro de la madrugada del 15 de agosto, a pocas horas de que cerraran los últimos centros de votación. La masiva presencia de electores había promovido el retraso del cierre de los colegios hasta la medianoche. Los primeros datos oficiales ofrecidos por el presidente del CNE, Francisco Carrasquero, fueron antecedidos por las declaraciones de los miembros opositores del Consejo Nacional Electoral, Zobella Mejías y Ezequiel Zamora cuando, de forma apresurada y con brillo de culpa en los ojos, mintieron a la sociedad venezolana alegando que los resultados que iba a hacer públicos el CNE no podían considerarse fiables. El rector Zamora, pocos días antes, había declarado públicamente que el sistema de votación era completamente seguro, lo que evitaba a todas luces la posibilidad de fraude.

La oposición venezolana perdió la oportunidad histórica de dar marcha atrás en su plan desestabilizador, basado en la mentira continua, y también la de rectificar una vez conocidos los resultados oficiales que, por otra parte y como afirmó el presidente Carter, coincidían con los recuentos paralelos que habían llevado adelante no sólo los observadores internacionales, sino la propia Súmate (empresa electoral de la oposición). Por el contrario, a las pocas horas la Coordinadora Democrática declaró que desconocía los resultados, y anunciaba a todo el país que había habido fraude. Algunos líderes de la oposición, en una actitud de máxima irresponsabilidad, arengaron a los ciudadanos a salir a luchar por sus votos, en lo que podría calificarse de instigación a la rebelión civil.

La situación sólo se apaciguó cuando los observadores -el Centro Carter, la OEA y las diferentes misiones de observación electoral internacional presentes en el país- garantizaron que el proceso electoral había sido limpio y no había ninguna posibilidad de fraude. La tensa calma del lunes 16 de agosto estuvo a punto de convertirse en la salida a la calle de miles de electores que, engañados por su dirigencia y los medios de comunicación controlados abrumadoramente por la oposición, fueron convencidos de que les habían robado las elecciones. La estrategia de la mentira, llevada adelante irresponsablemente, podría haber acabado en decenas de muertos. Esto demuestra que alcanzar una oposición legítima, democrática y pacífica es, ahora más que nunca, el reto más difícil que tiene ante sí la sociedad venezolana.

Rubén Martínez Dalmau y Roberto Viciano son profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.