Sociedad excluyente

Lorenzo Doreste

El viaje que hice a América en 2000 me abrió los ojos. Vi que España vive de espaldas a estos pueblos que la llaman la madre patria, pues sólo se interesa por ellos si dan facilidades para inversiones. En cambio, si sus gobiernos muestran desconfianza y temen ser colonizados, enseguida son anatematizados por los empresarios españoles. Vi que Colombia es el Estado más criminal del mundo, un Estado que se encuentra en la Edad Media, pues los ricos apenas pagan impuestos, y los señores de la guerra hacen lo que les da la gana en las expropiaciones de tierras y en el narcotráfico, casi siempre en connivencia con el Estado. La sociedad colombiana, debido a una alianza secular de su oligarquía con Estados Unidos, es la sociedad más excluyente del mundo. Excluye a los pobres, los indígenas, los sindicalistas, y en general, a todo el que hace la más mínima protesta social, que de inmediato corre peligro de que, por unos pocos pesos, lo asesine un sicario, y que digan los periódicos que lo hizo un vulgar ladrón para robarle.

También vi que en Canarias, sin llegar a esos extremos, hay síntomas alarmantes de una cerril mentalidad excluyente que padecen (y nos hacen padecer) los que nos gobiernan. Podríamos señalar muchos de estos síntomas. Vamos a limitarnos a dos, de los cuales se ha hablado en estos días en los medios de comunicación social. Uno es la destrucción premeditada de la agricultura canaria, y el otro es la prohibición indiscriminada, sin regulación, de las acampadas.

En todos los países más adelantados el agricultor y el ganadero son los niños mimados de la administración pública, se les da todo lo que piden (créditos sin interés, asesoría técnica, garantías de compras, etc.), porque un país sin agricultura está a merced de los importadores de alimentos, que ponen los precios que les da la gana. En consecuencia el coste de vida sube hasta la estratosfera, que es lo que ha ocurrido en Canarias. Dicen que la mejor fuente de ingresos es el desarrollo científico e industrial. En efecto, la agricultura no da ingresos masivos, pero evita gastos innecesarios, ahorra mucho al evitar la especulación con el bien más primario, que es la alimentación, y promueve una mayor justicia social. Los políticos dicen que proteger la agricultura no es rentable, ya que los países más desarrollados ofertan mejores precios dé los productos agrícolas. Pues sí, esa impresión da al principio, pero a la vuelta de unos pocos años, cuando ya el agricultor y el ganadero han adquirido una capacidad técnica y disfrutan de unos recursos de los que antes carecían, viene la equiparación de precios. Es una iniquidad que en países africanos se siga importando leche holandesa con el pretexto de que es más barata que la local. A eso se contesta que no sería más barata dentro de tres o cuatro años. La oligarquía político-empresarial sigue apostando por el turismo y por la burbuja inmobiliaria. De ahí no sale. Sobran camas y se empeña en construir más. Y en cuanto a la burbuja, sigue la locura de la libertad absoluta de mercado: El constructor que ha gastado veinte millones en construir una casa, pide cuarenta por ella y se la dan, porque la gente considera la vivienda un bien de primera necesidad.

Y en cuanto a la prohibición indiscriminada, sin regulación, de las acampadas en zonas próximas a la costa, diremos que no se puede excluir de esa forma a los canarios pobres en su propia tierra. Esas son gentes que no tienen dinero para ir a un apartamento u hotel. ¿Entonces no tienen derecho a unos días de vacaciones?

Ya la oligarquía ha invertido bastante en cemento. Hay que mandar a parar. Es la hora de invertir en agricultura, en ganadería, que hay sobradas vocaciones para estas actividades. Muchos canarios están excluidos en su propia tierra de los bienes más elementales. Siempre habrá pobres y hay que legislar para ellos. No se les puede excluir de forma tan inmisericorde. Urge un plan director de regulación de las acampadas, con un control de las mismas, una normativa de derechos y deberes de los campistas, y una mejor protección de playas y otros entornos turísticos, para frenar las construcciones desaforadas.