Dos hechos han venido a agravar en los últimos tiempos la situación descrita en la primera parte de este artículo: la incesante arribada de inmigrantes irregulares, que el propio Diputado del Común (Defensor del Pueblo en la Comunidad) ha calificado de "invasión"; acontecimiento que se produce con estupor de la población y con absoluto descontrol, dada la irresolución política y escasez de medios en el control de fronteras, evidenciando además la incapacidad política para manejar el fenómeno. Y la concesión a la empresa Repsol-IPF de la autorización para prospecciones petrolíferas a unos 35-40 kilómetros de las costas Lanzarote, lo que ha sembrado la alarma por su posible repercusión negativa en los intereses turísticos.

Sobre estas cuestiones no parece existir una política clara de qué hacer con las relaciones marroquíes, respecto del descontrol absoluto de la inmigración irregular procedente de la costa africana cercana, pasividad que no sólo se manifiesta ante la arribada de pateras, sino que se extiende a la que llega vía puertos y aeropuertos. Problema éste que no sólo concierne al movimiento de personas sino que se extiende al movimiento de mercancías. La falta de control en fronteras, en aspectos sanitarios y fitosanitarios, ha supuesto que en los últimos años se hayan introducido en las Islas abundantes plagas que arruinan los cultivos, o la entrada de algunos animales extraños y peligrosos para el hábitat isleño. El control fronterizo, se insiste, es competencia del Estado, se desempeña de manera muy deficiente y, en ocasiones, inexistente, aunque las cifras que encierren problemas se minimizan y se les quita importancia por parte de los voceros del poder.

Lo cierto es que la opinión pública isleña reclama una solución y que sus aguas interiores, al igual que su espacio aéreo y plataforma submarina, su mar territorial, zona contigua y Zona Económica Exclusiva (ZEE) tengan un reconocimiento dentro del Estado español, primero, y en el contexto internacional, después. Es por ello que con este artículo se pretende aportar una visión y una solución a cuestión tan controvertida, sin negar que puede haber otros puntos de vista; mas, no es admisible la pasividad y el miedo constante al futuro y al entorno, mientras se escapa la posibilidad de atajar mayores problemas de futuro. Resulta lógico pensar que el reconocimiento de los derechos de un pueblo ha de ser inicialmente reivindicado por éste. En tal sentido existe en el Senado español una Proposición de Ley -remitida luego al Congreso- presentada por iniciativa de la Comunidad Canaria, para que se produzca esta delimitación y, en su caso, negociación con países vecinos, hasta alcanzar el pleno reconocimiento internacional. Esta iniciativa ha sido congelada, pues prevalecen otros intereses en las relaciones con Marruecos. Como buen ejemplo a seguir tenemos los avanzados movimientos legislativos portugueses, históricos y actuales, por cuanto para prolongar el área de su ZEE (200 millas marinas) entre Madeira y el norte de Canarias ha integrado a los deshabitados peñascos de las Islas Salvajes en el archipiélago madeirense, con la pretensión de establecer su zona económica en 200 millas a partir de las Salvajes, o lo que es lo mismo, prolongar unilateralmente su jurisdicción hasta 360 millas desde Madeira.

Cualquier programa político para Canarias tiene que aspirar a la consecución del principio archipielágico, a la par que la delimitación de la ZEE, para lo cual han de darse los pasos correspondientes y no quedarse parados, presos de las dudas hamletianas del ser o no ser. Es por ello que preconizamos la modificación del artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, enmarcando al Archipiélago y su prolongación, marítima y aérea, considerando su gran raigambre histórica como requisito contemplado en la Convención sobre Derecho del Mar de 1982, cuya existencia es anterior en quinientos años a la de otros estados limítrofes. Es por ello que debe redefinirse al Archipiélago en la legislación española, incluyendo en su ámbito las aguas, plataformas, fondo oceánico y espacio aéreo. A tal finalidad debe elaborarse la cartografía correspondiente, señalando las líneas de bases rectas perimetrales de unión exterior entre las Islas, remitiendo la misma a los organismos internacionales y, en particular, a la Secretaría de la Convención sobre Derecho del Mar y Organización de Naciones Unidas.

Este paso debe darse a partir de la iniciativa legislativa actualmente bloqueada en el Senado por el Gobierno y el Partido Popular, en la seguridad de que cualquier controversia habrá de resolverse, en su caso, mediante el procedimiento arbitral correspondiente o por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar de Hamburgo. La línea de actuación es irreversible por cuanto el pueblo canario, pese a su españolidad, no cejará hasta que le sean reconocidas sus aguas interiores y la zona económica equidistante que corresponde a España, y a Canarias en su seno, respecto de países vecinos, como herramienta para poder organizar la explotación de los recursos cercanos y como medio de protección de los intereses medioambientales y económicos. No se nos esconde que al no ser Canarias un Estado archipielágico, el reconocimiento internacional de las aguas interiores (las que quedan dentro del perímetro exterior del conjunto Islas) será una larga batalla y requerirá de modificaciones en el Convenio de Montego Bay de 1982, que no debe ser inmutable.

Por último, señalar que en el seno del Consejo de la UE celebrado recientemente en Luxemburgo, a efectos de la Política Común de Pesca (de la UE), se ha hablado de un Reglamento Comunitario sobre las "aguas occidentales", pero sólo en el espacio entre las islas británicas y las Azores, sin referencia alguna para el área de Canarias.

(*) Doctor en Derecho

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

Ex Profesor de Derecho Mercantil