TOMÁS BÁRBULO - Vitoria

Inmigrantes de varias razas, ataviados con trajes típicos vascos, miran sonrientes a la cámara. Bajo su imagen, esta leyenda: "Puertas abiertas para todos". Estamos ante una campaña diseñada por varios municipios y financiada por el Gobierno de Vitoria. Su objetivo: integrar a los inmigrantes.

Ese cartel no es una anécdota. Detrás de él existe un plan de inmigración trienal avalado por 43,5 millones de euros para los 28.000 inmigrantes regularizados y 11.000 más sin papeles que viven en Euskadi. La cantidad es apreciable, sobre todo si se tiene en cuenta que el presupuesto del último plan trienal de la Comunidad de Madrid, donde los regularizados ascienden a 355.000 y el número de sin papeles se acerca a esa cifra, fue de 12 millones de euros. En resumen: el País Vasco invierte 60 veces más dinero que Madrid en la integración de cada inmigrante.

La oferta gratuita de Euskadi para los extranjeros, con o sin papeles, incluye alojamiento, tarjeta sanitaria, renta básica, cursos de castellano, formación "a la carta" y tramitación de sus documentos en la Delegación del Gobierno. La llave para acceder a todas estas ventajas son los ayuntamientos. "Ellos son como el médico de cabecera, que examina al paciente y le remite a los especialistas, que se encargan de tratar su dolencia", explica el director de Inmigración del Gobierno autónomo, Boladji Omer, natural de Benin.

Así pues, lo primero que debe hacer un inmigrante que llega a Euskadi es presentarse en el ayuntamiento de la localidad donde aspira a residir. Allí, un asistente social (pagado por el Gobierno vasco) se encargará de empadronarlo, elaborará un informe con sus necesidades y aspiraciones y le proporcionará cobijo. "Todos los municipios de más de 20.000 habitantes deben contar con un albergue para estos casos. Los que no lo tienen habrán de pagar una pensión a los recién llegados", asegura Omer. Esta situación se mantendrá hasta que el asistente social le encuentre plaza en uno de los numerosos pisos de acogida gestionados por los propios ayuntamientos o por ONG.

Tres meses después de su llegada, las autoridades consideran que el extranjero ha demostrado su voluntad de residir en el municipio y le entregan la tarjeta sanitaria. A los seis meses comienza a percibir una ayuda mensual de emergencia social de 220 euros. Según el departamento de Justicia del Ejecutivo autónomo, unos 2.000 inmigrantes se benefician ahora mismo de ese sueldo, que a partir del año de residencia se transforma en una renta, también mensual, de 435,17 euros.

En el caso, bastante frecuente, de que el inmigrante no hable castellano, el asistente social le remite a una escuela de Educación Permanente para Adultos (EPA), donde le enseñan el idioma. Si es menor de edad, los colegios públicos y concertados ponen a su disposición cursos de adaptación lingüística en euskera y castellano y programas de escolarización específicos.

La percepción de la renta básica implica la incorporación del extranjero a un programa de formación y búsqueda de empleo. "Las personas en situación irregular no pueden acceder a la intermediación laboral y a los cursos de formación del Instituto Nacional de Empleo (INEM)", argumenta Omer. "Nosotros les ofrecemos, de forma totalmente gratuita, una batería de cursos más completa que la del INEM".

El Gobierno vasco también financia un servicio de abogados que, en régimen de dedicación exclusiva, tramita ante el Gobierno central las solicitudes de permisos de residencia y de trabajo de los sin papeles. Funciona desde hace año y medio; en ese tiempo ha atendido a 10.402 inmigrantes y ha elaborado 5.306 expedientes. De estos últimos, ha remitido 1.927 a la Administración central, que hasta el momento sólo ha resuelto 367, de los cuales 314 (el 85%) favorablemente.

El departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ha puesto en marcha un programa para "capturar" viviendas vacías. Ofrece a los propietarios préstamos de hasta 18.000 euros con el fin de que las restauren y luego se las alquilen por cinco años. El Ejecutivo las realquila por entre 90 y 180 euros mensuales y abona la diferencia entre esta mensualidad y la que recibe el propietario. 6.375 inmigrantes se han inscrito en este programa.

A la vista de este muestrario de ofertas para los inmigrantes, parece cierta la afirmación del director general de la ONG Zutalur, Fernando Castro, que gestiona siete pisos de acogida: "Socialmente hablando, Euskadi está tres pasos por delante de otras comunidades autónomas".

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, de Izquierda Unida reivindica su "política progresista" y lanza un desafío al Gobierno central: "Lo que nos gustaría es que nos dieran las competencias sobre inmigración para regularizar a todos los sin papeles". ¿No teme que la afluencia de extranjeros desde otros lugares se España les desborde y su plan se hunda? "No funcionamos con ese cálculo, sino bajo el principio de la solidaridad", se defiende.

La familia Idown, de Nigeria, viajaba en una de las dos pateras que naufragó el pasado 17 de abril en Fuerteventura, con el resultado de al menos 16 muertos. Favour, la madre, de 20 años, consiguió sobrevivir al naufragio, pero su hija Esther, de nueve meses, se ahogó, como su marido, Ronald, que la llevaba en brazos. Favour buscó desesperadamente los cuerpos de su hija y de su pareja durante varias horas, pero no consiguió volverlos a ver. Los cadáveres aparecieron más tarde en el agua, pero los 46 supervivientes ya habían sido internados en el campo de detención, muchos de ellos heridos por las rocas y tras recibir sólo una primera cura de urgencia. A pesar de que entre las víctimas estaban su hija y su marido, el delegado del Gobierno en funciones, Ramón Paniagua, mantuvo encerrada durante tres días a la destrozada madre y viuda, ignorando las peticiones de Cruz Roja para llevarla a su piso de acogida. Favour, en contra de su voluntad, ni siquiera pudo reconocer personalmente los cadáveres de sus muertos; lo tuvo que hacer a través de fotografías.

Hace unos meses, y a pesar de las peticiones de ONG, periodistas y decenas de niños que le escribieron cartas, Ramón Paniagua también mantuvo entre rejas durante 15 días al aterrado niño Famili Badariff, de seis años, alegando que él y su madre eran marroquíes y se podían escapar. En otras ocasiones separó a varias familias y exigió a los inmigrantes "sin papeles" que presentaran sus certificados de matrimonio para poder visitar a los maridos y padres encerrados. En el 2003 llegaron a las costas de Canarias 9.382 inmigrantes vivos, la mayoría de ellos con cuadros de hipotermia, hipoglucemia, agotamiento, deshidratación, hambre y sed. Y con golpes, cortes, luxaciones, descalzos y empapados. Anteayer murió uno por hipotermia en la patera. Durante años, en el cuartel de Gran Tarajal, los guardias les han ofrecido lo único de lo que disponen: un puñado de mantas viejas y generalmente sucias por falta de presupuesto para lavarlas, un bocadillo y un batido de cacao, si los bares están abiertos. Cuando los inmigrantes han conseguido secar sus cuerpos, los guardias, avergonzados, se ven obligados a quitarles las mantas y a decirles que se vuelvan a poner la ropa mojada, incluidos mujeres embarazadas y niños. Carlos Ugarte, coordinador de Médicos sin Fronteras, denuncia que "la responsabilidad de la salud de los detenidos es del Gobierno, pero se han hecho los locos durante años y no había ningún dispositivo de atención con un mínimo de medios y de humanidad.

