Las últimas declaraciones de diversos funcionarios internacionales involucrados en el proceso de vigilancia de armas en Iraq, tales como las del jefe del grupo de investigaciones en Iraq, David Kay, quien luego de dimitir de su cargo, manifestó su convicción de la inexistencia de armas químicas en el país árabe, confirman lo que los organismos de derechos humanos a nivel mundial han señalado sobre las motivaciones económicas y geopolíticas que motivan la invasión de los Estados Unidos e Inglaterra a Iraq.

"Estas consideraciones están bastante distantes de las razones humanitarias y la voluntad de democratizar este país y por consiguiente se ha abierto un conjunto de conflictos cuya solución no se vislumbra", afirmó Eduardo Cáceres, director general de la Asociación Pro Derechos Humanos, en respuesta a la reciente publicación del artículo "War in Iraq: Not a Humanitarian Intervention" bajo la autoría del director de Human Right Watch, Ken Roth.

La guerra en Iraq y toda la guerra "contra el terror" que promueve el presidente Norteamérica George Bush es la principal amenaza para los derechos humanos en el mundo, lo que se evidencia no sólo por lo que pasa en el país árabe y la agudización de otros conflictos, como es el caso palestino-israelí, sino también por la persistencia de gravísimas violaciones de los derechos humanos y restricciones de las voluntades de los ciudadanos tanto dentro como fuera del territorio norteamericano, sentenció el directivo de APRODEH.

Particularmente, señala, es grave la situación de los detenidos en la base de Guantánamo y diversas cárceles norteamericanas quienes no tienen ninguna capacidad para poder ejercer su derecho a defenderse.

En este contexto, Eduardo Cáceres exhorta a la sociedad civil para que se mantenga atenta frente a estas violaciones, y reclame que las organizaciones internacionales se pronuncien y condenen con toda energía para fortalecer los mecanismos de justicia internacional como la Corte Penal Internacional (CPI) cuy ejercicio se ve limitado por el boicot de los gobiernos de Estados Unidos a reconocer su jurisdicción.

Enviado por Asociacion Pro Derechos Humanos (APRODEH) del Perú.

Lima, 27 de enero de 2004