En el reciente debate parlamentario sobre el estado de la nacionalidad canaria, el asunto estrella fue sin lugar a dudas la posible creación de una policía propia dentro del marco de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con dicho objetivo se aprecia un amplio consenso entre las principales fuerzas políticas como consecuencia del último proceso electoral del pasado 14-M y especialmente por la toma de conciencia general en torno al problema creado por el terrorismo internacional ahora con visos de mayor enconamiento. Porque aún teniendo en cuenta que el nuevo problema que nos aqueja llamado y definido como inseguridad pública no se resuelve sólo con medidas policiales, a pesar de todo, el déficit de las Fuerzas de Seguridad del Estado en este territorio lejano de la España continental es diferente en las dos provincias canarias, tal vez por razones políticas o electorales.

Ahora mismo, los datos demuestran que el Archipiélago, globalmente, está por encima de la media nacional en dicha falta de efectivos, cuya constancia deficitaria está contrastada con datos, pero que, además, son reconocidos por el propio Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y las instituciones canarias. Prueba de ello es que si no existiera ese déficit, los ministros de turno no se hubieran comprometido a enviar nuevos policías, que por cierto aún no han completado cuadros deficitarios. Pero es más, el déficit aumenta.

Los mismos representantes policiales en estas Islas ya lo denuncian claramente y de aquí obtenemos los principales datos estadísticos que ahora exponemos. Dicen que sí hay insuficiencia de plantillas, pero que el principal problema es el planteamiento que realiza el Ministerio prometiendo envíos de personal para cubrir plazas deficitarias crónicas con alumnos de la academia de Ávila, que en seis meses se marcharán motivados, principalmente, por el excesivo coste de la vida insular.

Otro problema añadido es la desidia en la actuación de los ayuntamientos y de su federación, que no se ha querido mojar en el asunto de la seguridad, tal vez a la espera de una Policía canaria, y no reconocen que tienen déficit en sus plantillas. Recordemos, a modo de ejemplo, que hace veinte años la Policía Local de Santa Cruz, contaba con 307 agentes en la calle y hoy apenas los superan a pesar de declaraciones en otro sentido. Hasta ahora en Las Palmas –ciudad–, con el ex alcalde Soria, se ha incrementado la plantilla y obtenido mejor tratamiento del Estado (por razones políticas y por tanto consideramos más grave aún el problema creado).
También es cierto que desde hace seis años existe disminución de efectivos en la Policía Nacional y en la Guardia Civil que persiste con mayor gravedad en la actualidad puesto que la gran mayoría de agentes que vienen a Canarias al tener origen peninsular, después de algún tiempo, regresan a sus respectivas zonas o destinos de conveniencia y lo que es más grave aún: los mandos, casi todos peninsulares, salvo contadas excepciones, por ascenso, entre otras causas, una vez que la superioridad dispone el traslado dan lugar al mantenimiento de otro grave vacío en esta cadena de irresponsabilidades que constituye la inseguridad pública manifiesta en Canarias.

A ello añadimos que el cumplimiento de los ratios en este complejo Archipiélago es difícil, porque hay que tener en cuenta la dispersión que implica la insularidad, con los que las medidas válidas para territorios continentales no lo son para los insulares e igualmente aseverar que aquí tenemos ocho aeropuertos, siete puertos unidos a un montón de servicios que tienen que cubrir las Fuerzas de Seguridad del Estado, en especial en torno al turismo, y lo que es evidente es que la inseguridad en la calle ha aumentado, aunque se insista en lo contrario. Sólo la inmigración irregular, entendida globalmente, incrementa los hechos delictivos en más del 50% con respecto a finales de la pasada centuria.

Por todo ello no es extraño que los representantes vecinales de diversos barrios de las principales capitales canarias aseguren que existen carencias significativas en los cuerpos policiales y que en las reuniones que la Delegación o Subdelegación del Gobierno mantienen con los vecinos siempre se hable de las unidades que faltan. A modo de ejemplo, citaremos que en La Laguna hay 80 unidades menos del Cuerpo Nacional de Policía que hace ocho años. Teniendo en cuenta el aumento de la delincuencia y de los servicios a prestar, es muy significativo el descenso. Además de poner el acento en el aumento de las unidades hay que prestar atención también a que sean canarios y tengan conocimiento del medio en el que trabajan.

Es de hacer constar que en la época de la pasada dictadura había mayor número de policías y mucho más eficaces debido a la mayor disciplina a que se les sometía, al tiempo que carecían de cualquier representación legal o sindical. En consecuencia les hacían doblar servicios en cualquier momento. Esto lo sabe cualquier profesional de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Sin embargo, para mayor gravedad, no está plenamente asumida por las instituciones la problemática existente en torno a los siguientes aspectos:

En el desarrollo ilícito del tráfico de drogas, Canarias es la cuarta comunidad autónoma en número de personas detenidas, cantidades decomisadas y procesos judiciales celebrados por este motivo.

Estas Islas ostentan el índice de diligencias previas más alto del Estado. En Canarias se producen más casos de malos tratos a mujeres que en ningún otro lugar de España. Los enclaves turísticos de Playa de las Américas en Tenerife, Maspalomas en Las Palmas de Gran Canaria y en algunos otros lugares en Lanzarote, encabezan la lista de zonas turísticas donde se cometen más infracciones penales de carácter criminal por cada mil habitantes. Mientras que en Andalucía, Ceuta o Melilla el número de inmigrantes irregulares de origen africano detenidos se ha reducido a menos de la mitad; en esta Comunidad, estas detenciones se han aumentado en un doscientos por cien. A pesar de lo expuesto, el número de efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil se estanca como ya hemos dicho.

Todo lo dicho queda reflejado en el informe elaborado por el propio Gobierno canario, conocido en los medios periodísticos, en el que se revela que la tasa de criminalidad en las Islas es de las más elevadas de España, duplicando la media nacional. El contenido de dicho informe, con carácter confidencial y de una difusión absolutamente restringida, ha sido utilizado por la propia presidencia autonómica en las reuniones celebradas con altos cargos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de justificar la implantación de la tan aparentemente solicitada Policía Canaria, al tiempo que exigir la dotación de mayores recursos humanos o materiales que refuercen la insuficiente infraestructura ya existente. Precisamente, la falta de efectivos policiales es uno de los indicadores apuntados en el citado documento oficial que ahora retoma necesaria actualización.

Las conclusiones obtenidas del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, entre otros aspectos, no hacen albergar esperanzas sobre la viabilidad de la creación de esta nueva institución en breve plazo que sin lugar a dudas beneficiará a todos los canarios y residentes al tiempo que dará mayor cobertura y seguridad a nuestra principal industria: el turismo.