Los guardias están poniendo muchas cosas fuera de su cometido y los tratan con respeto, porque debajo del uniforme hay personas, pero no tienen medios. Por eso hemos iniciado una intervención de emergencia humanitaria con un hospital de campaña y un equipo médico móvil de cuatro personas con tres vehículos para dar una primera asistencia médica, mantas térmicas, agua, leche caliente, galletas y un 'kit' completo de ropa seca compuesto de pantalón, sudadera y chanclas". Encerrados 40 días Con la ropa mojada, los inmigrantes detenidos son llevados al campo de detención sin nombre oficial, conocido por El Matorral o "Treblinka", el antiguo cuartel de la Legión donde son encerrados durante 40 días, rodeados por alambradas y carteles con la inscripción "zona militar". Una parte dispone de celdas, calificadas por testigos como "jaulas para animales", y está prohibido el paso a la prensa y a las ONG. A Cruz Roja sólo la dejan entrar para atender a los más enfermos y llevar material higiénico y, según el padre Alejandro, párroco durante cinco años en Gran Tarajal, hace tiempo que "Cáritas pidió acceso al campo y la respuesta del delegado fue que a condición de callarse la boca. Cáritas no aceptó".

La relatora especial de Naciones Unidas para los inmigrantes irregulares, Gabriela Rodríguez Pizarro, que visitó Canarias en septiembre pasado, afirma que "había detenidas 846 personas" y que a varias mujeres "el día de su visita era la primera vez que las dejaban salir al patio". Según afirmó Ramón Paniagua, cuando se sobrepasa el "límite" de 1.200 plazas se seguirá utilizando la antigua terminal del aeropuerto. Un lugar conocido como Guantánamo 2, denunciado por muchas organizaciones nacionales e internacionales. Aunque, como afirma Pedro Santana, de la Comisión Estatal de Ayuda al Refugiado (CEAR), "a mí me han llegado a reconocer que hay más de 1.800 inmigrantes hacinados en El Matorral". Para él, "en Fuerteventura no hay ley, los inmigrantes son tratados como cajas de plátanos. Se les aplica automáticamente el procedimiento de expulsión y los jueces no ejercen la tutela efectiva. Si saben que a muchos no los pueden repatriar, ¿por qué dan sistemáticamente la orden de internamiento por 40 días en ese campo de concentración sin nombre, ni normativa legal que cumplir, aislados como si fueran terroristas, sin poder comunicarse ni con sus familias? Están en el limbo. Como en Guantánamo".

La relatora de la ONU indica que el juez "normalmente ratifica la propuesta de la policía sin contactos directos con el inmigrante ni visitas a los centros de internamiento". "El derecho de asilo no está garantizado en Fuerteventura, es más que extraño que en el 2003 sólo haya habido 38 solicitudes -denuncia Santana-. A los abogados no les dan información y no saben si sus defendidos están en libertad o los han deportado; están desaparecidos. Tampoco se respeta el secreto profesional entre abogado y cliente, ya que los intérpretes de los letrados son los mismos contratados y pagados por la policía. Muchos abogados tienen una actuación presencial, pero no activa en defensa de sus clientes." Derechos humanos violados Según la relatora, hay un "desconocimiento de las garantías y derechos que puede desembocar en eventuales violaciones de los derechos humanos", y existe "riesgo de indefensión frente a posibles abusos y violaciones debido a la ausencia o insuficiencia de asistencia letrada".

En su respuesta a la ONU, el Gobierno de Aznar expresó su "perplejidad", pero admitió la "insuficiencia" letrada, aunque la achacó a la "calidad humana y profesional" de los abogados. Más de 92.000 inmigrantes fueron deportados en el 2003, según el ex ministro del Interior, Ángel Acebes, pero los que no pueden ser expulsados en 40 días quedan en libertad, según la relatora, en un "limbo jurídico que no les permite regularizar su situación". Favour tiene suerte, tras las peticiones de instituciones, ONG y sindicatos, finalmente pudo asistir al entierro de su hija y de su marido, y el delegado del Gobierno en funciones parece dispuesto a estudiar su caso, pero los demás náufragos seguirán recibiendo el trato habitual si no cambia el talante. Anteayer encerraron en el campo de detención a dos mujeres embarazadas, una de ellas menor: 16 años.