"Gu ere ba gara Gorka Knörr, Alkartasuna. Nosotros también somos Gorka Knörr, Solidaridad". Con estas pegatinas se van a concentrar este miércoles, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cargos públicos y militantes de Eusko Alkartasuna, para mostrar su solidaridad con el Vicepresidente Primero del Parlamento Vasco. Knörr, junto al Presidente del Parlamento, Juan María Atutxa (PNV), y la también miembro de la Mesa, Kontxi Bilbao (Izquierda Unida) habrán de comparecer ante el citado Tribunal, para declarar como imputados en un presunto delito de desobediencia, por su negativa a disolver el grupo de Socialista Abertzaleak en el Parlamento de Vitoria. Los tres llegarán juntos, a pie, hasta la sede de este Tribunal, situado junto a la sede central del PNV en Bilbao. Todos los parlamentarios de IU, EA y PNV se concentrarán ante esta dependencia judicial, para mostrar su solidaridad con los "imputados". Se espera la asistencia de cientos de militantes de los tres partidos, que han convocado de "forma discreta" a sus bases, para que muestren su apoyo a Knörr, Bilbao y Atutxa. El propio presidente del PNV, Xabier Arzalluz, anunció su presencia en esta concentración, mientras que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, no podrá asistir ya que se encuentra de viaje en Lyon. Horas antes de esta convocatoria, Arzalluz acusaba al Gobierno de reformar el Código Penal con el único objetivo de "encarcelar al lehendakari". El presidente del PNV añadía que si Atutxa es procesado habrá una "conmoción social".

El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, acusaba al Gobierno del Partido Popular de hacer una reforma "fascista" del Código Penal para la "represión de la disidencia política". El líder del PNV denunciaba la falta de consenso y el mecanismo utilizado para plantear la reforma penal, cuyo único objetivo, considera, es encarcelar al lehendakari lbarretxe. Arzalluz asegura que José María Aznar ha "desacreditado" la Justicia y el Derecho como hasta ahora sólo lo había hecho Franco, dejando debilitado el sentido democrático del Estado de Derecho. A su juicio, el Partido Popular quiere dar una "impronta fascista" al texto penal únicamente para "criminalizar" las ideologías políticas, lo que supone "el principio del fin" del Estado de Derecho.