Mientras Aznar continuaba su campaña de descalificaciones a la oposición; atemorizando a ingenuos con el "peligro" para la unidad de España; despreciando el Parlamento y negándose, con la complicidad mercenaria de Coalición Canaria, a explicar sus mentiras para justificar la agresión a Irak, se produjo un grave accidente, en la planta petroquímica de Repsol, en Puertollano, que ha costado la vida de siete trabajadores y mantiene en una situación de gravedad a otros tres, sin que hayan merecido la atención de Aznar, en sus largas peroratas de Menorca y Quintanilla de Abajo, ahora de Onésimo (Redondo).

Sin que produzca demasiado escándalo e indignación, todos los años mueren en España más de mil trabajadores mientras realizan su trabajo y alrededor de 1.500 sufren lesiones, discapacidades e invalidez, con secuelas para toda su vida, con un alto coste sanitario y social, que pagamos todos. En 2002, 1.104 trabajadores murieron en accidentes de trabajo, 83 más que el año anterior. Seis años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de reiterados "planes de choque" del Gobierno, España continúa liderando el indeseable ranking europeo de siniestralidad laboral, pese a los variados sistemas de ocultación y manipulación que utilizan las empresas.

Las causas de una gran mayoría de los accidentes son suficientemente conocidas por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos: incumplimiento generalizado de las normas de seguridad colectivas e individuales; excesiva subcontratación y abusiva utilización de la contratación temporal, en puestos que requieren conocimiento y experiencia; escasa formación en materia de prevención y seguridad; prolongación ilegal de la jornada laboral; sanciones económicas insignificantes que no actúan como elemento disuasorio para los infractores.

El complemento necesario para que se mantenga esta situación está en la falta de voluntad política del Gobierno de Aznar, que antepone los intereses de empresarios y especuladores inmobiliarios, a los de millones de trabajadores que corren el riesgo de perder la vida o quedarse en una silla de ruedas toda la vida, mientras trabajan. El desmantelamiento de la Inspección de Trabajo, sin personal, ni medios técnicos suficientes, en aras del "déficit cero", es causa principal de que, uno de cada cuatro trabajadores, muertos en accidente laboral, en la Unión Europea, sea español. Y, por qué no decirlo, alguna responsabilidad tienen los líderes sindicales, que firman grandes acuerdos sobre prevención, que, luego, están incapacitados para hacer cumplir.

Todos estos aspectos negativos y alguno específico han estado presentes en la tragedia de la refinería de Repsol, en Puertollano, donde no funcionaron los sistemas de alarma. Todas las víctimas pertenecían a alguna de las ¡veintitrés! empresas subcontratadas. Los trabajadores han acusado a Repsol, de descuidar las medidas de seguridad y abusar de los trabajadores subcontratados, con menores sueldos y sin la formación adecuada. Los bomberos que trabajaron en la extinción del incendio han denunciado las "notables carencias", en materia de seguridad, que podían detectarse en Repsol, una empresa con grandes beneficios presidida por un amigo de Rodrigo Rato.

Del centenar de refinerías europeas, las españolas son las más obsoletas, las que presentan un mayor deterioro de sus infraestructuras y un menor gasto en seguridad y prevención. Muchas de ellas se mantienen en la cercanía de importantes núcleos urbanos y la mayoría continúan manteniendo las instalaciones de refinado y transformación, al lado de los depósitos de almacenamiento de crudo, refinado y gas, lo que incrementa el peligro para trabajadores y ciudadanos.

Este accidente no es el primero que se produce. En los últimos diez años han muerto ocho trabajadores. Es el complejo petroquímico con más accidentes de Europa. Situado a menos de cinco kilómetros de Puertollano, la tragedia no tuvo consecuencias más negativas, para sus 50.000 habitantes, porque los depósitos que ardieron contenían gasolina refinada, de escasa peligrosidad tóxica y no soplaba el viento.

Aún, rechazando los insultos e intentos de agresión, contra los Secretarios Generales de UGT y CC.00., que acudieron a la manifestación, para exigir mayores medidas de seguridad y reivindicar una situación laboral más estable, es explicable la indignación de los más de mil trabajadores, de empresas subcontratadas por Repsol. Los accidentes laborales no son una maldición del cielo, ni una consecuencia inevitable del desarrollo económico. En su gran mayoría se pueden evitar.

Pero, no se logrará si dejamos la responsabilidad del cumplimiento de las normas de prevención a unos empresarios, cuyo objetivo principal, está en conseguir los mayores beneficios, con el menor coste. Los sindicatos tienen que ejercer una mayor presión para obligar al Gobierno, principal responsable de la situación, a abandonar su tibieza con los incumplimientos flagrantes de toda la legislación sobre seguridad en el trabajo. Los sindicatos no pueden continuar firmando grandes pactos, vacíos de contenido si no se ponen los medios económicos y humanos para que tengan efectividad.

Lo sucedido en Puertollano tendría que hacer reflexionar a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife sobre las consecuencias de un accidente grave en la instalaciones de la refinería de Cepsa. Durante años y años, los santacruceros han estado sometidos a las molestias frecuentes del desagradable olor a petróleo quemado, que les obligaba a cerrar puertas y ventanas.

Aquí, esas instalaciones no están a cinco kilómetros del centro urbano, sino en medio de una zona de gran especulación inmobiliaria, junto a los muros exteriores de las instalaciones o en terrenos vendidos o cedidos de la propia refinería. A pocos metros, se ha construido el Recinto Ferial, la estación de guaguas, hoteles, centros de ocio, grandes superficies y el Parque Marítimo.

Cientos de empresas y miles de ciudadanos han instalado sus oficinas o adquirido viviendas, casi, junto a los muros de las instalaciones y los depósitos de carburantes o de gas. Y esto ha ocurrido con la complicidad irresponsable del Ayuntamiento y del Cabildo, para los que la especulación es más importante que la seguridad. Ojalá no ocurriera, pero si se produjera un incendio, en los depósitos de crudo, con viento, la situación de los ciudadanos de Santa Cruz sería preocupante.

Con independencia de las medidas de seguridad interna, ¿existe algún plan de emergencia exterior que incluya la evacuación de los núcleos urbanos más cercano? ¿Tienen el Ayuntamiento, el Cabildo o el Gobierno autónomo algún plan de evacuación de los miles de ciudadanos que van a vivir, trabajan o acuden a esa zona?