Washingtonpos
.comRevocatorio en Venezuela
Después de oponerse por más de un año, el presidente venezolano Hugo Chávez finalmente ha aceptado el referendo revocatorio en su contra contemplado en la propia Constitución, o por lo menos eso es lo que él ahora dice. Esta semana el Consejo Nacional Electoral, controlado por los partidarios del presidente, anunció que el referendo debería ser llevado a cabo el 15 de agosto, justificándose en una petición de la oposición la que recogió más de 3 millones de firmas (¿quién le dijo al editorialista que fueron más de tres millones de firmas las que validaron la solicitud de referendo?) y la que superó un esfuerzo feo (SIC) del gobierno por invalidar la mayoría de ellas. Que el movimiento finalmente haya tenido éxito es debido en parte a los esfuerzos incansables del ex presidente Jimmy Carter y del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, quienes insistieron que el proceso del referéndum fuera respetado y quienes intervinieron en varias ocasiones para evitar que el Sr. Chávez lo manipulara (¿de verdad se lo habrán creído). La persistencia de ellos (Carter-Gaviria) así como de la oposición pareciera presagiar que la crisis política en la que está sumida Venezuela se pueda resolver por medios democráticos y pacíficos. Muchas cosas podrían ir mal, no obstante, y ésa puede ser intención subyacente de Sr. Chávez. Ya ha habido cambios que perturban. El consejo electoral fijó la fecha del referéndum para una semana después de la previamente convenida (¿quién la convino, solo la oposición, porque que uno sepa jamás el Gobierno señaló como fecha para el referendo el 8 de agosto), significando que ahora el referendo se celebrará a cuatro días de una fecha que, según la Constitución, impediría que se fuera a una elección presidencial (aquí el editorialista del Washington Post señala la posibilidad de que no se celebren elecciones y que el periodo constitucional lo finalice el Vicepresidente). Los funcionarios (del CNE) también anunciaron que los votos serían contados usando máquinas electrónicas por probar, provistas por un consorcio en el cual el Gobierno tiene intereses financieros. Los seguidores del Sr. Chávez han rechazado las ofertas para la supervisión independiente del proceso refrendario y han insinuado que intentarán excluir a observadores del Centro Carter y de la OEA. Hay denuncias por parte de ciudadanos que firmaron la petición del referendo revocatorio señalando que les han sido denegados pasaportes, y que han sido botados del trabajo en oficinas del Gobierno, y uno de los organizadores (supongo que hacen referencia a SUMATE) de la campaña está bajo investigación por el "crimen" (SIC) de recibir financiamiento del National Endowment for Democracy. El Sr. Chávez tiene motivos amplios para bloquear un voto justo. Su regla cuasi-socialista, cuasi-autoritaria ha arruinado la economía venezolana y lo ha privado de la mayoría del apoyo que tuvo una vez. La renta per capita verdadera declinó 27 por ciento entre 1998, cuando eligieron a Sr. Chávez por primera vez, y finales del año pasado, mientras que el desempleo se elevó del 14 por ciento al 18 por ciento, mientras que la inflación se elevó a más de 30 por ciento. La mayoría de las encuestas demuestran que Sr. Chávez perdería un referendo en su contra, aunque la carencia de cohesión de la oposición - agrupa sindicatos, asociaciones de empresarios y los partidos políticos unidos solamente por (lo que consideran) el asalto del presidente contra la democracia venezolana -ante una elección presidencial terminaría (la precaria unión de la oposición) en una rebatiña. No está claro si se le permitiría al Sr. Chávez competir en una nueva elección -- lo que explican por qué él presionó al Congreso venezolano para que dictara una ley que le permita controlar el Tribunal Supremo. Los venezolanos, y el mundo, sólo pueden tener por seguro que el Sr. Chávez hará todo posible para impedir o manipular próximo referendo. Si él ganara, la oposición estaría obligada a aceptar que permanezca en el poder por los dos años restantes de su mandato, que es de seis años. Pero si consigue vencer en el referendo estará bajo la presión continuada y concertada de los Estados Unidos y de los gobiernos latinoamericanos. Ellos deben insistir en recordarle que ya no puede seguir siendo retrasado más (al referendo se refiere el editorialista), y que los observadores internacionales deben tener plena autoridad para revisar la votación.
Recall in Venezuela
Saturday, June 12, 2004; Page A20
AFTER MORE than a year of resisting, Venezuelan President Hugo Chavez has finally accepted the democratic vote on his tenure in office provided for under his own constitution -- or at least that's what he says now. This week the National Electoral Council, controlled by the president's loyalists, announced that a recall election would be held on Aug. 15, vindicating an opposition coalition that collected more than 3 million signatures on petitions and overcame an ugly government effort to invalidate most of them. That the movement finally succeeded is due in large part to the tireless efforts of former president Jimmy Carter and the secretary general of the Organization of American States, Cesar Gaviria, who insisted that the referendum process be respected and who intervened repeatedly to prevent Mr. Chavez from manipulating it. Their persistence and the opposition's own acceptance of the rule of law provide a ray of hope that Venezuela's long-running political crisis can be resolved by democratic and peaceful means.
Much could still go wrong, however -- and that may be Mr. Chavez's underlying intention. Already there have been some disturbing developments. The electoral council set the referendum date a week later than previously agreed, meaning that it is now within four days of a constitutional cutoff date after which the recall of Mr. Chavez would not trigger new elections. Officials also announced that the votes would be counted using untried electronic voting machines supplied by a consortium in which the government has a financial stake. Mr. Chavez's cronies have rejected proposals for independent monitoring of the machine tally and have suggested they will try to exclude observers from the Carter Center and the OAS. There are widespread reports that citizens who signed the recall petitions have been fired from government jobs or denied passports, and one of the organizers of the campaign is under investigation for the "crime" of receiving funding from the National Endowment for Democracy.
Mr. Chavez has ample motive to block a fair vote. His quasi-socialist, quasi-authoritarian rule has wrecked the Venezuelan economy and deprived him of most of the support he once had. Real per capita income declined 27 percent between 1998, when Mr. Chavez was first elected, and the end of last year, while unemployment rose from 14 percent to 18 percent and inflation soared to more than 30 percent. Most polls show that Mr. Chavez would lose a fair recall vote, though the opposition's lack of cohesion -- it groups labor unions, business associations and political parties united only by the president's assault on Venezuelan democracy -- means a follow-up presidential election would be up for grabs. It's not clear whether Mr. Chavez would be allowed to compete in a new election -- which helps explain why he recently pushed legislation through the Venezuelan congress that will allow him to pack the Supreme Court.
Venezuelans, and the outside world, can only expect that Mr. Chavez will do everything possible to stop or manipulate the upcoming vote. If he were to win fairly, the opposition would be obliged to accept his completing the two remaining years of his six-year term. But just getting to a fair vote will require continued and concerted pressure by the United States and Latin American governments. They should insist that the recall not be further delayed -- and that international monitors be given full authority to monitor and audit the balloting.