La Provincia, 12-4-04

José Manuel Rivero pretende llegar hasta el final en el caso Tindaya, a pesar del varapalo que ha supuesto el archivo de la querella penal. Mientras la parte que presentó la querella, el Gobierno de Canarias, mira para otro lado, quizá por temor, los ecologistas meten el dedo en la llaga de la ´papa´ más caliente del Ejecutivo en los tribunales.

- ¿Qué le parece el archivo de la querella del caso Tindaya?

- Me parece un archivo muy poco fundamentado y un cierre en falso del caso Tindaya. No se debió archivar bajo ningún concepto, porque los elementos que maneja el juez precisamente a lo que conducen no es a que el delito no está lo suficientemente acreditado, sino que hay hechos que revisten de una forma clara y notoria los caracteres de delito.

- ¿De qué delitos estamos hablando, y por qué?

- Creo que a lo largo de la instrucción aparece de una forma clara el delito de malversación de caudales públicos; está acreditado que el pago que en su momento se hizo de 1.960 millones de pesetas por unos gastos de estudio e implantación que nunca se realizaron en definitiva fueron a satisfacer los negocios privados que con anterioridad habían concertado Cabo Verde S.A. y la UTE. En concreto, 1.650 millones fueron a parar a Cabo Verde S.A. en virtud de un contrato anterior que se había suscrito con la UTE que con posterioridad resultó adjudicataria del Proyecto de Tindaya. Ese pago está costando perjuicio al erario público, porque esos 1.960 millones de pesetas fueron utilizados por Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT) tras solicitar un crédito que fue avalado por el Gobierno de Canarias, porque PMMT no tiene fondos propios. Es claro que en la actualidad se están desembolsando caudales públicos por una operación fraudulenta, como se recoge en el Boletín Oficial de Canarias en el que se detallan dos subvenciones a PMMT para pagar el aval de 1999, por eso nosotros sostenemos el delito de malversación de caudales públicos. Y si no se considerara este delito, en todo caso existiría lo que en Derecho se llama administración desleal por parte de PMMT al distraer fondos de la sociedad para dirigirlo a fines que no son los estipulados.

- Dice el juez en su auto que el Gobierno era conocedor del contrato entre PMMT y la UTE y que no pudo ser engañado. ¿No tuvo medios para demostrar el delito?

- Precisamente por eso digo que el auto está poco fundamentado en lo que se refiere a sostener la inexistencia de delito, por eso creo que es un cierre en falso; si para desestimar la existencia del delito de estafa el juez se basa en que el Gobierno no pudo o no fue engañado, y por tanto falta el elemento fundamental del delito de estafa, que es la existencia de un engaño, y se sabía que esos 1.960 millones de pesetas no iban a ser destinados a gastos de estudio e implantación, lo que habría que averiguar e investigar es si los miembros del Consejo de Gobierno de 8 de octubre de 1998 conocían que en realidad ese dinero no iba destinado a lo que estaba establecido. Habría que investigar si el Gobierno o miembros del Gobierno estaban en el ajo. Además, un representante de la UTE, concretamente el señor Calvo Iñarra, dice en instrucción que la Administración conocía el destino último del dinero; eso lo dijo en instrucción.

- ¿Qué papel cree que jugó Jaime Rodríguez Cíe en el caso Tindaya?

- Teniendo presente siempre la presunción de inocencia, yo nada más me voy a remitir a una declaración que él hizo también en instrucción, y que pone todos los puntos sobre las íes. Creo que su actuación ha sido incorrecta, incluso con responsabilidad penal, porque existen indicios de que ha cometido una serie de delitos. Dice en su declaración que su participación "siempre fue activa, como ejecutor y gestor de las instrucciones y órdenes del Gobierno, dadas normalmente a través del consejero de Turismo, Lorenzo Olarte". Si hacemos caso a esta declaración de Rodríguez Cíe, si él firmó los cheques por los que se pagaron 1,960 millones de pesetas, y el Gobierno no fue engañado, como dice el juez en el auto, estamos ante un elemento más para apurar la investigación y depurar posibles responsabilidades.

- ¿Cree que Lorenzo Olarte tuvo una participación activa en este asunto?

- Yo hablo de miembros del Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 1998 que pudieran saber que esos 1.960 millones de pesetas se iban a pagar a Cabo Verde aún antes de que se desembolsaran. Si Rodríguez Cíe dice que actuó como mandatario del Gobierno, habrá de investigarse las responsabilidades, y no porque lo diga yo, sino por el contenido del auto y las declaraciones de Rodríguez Cíe y del representante de la UTE.

- ¿Cómo explica que el Gobierno no impute a Rodríguez Cíe en su querella?

- La querella del Gobierno es incongruente, y es uno de los elementos en los que se basa el juez para decir que el Gobierno no fue engañado. El juez cree que no existe el delito de estafa, pero también existe lo que se llama administración desleal y apropiación indebida, para eso están las diligencias previas. No hay que olvidar que PMMT carece de fondos propios, y está participada al cincuenta por ciento por Saturno S.A. (empresa pública) y Cabo Verde S.A. PMMT era un instrumento que utilizaba el Gobierno para actuar en este asunto, por lo que el control de toda esta actuación es claro.

- Qué implica la decisión del Ejecutivo de no recurrir? - El Gobierno se lo ha pensado porque miembros anteriores pueden verse salpicados.

- ¿Qué miembros del Gobierno deberían estar nerviosos?

- Allá cada uno, pero creo que quienes debieran ser oídos en declaración son los que participaron en el Consejo de Gobierno de 8 de octubre de 1998.

- ¿Qué cree que pasará con las demandas civiles?

- No lo sé, pero son insuficientes en este caso.