Para eso ha viajado a la Isla invitada por la Plataforma del Sur Hilda Riquelme, indígena mapuche de 22 años perteneciente a la organización Mapu Domuche Newen y activista en la campaña del Biobío, quien vino acompañada por Diana de Horna, representante en España de la organización internacional Survival International.

Ayer por la mañana, Riquelme y De Horna explicaron la situación que viven los mapuche-pehuenches en una rueda de prensa celebrada en la misma acera frente a la entrada principal de las oficinas centrales de Unelco, en la calle J.R. Hamilton de Santa Cruz de Tenerife, acto que presidieron Heraclio Sarmiento y Agapito de Cruz, representantes de la Plataforma Ciudadana del Sur. Luego, Hilda Riquelme y Heraclio Sarmiento accedieron al interior de las oficinas y entregaron al gerente de la empresa un manifiesto de protesta contra los proyectos de Tenerife y del río chileno Biobío. "Sólo nos permitieron que entráramos dos. Les dimos el manifiesto, el gerente prometió que lo elevaría a los responsables de la empresa y dijo que no tenía más tiempo pues andaba liado", explicó Sarmiento ya fuera de las oficinas.

Ambos colectivos se han unido porque creen que el entorno natural en el que viven se vería seriamente amenazado "por los proyectos expansionistas de estas empresas, que disfrutan de la complicidad de los gobiernos, cuya línea es buscar más beneficios económicos por encima del respeto a los ecosistemas, de las leyes e incluso de la integridad de los pueblos que ocupan los territorios donde se asentarían estos proyectos", coincidieron los miembros de los colectivos.
En concreto, la Plataforma del Sur considera que el Gobierno canario ha permitido en los últimos 10 años un crecimiento "desorbitado e irresponsable" de las instalaciones turísticas que no estuvo correlacionado con medidas energéticas, de forma que ahora urge la instalación de un nuevo tendido. La solución de Unelco es un tendido aéreo que dañaría parajes naturales de gran relevancia, como el pinar de Vilaflor, cuando la plataforma entiende que debía buscarse otra fórmula menos dañina con el medio ambiente, aunque costara más dinero, "el coste de la irresponsabilidad en la gestión política".

Los indígenas chilenos del Alto Biobío también se han alzado contra la central que Endesa ya hizo y contra las que están previstas en un territorio indígena oficialmente reconocido desde el 96 y supuestamente protegido por las leyes chilenas. Un estudio realizado por el departamento de Derechos Humanos y Estudios Indígenas de la Universidad de Santiago de Chile denuncia las acciones de la mencionada empresa y sus conductas, que "constituyen graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo mapuche-pehuenche, cometidas con ocasión del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco en el Alto Biobío [...], desarrollado por Endesa S.A., empresa chilena privatizada y cuyo control accionario es de Endesa España desde el 99".

Continúa el informe, también apoyado por el equipo internacional Nizcor, de derechos humanos, que "la construcción de la Central Ralco, que apresuradamente avanza en sus obras iniciales, implicaría el desarraigo y la relocalización de numerosas familias y miembros de las comunidades mapuche-pehuenches de Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, en el alto del río [con aproximadamente 3.000 miembros], y el traslado forzado de todas aquellas familias y propietarios indígenas que se oponen al proyecto, que se niegan a ser desplazados de sus tierras" y que, según explicó en Tenerife ayer la propia Hilda Riquelme, se oponen también a que estos territorios de gran valor natural queden afectados por la contaminación de las centrales, una ya terminada, la de Ralco en vías de construcción y otras cinco previstas para el futuro.

"Para lograr materializar su proyecto, Endesa", refiere el informe, "ha aplicado sobre la población indígena afectada una política sistemática para quebrar y desarticular su oposición inicial casi unánime, irrumpiendo en las vidas de los indígenas sin consideración con sus costumbres. Numerosos antecedentes llevan a concluir que de materializarse la construcción de la nueva central estas comunidades cuyas tierras serían inundadas sufrirían la desintegración social y cultural como pueblo". Para la Universidad chilena y el equipo Nizcor, "esto supone un atropello flagrante de derechos inviolables de los pueblos indígenas, atropello en el que Endesa ha contado con el apoyo del Gobierno chileno y que sería constitutivo de delito de genocidio".

Para más información sobre la campaña contra Endesa en Chile se puede consultar con la web www.derechos.org/nizkor.