Desde la aprobación de sendas Leyes de las Administraciones Central y Autonómica reguladoras del sector eléctrico en 1997, y los recursos ante el Tribunal Constitucional que ambas interpusieron, quedaron paralizadas las compensaciones al sector eléctrico de Canarias, acumulando hasta 2002 una cifra de 480 millones de euros (unos 80.000 millones de las antiguas pesetas), equivalente al 50% de las inversiones previstas en el plan de infraestructuras eléctricas de Unelco-Endesa hasta 2006. estas compensaciones, que suman cada año aproximadamente un 1% de los ingresos vía tarifa de todo el Estado, están dirigidas a mantener una tarifa eléctrica en Canarias igual a la de la Península, compensando los costes del sistema eléctrico de las Islas, que es mucho más caro debido al combustible empleado –fuel-, a la lejanía y al hecho de contar con seis sistemas prácticamente autónomos (Fuerteventura y Lanzarote están unidas por un cable submarino).

En noviembre de 2002, coincidiendo con los preparativos de la manifestación del 23-N, Julio Bonis en representación del Gobierno de Canarias negoció con el Secretario de estado para la Energía, José Folgado, una salida política a los recursos constitucionales y a las dos leyes reguladoras paralizadas. Esta salida incluía la regulación de los sistemas eléctricos extrapeninsulares en cuanto a la introducción de un nuevo operador, Red Eléctrica de España, y las compensaciones acumuladas desde 1998.

En este sentido, la postura del Gobierno de Canarias se ha plegado totalmente a los intereses privados de Unelco-Endesa, que considera que la titularidad de esa deuda es de la empresa encargada del servicio y no del sistema eléctrico canario. Al mismo tiempo, Unelco presionó a través de la Consejería de Presidencia y de Industria para que el Ministerio de Economía no estableciera una nueva fórmula de cálculo de las compensaciones que pudiera significar una reducción significativa de las cantidades adeudadas. A esto se ha referido Ángel Ferrera y los otros directivos de Unelco como una situación de "inseguridad jurídica", ya que el gobierno central ordena el plan de Infraestructuras, Endesa ejecuta las inversiones y después el propio Gobierno retira las garantías sobre la compensación de estos costes.

De esta manera, los sistemas eléctricos de Canarias han venido deteriorándose progresivamente, mientras Unelco mantenía bajo mínimos la calidad del servicio y el mantenimiento como medida de presión para cobrar la deuda de compensaciones, contando para ello con el respaldo del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, en estos años transcurridos desde 1998, han ocurrido dos cambios sustanciales:

1. Unelco se ha disuelto dentro de Endesa, de manera que la titularidad sobre esa deuda queda en cuestión, dándose la circunstancia de que a 31 de diciembre de cada año, la multinacional eléctrica española necesita que sus auditores presenten un balance con el menor déficit posible para mantener los índices de fiabilidad y valoración de sus acciones en bolsa, debido a las desastrosas inversiones realizadas en América latina (Enersis, Chile, Argentina).
2. Ha entrado un nuevo operador comercial y de transporte eléctrico, Red Eléctrica de España, a la que el Gobierno de Canarias ha otorgado por Decreto esa condición el pasado 30 de abril, pero que todavía no ha comprado las líneas de alta tensión a Unelco-Endesa, por lo que está planificando supuestas alternativas al trazado de Vilaflor sobre unas líneas que no son propiedad suya. En abril se preveía que hasta tanto se publicara el Reglamento de los sistemas insulares y extrapeninsulares, REE como gestor de la red se iba a encargar de realizar propuestas al Gobierno de Canarias sobre el desarrollo y ampliación de la red de transporte –trazado de Vilaflor- para garantizar su mantenimiento y mejora.

El 11 de septiembre pasado, el secretario de Estado de la Energía, José Folgado, anunció tras entrevistarse con el consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Luis Soria, que el decreto regulador de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, actualmente en el Consejo de Estado, entraría en vigor en octubre, habiéndose hecho contactos con Endesa y REE.

El pasado 3 de octubre, el Ministerio de Economía publicó en el Boletín Oficial del Estado la ORDEN ECO/2714/2003, de 25 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, en lo referente a la cesión y/o titulización del coste correspondiente al desajuste de ingresos de las actividades reguladas anterior a 2003 y del coste correspondiente a las revisiones derivadas de los costes extrapeninsulares.

Sin embargo, a día de hoy, ignoramos totalmente qué ha pasado con los 480 millones de euros, quién es el titular, cómo se reparte o transfiere entre Endesa y REE esas cantidades, puesto que la venta de activos conlleva la transferencia de las compensaciones adscritas a los mismos al nuevo titular.

La posibilidad de "titulización" de la deuda convertirá, además, al banco Santander Central-Hispano en el principal beneficiario, pues es el principal accionista de Endesa y podría hacerse con el contrato para adelantar la suma adeudada a las empresas titulares (Endesa y/o REE) ingresándola luego vía tarifa con cargo a los consumidores a un interés elevado, como ha ocurrido con la titulización de la moratoria nuclear.

Mientras tanto, el deterioro de los sistemas eléctricos es cada vez más evidente en las Islas, con una Consejería de Industria que anuncia la apertura de expedientes a Endesa, pero nunca los lleva a término, con un PECAN inoperante debido a que la planificación eléctrica real la lleva a cabo el Gobierno central directamente con las empresas privadas –con el Gobierno de Canarias como convidado de piedra-, con una reducción del mantenimiento de la red y un aumento paralelo de los cortes de luz y el empleo de turbinas de hace treinta o cuarenta años en La Palma, Fuerteventura y Tenerife.

Desde el Movimiento Ciudadano Toda la Isla es Vilaflor queremos saber dónde está y a dónde ha ido el dinero de las compensaciones, pues de él va a depender la viabilidad financiera de un trazado alternativo al de Vilaflor, cuya adecuación medioambiental supone una duplicación o triplicación del coste de los 32 kilómetros de línea de alta tensión.

Manifestamos nuestra preocupación por la presunta comisión de un "PELOTAZO ELÉCTRICO" de 80.000 millones de pesetas (480 meuros), negociado sin información pública entre el Gobierno de Canarias, Endesa y REE con el consenso del Ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el Secretario de Estado, José Folgado.

A este respecto esperamos una respuesta del Gobierno y ejerceremos la iniciativa ciudadana preguntando al Parlamento.